El Congreso se pronuncia sobre la "grave crisis interna" de RTVE

El comité de expertos del ente público presidido por Rosa María Mateo pidió amparo a las instituciones para que acabe de manera urgente el proceso de concurso público.
Rosa María Mateo, administradora de RTVE.
Rosa María Mateo, administradora de RTVE.

Hace tan solo cinco días el comité de expertos que cribó las candidaturas a formar parte del consejo de administración de RTVE alertaba de una “grave crisis interna” dentro del ente público.

A través de un documento firmado por 13 de los 17 miembros del comité, en el que se dirigían a las presidencias del Congreso y el Senado, transmitían que “por primera vez en su historia democrática (la corporación) carece incluso de marco legal estable y de todo organismo de control interno” y que “parece aquejada por una grave crisis interna y una caída acusada de las audiencias que amenazan su peso social y hasta su propia supervivencia”. Así es como pedían amparo para que acabar de manera urgente el proceso de concurso público por el que Rosa María Mateo ostenta el cargo de la dirección de manera provisional ya durante dos años.

Este lunes, la Directiva de la Asociación Profesional de Letrados de las Cortes Generales ha dado respuesta a la petición del comité de expertos de RTVE a través de un comunicado:

“Los Letrados que asesoran a la citada Comisión Mixta elaboraron una nota para resumir la parte ya transcurrida del procedimiento de renovación de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE y facilitar su continuación. Dicha nota se elaboró con arreglo a criterios estrictamente jurídicos, con pleno respeto a los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios aplicables, una vez analizado todo el expediente relativo al concurso público para dicha renovación, y en coordinación con los Letrados que actuaron previamente”, comienza la nota.

Respecto a las críticas recogidas en el escrito del comité, las Cortes no tienen “nada que objetar”: “Como Letrados de las Cortes conocemos sobradamente que nuestra actuación, opinión e informes están sometidos a la crítica y el escrutinio públicos, y lo aceptamos como parte de la función pública que ejercemos”.

Sin embargo, respecto a la afirmación que indicaba que “llama la atención la coincidencia esencial entre este dictamen jurídico, aparentemente técnico, con las posiciones de lobbies e intereses conocidos que intentan poner siempre palos en las ruedas de la reforma democrática de RTVE” sí que han querido ser tajantes:

“Lo que de ninguna manera resulta aceptable es que al hilo de esas críticas se viertan comentarios insidiosos sobre un inexistente carácter anónimo del informe, o sobre la supuesta ‘coincidencia con las posiciones de lobbies e intereses conocidos que intentan siempre poner palos en la ruedas de la reforma democrática de RTVE’. El informe es de la Secretaría General del Senado y no tiene el carácter anónimo que se afirma. Se ha realizado motivadamente y con rigor, y pretende ajustarse a lo que dispone el ordenamiento jurídico. Puede legítimamente discreparse de su contenido pero en una sociedad abierta y democrática resulta insostenible que la falta de argumentos de fondo pretenda salvarse con veladas acusaciones a maniobras y connivencias frontalmente opuestas a la imparcialidad, neutralidad política y profesionalidad, que nos son exigibles y que respetamos siempre en el ejercicio de nuestra función”.

Por todo ello, quieren manifestar públicamente su “rechazo y más firme protesta por estas acusaciones que exceden de la crítica legítima y se adentran en un campo que debe quedar proscrito en una sociedad democrática”.

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