INTERNACIONAL
04/11/2020 12:45 CET | Actualizado 04/11/2020 13:07 CET

El escenario de pesadilla que mantiene en vela a los abogados electorales y que podría darle a Trump un segundo mandato

Un "espejismo rojo" en la noche de las elecciones y un "cambio azul" postelectoral podrían conducir a una crisis constitucional sin precedentes.

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El 'team' republicano sobre el Capitolio.

Era probable y ahora es un hecho: los estadounidenses se han ido a la cama este 3 de noviembre sin saber quién ha ganado las elecciones presidenciales. Dado que millones de personas han votado por correo, las limitaciones de tiempo y recursos retrasarán el recuento de las papeletas, lo que podría alargar el proceso durante semanas. Los patrones de votación sugieren que es probable que el presidente Donald Trump termine el día a la cabeza en ciertos estados clave, y que sólo sea superado por su oponente demócrata, Joe Biden, una vez se recuenten todos los votos.

Esto podría crear un escenario de verdadera pesadilla durante los tres meses que trascurren desde el día de las elecciones hasta el próximo 20 de enero, fecha de la investidura: una batalla a nivel estatal y en el Congreso para decidir quién es el ganador legítimo. Además, a esto podría sumarse que el Congreso, presidido por el vicepresidente Mike Pence, vuelva a reunirse el 6 de enero sin consenso sobre su potencial papel a la hora de elegir al próximo presidente.

Podría decirse que esta es una de las narrativas más probables sobre elecciones impugnadas, y ahora la Corte Suprema - que tendría probablemente que fallar en esta batalla épica- se ha visto abocada a su propio escenario de pesadilla con la muerte de la juez Ruth Bader Ginsburg.

Trump ya ha preparado el escenario para declarar que cualquier cosa que no sea una victoria para sí mismo significa que la elección ha estado amañada. Su inclinación por lo conspiranoico y su proclamado desprecio por la democracia estadounidense, combinados con esta confusión procesal, podrían conducir a una auténtica crisis democrática. Es posible que eso no conduzca al tipo de toma de posesión autoritaria con la que algunos, como el ex asesor político principal de Trump, Roger Stone, habían soñado, pero Trump podría usar los tribunales, junto con sus aliados republicanos a nivel estatal y en el Congreso, para aferrarse al poder.

“Trump rompe las normas”, apunta Rick Hasen, experto en derecho electoral de la Universidad de California-Irvine y autor de Election Meltdown. “Ha mentido repetidamente sobre la seguridad del voto por correo. Ha hecho numerosas afirmaciones sin fundamento sobre cómo la única forma en la que podría perder era si las elecciones estaban amañadas en su contra. Y así, ha estado poniendo en duda activamente el proceso electoral y creando las condiciones en las que ambas partes creen que la otra está preparada para “robar” las elecciones”.

Así es como podría funcionar:

La pesadilla

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Votantes llenan sus papeletas durante el día de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, en Los Ángeles, el martes 3 de noviembre de 2020. (AP Foto/Damian Dovarganes)

A última hora de este 3 de noviembre todavía es probable que queden cientos de miles de papeletas que contar en estados clave como Michigan, Pensilvania y Wisconsin.

Será casi imposible que los secretarios electorales el mismo día de las elecciones recuenten un número récord de votos por correo, que es el que se prevé emitir en esos tres estados, así como en otros campos de batalla cruciales. Los funcionarios electorales en muchos estados carecen de fondos y recursos suficientes, y en algunos, por ley, no se les permite comenzar a contar las papeletas hasta el día electoral.

Los datos de encuestas y las solicitudes de voto no presencial de algunos estados muestran que es mucho más probable que los votos por correo procedan de partidarios demócratas, durante la pandemia de coronavirus, que de los republicanos, que se inclinan más por votar en persona. En Pensilvania, por ejemplo, el 70% de todas las solicitudes de voto ausente fue realizado por demócratas, según los últimos registros con fecha 14 de septiembre.

Una dinámica conocida como “Blue Shift”- giro azul- ya ha demostrado que los votos contados los días posteriores a las elecciones tienden a favorecer a los candidatos demócratas, ya que estos suelen emitir sus votos en los días más próximos a la fecha límite.

