El consejero delegado de Repsol tilda de "demagógico" el impuesto a las energéticas

Josu Jon Imaz, quien fuera presidente del PNV y consejero de Industria del Gobierno vasco, actualmente consejero delegado de Repsol; ha cargado duramente contra el Gobierno en una tribuna publicada este domingo en El País.

Lo hace a raíz del impuesto que el Gobierno quiere aplicar a los beneficios extraordinarios de las energéticas, que verán gravado un 1,2% del importe neto de su cifra de negocios.

En su artículo, Imaz se pregunta “qué es un beneficio extraordinario” y se responde asegurando que en el mercado libre en el que compiten empresas como la suya, “cuando hay más demanda que producción, los precios suben y las empresas tratan de invertir en nueva producción” y que “cuando en el mundo hay más producción que demanda de producto, los precios caen y las empresas pierden dinero”. “A ningún gobierno se le ocurre clamar contra las pérdidas extraordinarias y dar subvenciones a esas empresas, evidentemente”, concluye.

Imaz asegura que su empresa, Repsol, “perdió 7.105 millones en 2019 y 2020, principalmente a consecuencia de la pandemia” y que “los acumulados desde entonces, incluidos los supuestos beneficios extraordinarios de 2022, no han compensado aquella pérdida brutal”.

Por eso critica que el Gobierno pretenda “abordar con una legalidad cuestionable” ese “mal llamado beneficio extraordinario”.

También asegura que el Ejecutivo ha evitado tramitarlo en el Congreso como proyecto de ley procedente del Consejo de Ministros al ser registrado conjuntamente por los partidos de la coalición: PSOE y Unidas Podemos.

Según Imaz, “cuando un gobierno tiene que presentar un proyecto de ley, debe pedir opiniones e informes a órganos que aportan una visión complementaria, entre ellos, al Consejo de Estado” y de esta manera “se saltan los informes y los contrastes”.

El consejero delegado de Repsol cree que “ese pretendido impuesto sería probablemente ilegal en nuestro sistema fiscal” y que por eso el Gobierno opta por una figura llamada prestación patrimonial, sin que haya prestación alguna por parte del Estado que soporte esa figura”. “Es simplemente un impuesto encubierto que grava a las empresas por partida doble”, asevera.

Imaz afirma que su empresa ha invertido desde 2008 “14.000 millones de euros en España para tener el sistema de refino más competitivo de Europa” y que “la rentabilidad media” de la inversión en sus refinerías en los últimos cinco años “ha sido del 6,6%”, explicando que el Estado “garantiza, sin riesgos, la retribución de la generación regulada en el sector eléctrico por encima de un 7%”. ”¿Alguien puede defender que eso es un beneficio extraordinario?”, se pregunta.

El responsable de Repsol quiere saber “por qué no se incluyen otros sectores que han subido fuertemente los beneficios este año”. ”¿Por qué se dejan fuera a competidores de menor tamaño que también venden carburantes y compiten con una empresa como Repsol? ¿O estamos quizá hablando de un impuesto que va contra el que tiene refinerías e invierte en la industria española? ¿Nos sorprende después que los precios del petróleo y del gas suban si, por motivos ideológicos, dificultamos que se invierta en esta industria en nuestro país y se genere empleo?”, añade.

Tras afirmar que cree en los impuestos, Imaz dice que “este impuesto camuflado no es para los ricos, no es para los que ganan mucho”. “Si ese es su discurso, les pido a los gobernantes que sean valientes, que suban el IRPF y las rentas de capital y graven al que tiene dinero”, indica.

“No es así. Su demagogia esconde una mentira: es un impuesto disfrazado que no va contra los ricos, va contra la actividad empresarial”, se queja el dirigente de Repsol, que cree que este impuesto “va a dañar la capacidad de inversión de las empresas para transformarse” y “el empleo industrial”. “Y lo pagarán la competitividad del país y su modernización”, afirma.

Al final del artículo, Imaz deja entrever que Repsol tomará medidas legales: “Creo en las garantías constitucionales y en las legales, tanto las españolas como las europeas. Por eso estoy convencido de que el camino planteado no tiene recorrido. Alguna institución determinará el carácter discriminatorio de la iniciativa. Todo lo recaudado será devuelto a las empresas que fueron injustamente gravadas en mitad de la furia de un discurso demagógico y la seguridad jurídica quedará sin duda restaurada”.