El keynesianismo del siglo XXI: los ingresos públicos

Foto de J.M Keynes/GETTYIMAGES

La evidencia del estancamiento secular, de un crecimiento económico modesto y frágil, con políticas monetarias que ya presentan rendimientos decrecientes y con un alto endeudamiento público de la mayoría de las economías desarrolladas hace que los gobiernos se encuentren en una mala posición para abordar la salida de la crisis y sin aparente munición para combatir la inestabilidad de la demanda agregada. Una de las vías para contribuir a resolver los problemas estructurales de la demanda son los ingresos públicos, y en el contexto anteriormente descrito, pueden convertirse en el motor de la política fisca, haciendo financiable la inversión pública y el Estado del bienestar y, por consiguiente, un nuevo keynesianismo del siglo XXI.

Sin embargo, uno de los inconvenientes es la competencia a la baja que se produce en materia de impuestos en el mundo, que tiene su origen teórico en el paradigma neoclásico, abrazado por las políticas tributarias conservadoras, en un medio propicio como es la globalización económica.

Es por lo que se hace necesaria la construcción de una ambiciosa agenta internacional sobre la armonización fiscal, la elusión y la evasión fiscal. Y sin duda, dicha agenda forma parte de la ineludible gobernanza de la globalización, para defender a la globalización de sus evangelizadores, en palabras de Dani Rodrik.

Por ejemplo, para Gabriel Zucman, la clave está en acabar con la existencia de los paraísos fiscales, porque las jurisdicciones offshore explican no solamente la evasión fiscal, sino que también son la justificación de los gobiernos para reducir impuestos -señala que 7,5 billones de dólares están localizados en cuentas offshore, el 8% del patrimonio del mundo, cantidad que ha crecido desde 2008-.

Se están dando pasos importantes que se pueden presentar como un nuevo paradigma fiscal internacional, como son los casos de la iniciativa FATCA (el acrónimo de Foreign Account Tax Compliance Act), impulsada por el presidente Obama; el Proyecto BEPS (del inglés Base Erosion and Profit Shifting), de la OCDE; o los distintos paquetes contra la elusión fiscal y la armonización impositiva de la Comisión Europea, liderada en esta materia por el comisario Pierre Moscovici. Sin olvidar la propuesta de la Comisión Europea, usando el marco de la cooperación reforzada, sobre el Impuesto de Transacción Financieras.

Sin embargo, un crecimiento de los populismos, de derechas y de izquierdas en un buen número de países desarrollados o el triunfo de Trump en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos no son una buena noticia para poner en pie ese nuevo paradigma fiscal internacional, porque todos ellos tienen como base una renacionalización de la política económica y, por consiguiente, tributaria.

El objetivo debe ser combatir la austeridad, que deprime la economía y explica, en parte, el incremento de la desigualdad en estos últimos años. Pero la austeridad no se combate con más endeudamiento público, puesto que ello implicaría más austeridad en el futuro, se combate con más ingresos públicos.

Por tanto, el objetivo es construir un sistema tributario internacional eficiente -la deslocalización de las bases imponibles distorsiona el funcionamiento de la economía- , justo y suficiente, que contribuirá a la reducción de las desigualdades, a estabilizar la demanda en el corto plazo y a resolver los problemas estructurales de la misma. El primer paso: impulsar la agenda fiscal en el seno de la Unión Europea.