Si se combina el “giro azul” con el voto por correo, podría surgir una gran divergencia entre los resultados del 3 de noviembre y el recuento final real. Trump podría fácilmente irse a la cama con una ventaja en estados clave basada en un recuento incompleto, y despertarse con la noticia de que esa ventaja se erosiona en base al recuento -totalmente normal- de papeletas válidas: un “espejismo rojo”, como lo llamó un consultor político en una entrevista con Axios.

“Es fácil ver que esas correcciones y calibraciones normales que ocurren después del día de las elecciones son forraje para los teóricos de la conspiración como Trump”, señala Hasen.

Este escenario de pesadilla continúa a medida que ambas partes entablan demandas sobre los votos que deben contabilizarse o no. Pero a medida que las papeletas tardías comiencen a convertir a los tres estados clave de Michigan, Pensilvania y Wisconsin en Rust Belt a favor de Biden, se puede esperar que Trump declare ilegítimo todo el proceso de recuento.

Quizás ocurran algunas irregularidades: una gran cantidad de papeletas rechazadas debido a errores normales de los votantes, o tal vez demasiados votantes de Trump intentando votar dos veces, como él mismo había alentado, algo que se podría señalar como fraude electoral. Pero Trump también podría calificar la elección como contaminada incluso si no hay razón para hacerlo. Inquietante.

“Existe el riesgo de que los partidos comiencen a pelearse por el recuento de votos incluso cuando no hay ningún problema con el recuento de votos”, apunta Ned Foley, experto en derecho electoral de la Facultad de Derecho Moritz de la Universidad Estatal de Ohio, que escribió un artículo en 2019 sobre este tema. “Podríamos ver una situación en la que se pelean incluso cuando el sistema funciona correctamente”.

Trump ya se ha preparado para esta posible situación. Dice que enviar las papeletas de voto a los votantes es “injusto”. Se jacta, sin pruebas, de que las elecciones de 2020 serán “INEXACTAS Y FRAUDULENTAS” y “las elecciones más manipuladas de la historia”. Los gobiernos extranjeros “falsificarán” los votos enviados por correo, afirma nuevamente sin fundamento. “Las personas que no son ciudadanos -inmigrantes ilegales-, es decir cualquiera que camine en California obtendrá una papeleta”, tuiteaba incorrectamente.

Incluso ha puesto un tope para cuando se declare el resultado. ”¡Deben conocerse los resultados de las elecciones la noche de las elecciones, no días, meses o incluso años después!”, añadió en otro tuit en julio.

Esto es solo una actualización de lo que Trump dijo en 2018 después de que la carrera por el Senado de Florida se redujera a las papeletas contadas después del día de las elecciones. “Ya no es posible un recuento de votos honesto, las papeletas están masivamente infectadas. ¡Debe hacerse la noche de elecciones! ”, añadió. (El republicano Rick Scott prevaleció sobre el demócrata Bill Nelson en esa carrera).

Dado que Michigan, Pensilvania y Wisconsin, así como Carolina del Norte, han dividido el gobierno con gobernadores demócratas y legislaturas controladas por el Partido Republicano, Trump puede pedir a los republicanos en esas legislaturas que dejen de contar los votos y lo certifiquen como ganador antes de la votación programada en el Colegio Electoral el 14 de diciembre. Ellos ceden a su solicitud, citando el Artículo II de la Constitución y los primeros ejemplos en la historia de los Estados Unidos de legislaturas estatales que certifican a los electores para justificar su acción, y anuncian que ven el “cambio azul” como evidencia de fraude, incluso si no ha habido nada fraudulento al respecto.

Mientras tanto, los tribunales estatales y los gobernadores demócratas de estos estados certifican el total de votos final para Biden y sus electores, declarando que la aprobación de los electores de Trump por las legislaturas controladas por el Partido Republicano es inconstitucional, y se envían al Congreso dos grupos de electores, uno para Trump y otro para Biden.

El precedente

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Curiosamente, las elecciones presidenciales estadounidenses no se deciden por qué candidato recibe más votos. En su lugar, a cada estado se le asigna un número de votos electorales en función de su número de senadores y congresistas; el número más bajo es tres y el más alto es California, con 55. Cuando un candidato gana un estado determinado, es una lista de electores la que está siendo aprobada por el voto popular.

