El Gobierno colocará fuera de Madrid la mayoría de las nuevas instituciones
El Ejecutivo ya ha puesto sobre el papel su plan de descentralización de los organismos del Estado.
El Gobierno ya ha puesto sobre el papel su plan de descentralización de las instituciones del Estado. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ordenó a sus ministros hace unas semanas que para cada nueva entidad se buscara una ubicación fuera de Madrid.
Ahora, el Ministerio de Política Territorial, que dirige Isabel Rodríguez, así lo establece, según un documento al que ha tenido acceso El País. La Moncloa ha concluido que la forma más efectiva para reforzar la cohesión territorial es que las entidades que se creen a partir de ahora tengan su sede fuera de la capital, “salvo que razones especialmente motivadas impongan que se ubiquen en la misma”.
El informe señala que esto tendrá como consecuencia una distribución más equitativa de la riqueza, ya que “una desconcentración bien planificada podría además contribuir a reducir el coste de los servicios públicos, al elegirse ciudades con costes asociados más bajos”.
“Queremos reforzar el Estado y eso signifique que esté presente en todos y cada uno de los territorios del país”, recalcaba Sánchez hace unas semanas.
El plan no sentó bien a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien lo consideró como un ataque del Gobierno a la comunidad. Para Sánchez, el discurso de agravio territorial debe extirparse “porque los ciudadanos quieren que todos rememos en la misma dirección”, subrayó al respecto.
El equilibrio entre las autonomías para lograr una distribución “lo más homogénea posible” de los empleados e inversiones públicas será uno de los criterios que el Gobierno primará en el proceso de selección de las sedes de nuevos organismos, como el centro estatal de salud pública o las oficinas municipales de justicia, como apunta El País.“Se debe perseguir que ninguna comunidad o ámbito geográfico sea excluido”, recoge el documento del Ministerio de Política Territorial.
Para ello, se tendrá en cuenta la red de comunicaciones, los servicios públicos que cubran las necesidades del personal, el acceso a la vivienda y el nivel de disposición de los trabajadores públicos para desplazarse, entre otras cuestiones, con el objetivo de “contribuir a crear un tejido productivo” dentro de la lucha contra la despoblación.
