El Gobierno no tiene "la más minima duda" de que Cataluña cumplirá la sentencia del Supremo
Desde Educación recuerdan que no pueden intervenir en el conflicto.
El Gobierno lo tiene claro: “No hay la más mínima duda” de que Cataluña cumplirá la sentencia del Tribunal Supremo. Así lo expresan fuentes del Ministerio de Educación a EFE, que confirman que el departamento de Pilar Alegría no puede intervenir en la cuestión.
En su fallo, el Supremo tumbó la inmersión lingüística en catalán en los colegios, obligando a la Generalitat a impartir al menos un 25% de la enseñanza en castellano. Un “ataque” que desde el Govern rechazan, por lo que han pedido a los más de 5.100 centros escolares que no hagan ningún cambio en sus planes de estudio.
Desde Educación recuerdan que el ministerio no puede meterse y que la Alta Inspección de Educación “no tiene capacidad de vigilancia sobre las comunidades autónomas, tal y como recoge una sentencia del Tribunal Constitucional”, han añadido las fuentes.
El Ministerio tampoco entra en la petición de artículo 155 para el ámbito educativo que ha lanzado Pablo Casado si Cataluña se niega a cumplir con la ley. Simplemente se limitan a confiar en que “las administraciones del Estado cumplen siempre las sentencias judiciales”. Además, señalan que el Supremo lo que ha hecho es una providencia de inadmisión, es decir, que no entra en el fondo del asunto y solo dice que la Generalitat “no ha dado los argumentos necesarios para justificar un recurso de casación”, añade EFE.
Este mismo miércoles, el conseller de Educación, Josep González-Cambray, ha enviado una carta a los directores de los centros educativos en la que formalmente les anima a hacer caso omiso de la sentencia, como ya apuntó ayer. Para el responsable del Govern, lo que ha hecho el Supremo es “un grave ataque a los fundamentos de la escuela catalana perpetrado por un tribunal alejado y desconocedor de la realidad de los centros educativos catalanes”.
“El catalán en la escuela no se toca”, señaló el conseller en una comparecencia de urgencia tras conocerse la decisión del Alto Tribunal. Esa misma proclama la ha repetido, posteriormente, el presidente catalán, Pere Aragonès.
El camino judicial inmediato
En las próximas fechas, el Supremo deberá comunicar en un auto su decisión al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y le devolverá el expediente judicial completo, que a su vez habrá de redactar una “providencia de devenir firme de la sentencia”.
Una vez emitida, el TSJC tiene diez días para comunicar a la Generalitat su obligado cumplimiento y, en consecuencia, el Ministerio de Educación “no tiene que intervenir” en este momento procesal.
Si una vez concluidos los trámites entre el TSJC y la Generalitat no fuera efectivo el cumplimiento de la sentencia, la Abogacía del Estado, en representación del Ministerio, y los padres que presentaron demandas por incumplirse la enseñanza en castellano en Cataluña “podrían pedir la ejecución forzosa” al tribunal.