Las elecciones rara vez terminan con el ganador del voto popular general y el voto electoral divergentes. Ocurrió tres veces en el siglo XIX y dos veces en el XXI. Pero ha pasado más de un siglo desde que una elección terminó con una disputa en el Congreso.

En 2000, la reñida elección del republicano George W. Bush y el demócrata Al Gore, que dio la victoria al primero con un margen de 537 votos en Florida, no fue más allá de una pelea estatal porque la Corte Suprema detuvo el recuento.

“Si pensabas que lo de Bush contra Gore fue una disputa que provocaba ansiedad, la que salta las fronteras estatales y llega al Congreso es un asunto mucho más importante”, señala Foley.

La última vez que se enviaron varias listas de electores al Congreso no proporciona mucha ayuda sobre cómo podría resolverse la situación en 2020.

La disputada elección de 1876 entre el republicano Rutherford Hayes y el demócrata Samuel Tilden se redujo a quién ganó Florida, Luisiana, Oregon y  Carolina del Sur. Para complicar las cosas, los tres ex estados confederados - Florida, Luisiana y Carolina del Sur- enviaron dos listas separadas de electores al Congreso. En ese momento, el Congreso estaba dividido entre demócratas, que controlaban la Cámara de Representantes, y republicanos, que controlaban el Senado.

Como uno esperaría que sucediera en el ambiente hiperpartidista posterior a la Guerra Civil, los demócratas en la Cámara aprobaron los electores de Tilden y los republicanos aceptaron a los electores de Hayes. Siguió una discusión sobre qué organismo elegir, en base a la interpretación preferida de cada cámara de la 12ª Enmienda de la Constitución (que se promulgó después de la elección de 1800 para aclarar el proceso de elección del presidente y vicepresidente).

La 12ª Enmienda, desafortunadamente, no tenía nada que decir sobre el estancamiento de 1876. Las dos cámaras finalmente decidieron nombrar una comisión compuesta por 15 miembros, cinco de la Cámara, del Senado y de la Corte Suprema. El resultado final fue el Compromiso de 1877, que entregó a Hayes la presidencia a cambio de que retirara a las tropas federales de la antigua Confederación, dejando a los negros esclavizados para que se defendieran por sí solos del terrorismo blanco y creando un nuevo sistema de apartheid racial. La resolución no se produjo hasta dos días antes del día de la Investidura (que fue a principios de marzo).

En respuesta a esta crisis constitucional, el Congreso promulgó la Ley de Conteo Electoral de 1887 en un intento de formalizar los procedimientos sobre cómo el Congreso debe manejar las futuras disputas del Colegio Electoral. Pero la ley, como tantas otras leyes de fines del siglo XIX, estaba mal escrita, era críptica en su significado y estaba plagada de ambigüedades e inconsistencias. Incluso hoy, los académicos no pueden ponerse de acuerdo sobre qué lectura hacer de la misma. Y esa ley nebulosa respaldará todo el proceso por el cual Biden o Trump finalmente se saldarían con la victoria en el escenario de pesadilla.

El proceso

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La presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi habla con reporteros en el Capitolio, el jueves 8 de octubre de 2020, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

El Congreso tiene un papel claramente definido para aceptar los resultados de una elección presidencial. Ambas cámaras del Congreso se reunirán el 6 de enero en una sesión presidida por el presidente del Senado, quien en ese momento seguirá siendo el vicepresidente Mike Pence. Su trabajo consiste en abrir las certificaciones de cada estado por orden alfabético, y que posteriormente son leídas en voz alta por los “cajeros”. Después, se preguntará si los miembros del Congreso tienen alguna objeción a la lista de electores presentada, objeciones que deben ser hechas por al menos un miembro de la Cámara y un miembro del Senado.

