El Gobierno aprueba una paquete de medidas urgentes para el campo: "Sus reivindicaciones tienen razón de ser"

“El mundo rural y ganadero se moviliza en pro de unas legítimas reivindicaciones de unos precios justos”. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha anunciado este martes el paquete de medidas urgentes incluidas en el borrador del real decreto-ley que el Consejo de Ministros ha aprobado para aliviar la crisis del campo, cuyos trabajadores han vuelto a manifestarse en Sevilla, Jaén y Alicante.

Planas, quien ha reconocido que “gran parte de las reivindicaciones del campo español tienen razón de ser y deben ser atendidas”, ha explicado que esas medidas suponen el refuerzo de los mecanismos de control sobre los costes asociados a la producción y venta de alimentos e introducen nuevas exigencias a las promociones en los supermercados.

Así, el ministro ha resaltado que una de las principales peticiones del campo es la de obtener precios justos en origen de sus productos, algo en lo que influyen factores como la volatilidad de los precios por la oferta y la demanda y por las crisis internacionales, los factores climáticos extremos cada vez más habituales o los desequilibrios en la cadena alimentaria, con especial perjuicio para el primer eslabón.

“El Gobierno ha actuado en un tiempo récord de tres semanas”, ha resaltado Planas, quien ha matizado que “este decreto ley es una respuesta a las peticiones de agricultores y ganaderos tras el diálogo que hemos mantenido con ellos durante 18 reuniones, y esta tarde he convocado de nuevo la mesa de diálogo para presentarles estas importantes medidas”.

“Precio igual o superior” al anterior eslabón

“Incluimos los costes de producción en los contratos escritos de los agricultores y ganaderos con los que venden sus productos”. El ministro ha explicado que el precio de venta de los productos agrícolas y ganaderos “no puede ser nunca inferior a los costes de producción”, lo que “refuerza la posición negociadora de los trabajadores del campo”.  

La nueva normativa obligará a los operadores de la cadena agroalimentaria a abonar “un precio igual o superior al coste de producción” del anterior eslabón, de forma que no se pueda comercializar a un precio inferior.

No obstante, el documento precisa que se prohíbe al eslabón que realice la venta final del producto “repercutir a ninguno de los operadores anteriores” costes derivados de su política comercial en materia de precios.

Para calcular ese coste de producción se tendrá en cuenta una serie de “factores objetivos” que, en el caso de las explotaciones agrarias, abarca el gasto en semillas, fertilizantes, combustibles, energía, maquinaria, alimentación animal o la mano de obra, entre otros.

Restricción de las actividades promocionales

“Desaparece la venta a pérdidas. Nunca un bien se podrá vender por debajo de lo que ha costado producirlo u obtenerlo, con una excepción: los productos perecederos que se podrán poner por debajo para evitar el despilfarro alimentario, algo contenido en los objetivos 2030”.

Otra de las novedades es que se hará pública la identidad de las empresas que cometan infracciones “graves y muy graves” a la Ley de la Cadena Alimentaria con fines “disuasorios pero también punitivos, puesto que el elemento reputacional es esencial en el sector y procede que el público conozca los operadores que han sido objeto de sanción”.

El borrador igualmente restringe las actividades promocionales -habituales entre las cadenas de supermercados-, ya que exige que exista un acuerdo con el productor, que haya un interés mutuo y que no se induzca a error “sobre el precio e imagen de los productos” para no perjudicarlos.

“Se acabaron las promociones engañosas para los clientes, como vender dos cajas de detergente y regalar una botella de aceite de oliva extra”, ha matizado el ministro.

Asimismo, “los operadores deberán identificar su precio claramente en la información publicitaria, en la cartelería y en los tiques de compra, para que no pueda dar lugar a equívocos, de tal forma que el consumidor tenga conocimiento exacto del alcance de la campaña” y evitar, así, “que se desbarate la percepción sobre la cadena de valor en el sector, banalizando la actividad”, reza el documento.

Anticipo de otra “reforma en profundidad”

El Ejecutivo detalla que estas novedades regulatorias se anticipan a la “reforma en profundidad” que se realizará de la Ley de la Cadena, para transponer la directiva europea sobre prácticas desleales en el sector.

El paquete de medidas también recoge una bonificación para aquellos empresarios que conviertan contratos temporales de trabajadores eventuales agrarios en contratos indefinidos bajo la modalidad de fijos discontinuos, con el objetivo de facilitar una mayor estabilidad al personal empleado en el campo.

Además, aplica un cambio en la calificación fiscal de las ayudas que se dan a la incorporación de jóvenes agricultores, dentro del Marco Nacional de Desarrollo Rural, para que los beneficiarios no tengan que pagar el impuesto de una sola vez y puedan fraccionar el pago.

Reducción de las peonadas

Este mismo decreto-ley consigna también medidas ya anunciadas, como reducir de 35 a 20 las peonadas exigidas en Andalucía y Extremadura, para tener acceso al subsidio agrario o la ampliación del ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo para que puedan controlar “los alojamientos y locales de descanso” de los temporeros.

El Gobierno, asimismo, cambiará la Ley de Pesca Marítima del Estado para que la sanción a quienes vendan moluscos de talla o peso inferior a la reglamentaria -cuando la cantidad sea menor al 10 % del volumen total comercializado de dicha especie- sea calificada de “leve” y no “grave” como ahora, ya que la infracción implicaba la pérdida de todas las ayudas del Fondo Marítimo y Pesquero.

El documento llega al Consejo de Ministros después de más de cuatro semanas de movilizaciones por parte de las organizaciones agrarias, que protestan por la grave crisis que atraviesa el sector debido a la caída de los precios en origen, las dificultades para exportar como consecuencia de los nuevos aranceles en EEUU y el aumento de sus costes de producción, entre otros.