POLÍTICA
02/09/2019 15:41 CEST | Actualizado 02/09/2019 17:19 CEST

El juez de la Púnica imputa a Cifuentes y Aguirre: declararán el 1 y 18 de octubre

También se sentarán como investigados los exconsejeros madrileños Manuel Lamela, Juan José Güemes, y el expresidente de Indra, Javier Monzón.

EFE
Aguirre y Cifuentes

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón ha imputado este lunes a las expresidentas de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes en la pieza de la trama Púnica en la que se investiga la financiación irregular del PP regional, según ha informado la cadena SER.

Según el auto de imputación de Aguirre al que ha tenido acceso Efe, el PP de Madrid financió “de forma opaca y fraudulenta” las campañas electorales autonómicas del 2007 y 2011 y las generales de 2008 “ocultando” el “verdadero coste” de las mismas y su financiación, “eludiendo de forma continuada y bajo un mismo patrón de actuación” las obligaciones de la Ley Electoral.

Atribuye a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre “un papel decisivo y esencial” en la presunta financiación irregular del PP de Madrid, hasta el punto que sospecha que fue quien “ideó la búsqueda de recursos” para costear las campañas que ella elegía. “La investigación arroja indicios racionales de que (Esperanza Aguirre) sería quien ideó la búsqueda de recursos que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad”, indica el magistrado de la Audiencia Nacional.

Ignacio González y Francisco Granados, también esenciales

Además de a Aguirre, el juez también atribuye “un papel decisivo y esencial” en la toma de decisiones sobre la financiación del partido a los que fueran sus más estrechos colaboradores, el expresidente madrileño Ignacio González y el exconsejero Francisco Granados, además de al exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez. Los tres también figuran como imputados en el caso.

De esta forma, el juez atiende a la petición que hizo Anticorrupción, citando también como investigados a los exconsejeros madrileños Manuel Lamela y Juan José Güemes y al expresidente de Indra, Javier Monzón.

En aquel escrito, se situaba a Aguirre en reuniones en las que supuestamente se acordó favorecer con contratos públicos a empresas de publicidad que trabajaron en las campañas de 2003 y 2007. Para facilitar los pagos, el Ejecutivo de Aguirre modificó varias leyes autonómicas, de modo que las adjudicaciones pasaran por la mesa del entonces vicepresidente regional y después sucesor de Aguirre, Ignacio González, imputado en el otro gran macrosumario madrileño, el caso Lezo y cuya declaración por la “caja B” será el próximo día 17 de octubre.

Las instrucciones surgieron a raíz de una serie de reuniones entre Esperanza Aguirre, Ignacio González , Francisco Granados, el entonces viceconsejero de Presidencia, Alberto López Viejo —actualmente en prisión condenado por el caso Gürtel— y el consejero de Sanidad Manuel Lamela, así como la responsable de comunicación de la Comunidad, Isabel Gallego. 

Fue el propio Lamela quien confirmó en su declaración como testigo ante la Guardia Civil que “en estos encuentros se impartían instrucciones para que se incluyera a Over —una de las empresas de Mercado— en el conjunto de posibles empresas para ser contratadas en materia de publicidad y comunicación”. Los agentes apreciaron delitos de prevaricación, financiación ilegal, delito electoral, malversación, cohecho, falsedad documental y tráfico de influencias.

Las elecciones autonómicas de 2011 también salieron beneficiadas de aquella presunta financiación irregular del grupo Popular, con un gasto de 6.2 millones de euros, prácticamente el doble de lo que la ley establece, y que se saldó con la mayor victoria de Esperanza Aguirre de su trayectoria. 1.2 millones de euros de dicha cantidad provenían de una “caja B”.

Ignacio Aguado: “La imputación no afectará al Gobierno de coalición en la Comunidad de Madrid”

El vicepresidente regional, Ignacio Aguado, ha asegurado este lunes —antes de conocer la noticia —que la imputación de las expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por la financiación ilegal del PP no afectaría al Gobierno de coalición conformado por el PP y Ciudadanos en la región.

Así lo ha indicado a los periodistas tras participar en la presentación y el sorteo de las eliminatorias de la Supercopa Endesa 2019 de Baloncesto, que se celebrará los próximos 21 y 22 de septiembre en el WiZink Center.

La “primera condición” que se puso encima de la mesa para conformar el Ejecutivo de coalición es que supusiera “un punto y final a la corrupción en la Comunidad de Madrid”, ha sostenido Aguado.

“En todo caso tendrán que preguntarles ustedes al PP acerca de las posibles imputaciones tanto de Cristina Cifuentes como de Esperanza Aguirre”, ha indicado.

La Fiscalía Anticorrupción había solicitado al juez del caso Púnica que imputara a las expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes en la pieza sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid.

Anticorrupción presentó el viernes 2 de agosto un informe al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en el que pedía que se citara a las dos como investigadas por delitos relacionados con la corrupción, además a la empresa Indra y a su expresidente Javier Monzón.

De este modo pasan a engrosar la lista de investigados en la pieza número 9 del caso, sobre el posible “desvío de fondos” para financiar de manera irregular campañas electorales como la de 2011, en la que Aguirre se presentaba como candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Como vicepresidente y como portavoz del Ejecutivo regional, Aguado ha garantizado que “en el Gobierno de la Comunidad de Madrid no va a haber corrupción, al menos, no se va a tolerar que haya corrupción”.

La formación naranja aseguraba que en caso de que hubiera imputaciones —ahora confirmadas— solicitarían dimisiones y pondrían en marcha mecanismos para que nunca más en la Comunidad de Madrid se puedan volver a vivir casos como Púnica, Lezo o Gürtel, ha resaltado Aguado.

Ha expresado su intención de poner en marcha la figura del denunciante de corrupción en la Administración pública, eliminar los aforamientos y limitar los mandatos al máximo de ocho años.

“Queremos pasar página de una vez por todas y, desde luego, la mejor garantía de que se puede pasar página en materia de corrupción en la Comunidad de Madrid es la entrada de Ciudadanos en el Gobierno” regional, ha aseverado.

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