En general, no se hacen objeciones: se supone que los legisladores solo deben hacerlo si creen que la presentación de los electores por parte de un estado fue corrupta de alguna manera. Sin embargo, no hay precedentes: en 2005, el entonces Rep. Stephanie Tubbs Jones (D-Ohio) y la entonces Senadora. Barbara Boxer (D-Calif.) se opusieron a la certificación de electores de Ohio para la reelección de Bush sobre el demócrata John Kerry. La Cámara de los Representantes y el Senado se separaron para debatir durante dos horas y posteriormente rechazaron la objeción. Tanto en 2001 como en 2017, los demócratas en la Cámara intentaron oponerse a la presentación de ciertos electores estatales, pero no se les unió ningún senador.

Si el Congreso se enfrenta a múltiples listas de electores enfrentados, como un grupo certificado por un gobernador demócrata basado en un voto popular para Biden y uno certificado por los legisladores estatales republicanos para Trump, las cosas se vuelven más complicadas. Existe un acuerdo casi total de que si ambas cámaras del Congreso votan a favor de una de las dos listas enfrentadas, esa será la lista aceptada. El problema surge si la Cámara y el Senado se dividen sobre qué lista aceptar.

La opinión predominante entre los expertos legales es que la ley requiere que el Congreso acepte a los electores certificados por el gobernador. Ésta es la interpretación que se saca de un informe del Grupo de Trabajo Nacional sobre Crisis Electorales, un grupo ad hoc de expertos de varios partidos en una variedad de disciplinas relacionadas con las elecciones.

Pero hay opiniones discrepantes. Un sector de los académicos, incluido un grupo que escribe para el Servicio de Investigación del Congreso, interpretan que la ley anula a los electores de un estado que presenta listas enfrentadas si el Congreso no puede aceptar una de ellas. Incluso si es legalmente dudoso, eso podría ser suficiente para anular a los electores de un estado si un Senado controlado por los republicanos adopta esta interpretación.

Si un Congreso dividido tomara este camino, podría dar lugar a dos escenarios posibles, cada uno de ellos potencialmente caótico.

En el caso de que el Congreso anule a los electores de un estado determinado o de varios estados, ni Trump ni Biden podrán alcanzar el umbral necesario de 270 votos electorales para ganar la presidencia. Esto arrojaría la elección a la Cámara de Representantes, donde cada delegación estatal votaría por el presidente.

El candidato que obtenga la mayor cantidad de votos en las delegaciones estatales se convertiría en presidente. A partir de aquí, los republicanos tienen una mayoría en 26 delegaciones estatales, los demócratas controlan 22 y dos, Michigan y Pensilvania, están divididas a partes iguales. Lo más probable es que eso le dé la elección a Trump, aunque el resultado de las elecciones a la Cámara de este año podría cambiar las cuentas.

Alternativamente, una Cámara controlada por los demócratas podría retirarse del recuento de votos electorales rechazando cualquier esfuerzo ante un Senado controlado por los republicanos que busque anular a los electores de un estado o nombrar electores para Trump. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (D-Calif.), podría declarar que la cámara solo aceptará a los electores certificados por los gobernadores, sobre la base de una votación completa que incluya todas las papeletas ausentes que lleguen tarde.

Si el Senado se niega a estar de acuerdo, Pelosi podría decir que, dado que el Congreso no ha aprobado a un ganador para la Casa Blanca, eso pondría en marcha la 20ª Enmienda que detalla lo que sucede cuando no hay un presidente electo. Pelosi es la siguiente en la fila después de Trump y Pence, y podría decir que cumplirá como presidenta interina a partir del 20 de enero, cuando expire el primer mandato del dúo republicano.

Todo esto podría ser adjudicado por la Corte Suprema, que ya goza de mayoría conservadora con la confirmación de la nueva jueza Amy Conney Barret.

“Esa es una verdadera crisis constitucional”, comenta Foley. “Porque si eso se prolonga hasta el mediodía del 20 de enero, sabemos que el primer mandato del presidente Trump termina el 20 de enero, y luego el ejército necesita saber quién recibe los códigos nucleares, comenzando al mediodía, ¿quién es el nuevo comandante jefe?”

Si las partes terminan ante tal situación, estará fuertemente influenciado por las acciones de Trump, así como por las demandas de los manifestantes en la calle.

