El Gobierno muestra su preocupación por la defensa de Torra a los radicales detenidos en Cataluña

El Gobierno muestra su preocupación por la defensa de Torra a los radicales detenidos en Cataluña

“Parece que la gente obvia que estamos en un Estado de derecho”

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska.EFE

El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha expresado este viernes su preocupación por la reacción del Parlament a la detención de miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), y por que el presidente catalán, Quim Torra, ponga “en tela de juicio” el Estado de derecho.

“Parece que la gente obvia que estamos en un Estado de derecho”, ha advertido Grande Marlaska en la Ser, al ser preguntado por la escenas de tensión vistas este jueves en el Parlamento de Cataluña tras conocerse la prisión decretada para siete miembros de los CDR, acusados de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos.

Ha recordado que Torra es “el más alto representante del Estado” en Cataluña y ha calificado de “preocupante” su defensa de los detenidos ante el Parlament y la “crispación” que conlleva.

“Ver al presidente Torra en el Parlamento con esa actitud me parece que es una actitud poco compatible con lo que es el máximo represente del Estado en la comunidad autónoma de Cataluña”, ha afirmado.

El titular de Interior ha defendido la actuación “extraordinaria” y “profesional” de la Guardia Civil en la detención de los integrantes de los CDR que, ha repetido en varias ocasiones, estuvo dirigida en todo momento por un juez.

Ha señalado además que los materiales incautados son “susceptibles de ser utilizados para la fabricación de explosivos”, lo que revela la importancia de la operación.

Preguntado sobre si espera un “otoño caliente” en Cataluña, ha incidido en que el Estado enviará los efectivos que sean “necesarios” e “imprescindibles” para garantizar un espacio seguro para el conjunto de los ciudadanos en “coordinación perfecta” con los Mossos d’Esquadra.

Ha pedido ser “cautos” en los discursos, incluso cuando se defiende el ordenamiento jurídico, ha dicho en alusión al portavoz de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, y su pregunta sobre si “tiene que morir alguien para que el presidente del Gobierno tome cartas en el asunto”.

El ministro ha subrayado que el artículo 155 de la Constitución se aplicará cuando se den los “supuestos de hecho”. “Estamos en un Estado de derecho para todo”, ha concluido.

“Un claro rechazo y condena”

Por su parte, la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, ha lamentado este viernes que los representantes políticos catalanes no se situaran ayer en contra de posibles actos terroristas y ha recalcado que habría sido necesario escuchar “un claro rechazo y condena” de cualquier utilización de la violencia.

Delgado, en declaraciones a Onda Cero, ha criticado en esos términos la reacción de la mayoría independentista en el Parlament de Cataluña tras la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de enviar a prisión provisional a siete miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos el pasado lunes por posibles delitos de terrorismo.

La ministra ha subrayado la gravedad de los hechos que se imputan a los detenidos y ha opinado que los políticos tienen la obligación de ser muy claros y muy contundentes frente a cualquier tipo de violencia.

A su juicio, lo ocurrido este jueves en el Parlament se enmarca en un intento de “tensionar” la situación ante la próxima sentencia del juicio del “procés”, y ha advertido que desde la responsabilidad política debería hacerse lo contrario, apelar a la serenidad y al acatamiento del Estado de derecho.

Respecto a las resoluciones aprobadas por el Parlament en las que se legitima la desobediencia civil e institucional, se pide la retirada de la Guardia Civil de Cataluña y se recuperan textos ya anulados por el Constitucional, Delgado ha prometido firmeza, serenidad y contundencia a la hora de estudiar esos textos y, si procede, impugnarlos al Constitucional.