El Gobierno de Ayuso abandona los municipios de la comunidad a su suerte

Por Ana Álvarez, asesora de GP Más Madrid y miembro de la Ejecutiva de EQUO, y Eduardo Gutiérrez Benito, diputado portavoz en la Comisión de Hacienda del GP Más Madrid en la Asamblea:

Desde que comenzó la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de Madrid hemos perdido más de 8.500 vidas, las filas de desempleados han aumentado en 66.263 personas entre los meses de marzo a mayo y el número de contratos de la Seguridad Social han descendido en 2.108.792. La precariedad y el riesgo de exclusión de las personas han ido en aumento durante estos meses, y han necesitado buscar ayuda en sus Ayuntamientos que se veían desbordados y sin recibir ayuda alguna de la Comunidad de Madrid, a la misma vez que sus recursos económicos disminuían durante el transcurso de la crisis. 

La Comunidad de Madrid sigue fiel a su política de abandono a las entidades locales. Comenzaba el 2020 con programas de impacto municipal no ejecutados. Durante el 2019 dejaron sin ejecutar todo el programa de Salud Pública, por lo que los servicios socio sanitarios que prestan los municipios y cuya competencia es autonómica,  no han contado con recursos con los que hacer comenzar a hacer frente a la pandemia. Otro buen ejemplo lo tenemos en materia de Juventud y Educación, servicios básicos tan esenciales para el bienestar de nuestra generación más jóvenes, también competencia de la Comunidad, apenas han ejecutado el 60% de la totalidad del programa. Si hablamos del PIR (Plan de Inversión Regional) del 2016-2019 (ampliado hasta el 2020) dotado en su origen con 700.000.000€, descubrimos que desde su creación y hasta el final del año 2019 sólo se ha ejecutado el 28,61% (200.257.466€).  Desde el inicio de la crisis las políticas del Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso han seguido en la misma línea y no se han desviado del rumbo habitual que la caracteriza, dejando de nuevo sola y sin plan de actuación a la administración más cercana al ciudadano. 

En plena crisis sanitaria apenas les ha transferido el 13,68% (36.890.039,98 € sobre los 269.986.751,35€) de los que está dotado el programa 241M para este año y que son el soporte principal con los que las entidades locales pueden hacer frente al gasto necesario en materia de Promoción y Fomento del empleo. Si hablamos de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, competencias también del ejecutivo de Díaz Ayuso, a 30 de abril apenas han reconocido el 19% de sus obligaciones económicas (21.766.722€ sobre el 117.518.240€). En los momentos más duros para la ciudadanía y que requieren que las administraciones públicas, y en especial, las más cercanas, las municipales, estén a la altura, el Gobierno de la comunidad abandona a su suerte a los municipios madrileños, y se dedica a pelearse con el Gobierno central.

Mientras las colas del hambre aumentan, los ayuntamientos más castigados por estos efectos de la COVID-19, se están viendo obligados a decidir como priorizar el gasto para dar cobertura a estos nuevos servicios y prestaciones para la ciudadanía, circunstancia que acarreará un aumento en el periodo medio de pago a proveedores (PMP). Solo con datos cerrados del primer trimestre del año, el mes de marzo ha sufrido un aumento del promedio de este índice financiero, que es un síntoma de las dificultades de los autónomos y pymes que son proveedores de proximidad de las corporaciones locales. Los municipios han aumentado en 8,56 días (de un periodo de 53,55 días a 62,11) un grupo, y los del régimen de cesión lo han aumentado en 5,18 días, de una media de 58,27 a 63,45. Ésta no será la única consecuencia, si la comunidad no trabaja para dotar de más y mejores recursos a las entidades locales, este gasto no contemplado, provocará además un aumento de las “facturas en los cajones” al  no disponer de consignación presupuestaria para que puedan quedar aplicarlas al presupuesto al final del ejercicio y, además, no se podrá justificar el exceso sobre el techo de gasto al que incurrirán si no se aumenta los ingresos.

El sistema de financiación para los ayuntamientos es uno de las asignaturas pendientes de nuestra comunidad, que a día de hoy sigue sin hacer los deberes y, tras dos décadas de desgobierno del PP, no dispone aún de mecanismos para hacer llegar a las entidades locales su  parte en la “Participación en los Impuestos de la Comunidad Autónoma” (PICA.s), que sin duda alguna supondría un gran alivio para las arcas municipales si se estuviera en vías de desarrollo para su posterior implantación. Además,mientras otras comunidades autónomas han recurrido, para financiar a sus ayuntamientos, a fondos de financiación estatales, sin gastos financieros, el Ejecutivo de Ayuso no ha puesto sobre la mesa ningún “plan” para ayudar a los municipios madrileños, y pretende salir de esta situación a golpe de ladrillo y con modificaciones presupuestarias que vacían un programa para compensar otro. Ejemplo de estas políticas se observa claramente en el mes de abril cuando se han dejado sin recursos económicos programas esenciales para combatir futuras emergencias para incremento el gasto de otras. Es el caso de la estrategia de residuos, esencial en la lucha para paliar los efectos que el cambio climático está provocando en la vida de las personas y nuestro entorno, que ha sido reducida en más de 1,5 millones y las transferencias a los ayuntamientos destinados a salud pública (en plena pandemia) se ha recortado en 2/3 de la cantidad original (100.000€ de los 300.000€ asignados al comienzo del ejercicio)

Las entidades locales de nuestra comunidad no pueden seguir cerrando programas de ayuda a la ciudadanía por falta de recursos o en detrimento de otros que también son esenciales para los madrileños y madrileñas. La Comunidad de Madrid debe ser garante y colaborar para que los vecinos y vecinas de todos los municipios puedan disfrutar de los servicios públicos en condiciones de igualdad. En marzo se les pidió esfuerzo y colaboración para parar esta pandemia, ahora hay que devolverles el compromiso y trabajar para que los efectos no los sufran las personas, en especial aquellas pertenecientes a colectivos vulnerables, y sin duda alguna para conseguirlo hay que mejorar los recursos en la administración local, y dotar un Fondo de Recuperación COVID para los municipios madrileños.