Durante el recuento del año 2000 en Florida, los operativos republicanos idearon protestas, incluida la infame Brooks Brothers Riot, para presionar a los funcionarios electorales estatales con el objetivo de que dejaran de contar las papeletas. Los demócratas ya han dicho que no cederán la actividad de protesta al Partido Republicano, como hicieron entonces.

Pero las protestas de derecha que han surgido en apoyo de Trump durante su mandato en el cargo no se parecen al trabajo de personal de ‘astroturfing’, vestidos con el atuendo de la élite protestante anglosajona blanca. Tiene el respaldo de una amplia red de milicias fuertemente armadas, bandas de extrema derecha que luchan en las calles, supremacistas blancos y un culto pseudo-religioso que cree que Trump es un semidiós que opera en secreto para prevenir el apocalipsis.

Trump ha preparado a estos partidarios para rechazar potencialmente los resultados de las elecciones con sus declaraciones falsas sobre el fraude electoral y el voto por correo. También celebra habitualmente la violencia contra sus oponentes, calificándolos de amenazas subversivas y extraterrestres al estilo de vida estadounidense. La Convención Nacional Republicana incluyó a una pareja casada como ponentes únicamente porque se plantaron con armas en una protesta pacífica que creían que podía amenazar a su propiedad. Las llamadas a la violencia por parte de algunos partidarios de Trump, como Stone y el funcionario de Salud y Servicios Humanos Michael Caputo, probablemente solo aumentarán a medida que se acerquen las elecciones.

La presión pública, incluida la violencia en las calles, podría empujar a los republicanos reacios en el poder a ceder a las demandas más salvajes de Trump, incluso si no hay una causa legítima para cuestionar la elección.

Todo ha sido un sueño

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El candidato demócrata a la presidencia Joe Biden y la entonces precandidata, la senadora Kamala Harris, se estrechan la mano después de un debate en Houston. El martes 11 de agosto de 2020, Biden seleccionó a Harris como compañera de fórmula. (AP Foto/David J. Phillip, Archivo)

Tal pesadilla de colapso electoral que podría paralizar a la nación sigue siendo el peor de los escenarios.

Requiere una confluencia masiva de factores en el que muchos actores diferentes, con diferentes deseos políticos y personales, decidan continuar el caótico liderazgo de Trump. Las legislaturas estatales republicanas pueden optar por no cumplir con una solicitud de Trump para certificar electores. Los republicanos del Senado pueden optar por no aceptar a esos electores.

Una versión a nivel estatal de este escenario ocurrió en Kentucky en 2019 cuando el entonces gobernador Matt Bevin, un republicano respaldado por Trump, declaró que solo perdió ante el demócrata Andy Beshear debido a un fraude electoral en ”áreas urbanas”, una acusación que se sacó de la manga.

Bevin pidió a la Legislatura controlada por los republicanos que anulara las elecciones y lo pusiera en el poder, algo que los líderes republicanos consideraron. Pero después de que Bevin no pudiera demostrar ninguna evidencia de fraude electoral, estos republicanos, junto con el líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell (R-Ky.), se negaron a aceptar la oferta.

Los demócratas podrían simplemente ganar el control del Senado en la votación de noviembre, conteniendo todo este escenario desde el principio. La Corte Suprema podría resolver cantidad de cuestiones, desde recuentos de votos disputados hasta la interpretación adecuada de la Ley de recuento electoral, aunque cualquier hipotético fallo judicial sobre estos temas ahora se inclina más a favor de Trump después de la muerte de Ginsburg. O la elección podría mantenerse al margen de las trampas.

“El escenario más probable sigue siendo este: la elección se lleva a cabo y tenemos un claro ganador y eso es todo”, dijo Hasen. “Pero, ya sabes, existe una posibilidad que no hay que despreciar sobre un posible colapso como este”.

Al final, puede depender de si un poder superior responde a las plegarias del administrador electoral, un dicho conciso transmitido de elección en elección por las personas que las dirigen. En noviembre de 2000, el director de la Asociación Nacional de Funcionarios Electorales dio su versión de la petición en un informe de USA Today que explicaba cómo las máquinas ayudan a tabular y contar los votos: “Dios, por favor, deja que el ganador gane de forma arrolladora”.

Pero Dios no respondió a las plegarias aquella vez.

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