El fiscal notificó al emérito que le estaba investigando antes de presentar su regularización
El Código Penal solo exonera del delito fiscal a quien salde sus deudas con Hacienda con anterioridad a tener “conocimiento formal del inicio de diligencias”, informa 'El País'.
El fiscal notificó al rey emérito que le estaba investigando antes de presentar su regularización, cuando el Código Penal sólo exonera del delito fiscal a quien salde sus deudas con Hacienda con anterioridad a tener “conocimiento formal del inicio de diligencias”, informa este lunes El País.
El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, que investiga la fortuna del exjefe de Estado en el extranjero, informó a Juan Carlos I de la apertura de las tres investigaciones que ha emprendido la Fiscalía sobre su patrimonio, una tras otra. Las notificaciones se produjeron en junio, noviembre y diciembre de 2020, respectivamente, y se hicieron a través del abogado del rey, Javier Sánchez-Junco. En cada escrito, de los que consta acuse de recibo, se le invitó a personarse en las diligencias, pero el rey emérito no lo hizo en ninguno de los tres casos, según fuentes conocedoras de la investigación citadas por el diario.
Las dos primeras notificaciones se produjeron antes de que, el pasado 9 de diciembre, el letrado de Juan Carlos I hiciera público que este había presentado “sin requerimiento previo”, una regularización fiscal “por importe de 678.393,72 euros, incluyendo intereses y recargos”; en orden, por ese flanco. Sin embargo, la tercera de ellas “se realizó con carácter previo a la segunda regularización que, por valor de casi 4,4 millones, tuvo lugar en febrero de este año”.
Un hecho “muy relevante”, indica El País, “pues podría invalidar el efecto que se buscaba con ella: la exoneración de un posible delito fiscal”. Y es que el artículo 305.4 del Código Penal señala que la regularización neutraliza la acción penal siempre pero con condiciones, siempre “se haya procedido al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación”; o bien antes de que el Ministerio Fiscal “interponga querella o denuncia” o “realice actuaciones que le permitan tener [al presunto defraudador] conocimiento formal de la iniciación de diligencias”.
Las fuentes citadas en la información sostienen que que se trató de notificaciones “muy genéricas”. En los escritos remitidos por el fiscal Campos al abogado de Juan Carlos I se le informaba del inicio de las diligencias, e incluso se le facilitaba su número, pero solo se decía que trataban sobre hechos que podían tener “implicaciones penales” para el rey emérito, “sin detallar si se trataba de un presunto delito fiscal y, en tal caso, qué impuesto sería el supuestamente defraudado, por qué importe o de qué periodo impositivo se investigaba”.
En las notificaciones, se invitaba al letrado a personarse en las diligencias para defender los derechos de su cliente, pero el letrado, “buen conocedor del Ministerio Público (fue subordinado del propio Campos como fiscal anticorrupción antes de ejercer la abogacía)”, evitó hacerlo. De haberse personado, ahonda la noticia, “habría accedido al contenido de la investigación y no habría podido alegar desconocimiento”. A través de la prensa sí que se conocía cuál era el objeto de las diligencias abiertas por la Fiscalía.
En concreto, la notificación polémica se refiere a la investigación sobre el uso de tarjetas opacas con fondos del magnate mexicano y amigo del rey emérito Allen Sanginés-Krause. Los 678.392,72 euros que abonó el rey emérito en su declaración paralela superaban, aunque referidos a varios ejercicios, el umbral del delito fiscal (120.000 euros) y abarcaban un periodo, 2016-18, que no estaba prescrito y en el que el anterior jefe del Estado ya no gozaba de inviolabilidad.
La investigación abierta sobre el uso de las tarjetas opacas con las que Juan Carlos I pagó restaurantes, hoteles y regalos a miembros de su familia era de dominio público, “pues la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, informó el 3 de noviembre del traslado al Supremo de las diligencias que estaba realizando la Fiscalía Anticorrupción, después de que se informara de su existencia elDiario.es”. Además, ya habían sido llamados a declarar el coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga, ex ayudante del rey emérito y su presunto testaferro, y el propio Sanginés-Krause, concluye la noticia.
