POLÍTICA
05/12/2020 09:05 CET

El pacto antidesahucios: de una guerra a un acuerdo

El recorrido del trato para frenar los lanzamientos de los vulnerables es un ejemplo de cómo se tratan las diferencias en la coalición.

EFE
De izquierda a derecha, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, la ministra de Igualdad, Irene Montero y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, el pasado 12 de octubre.

El acuerdo que anunció este jueves el Gobierno para frenar los desahucios de familias vulnerables mientras dure el estado de alarma esconde una guerra intestina. Una negociación difícil entre los socios de la coalición, según las fuentes consultadas.

El pacto es fruto de un tira y afloja que comenzó en septiembre y que tuvo un punto de inflexión: la enmienda que Podemos presentó junto a ERC y Bildu a sus propios presupuestos. Porque hasta ese momento, los morados pensaban que no iba a haber trato.

Aquel fue un golpe de efecto de Pablo Iglesias que provocó malestar en el lado socialista del Gobierno y que no solo sirvió para retomar unas negociaciones estancadas desde finales de septiembre, sino que permitió al jefe morado presentarse con dos partidos clave en la mayoría que ha dado luz verde a las cuentas del Estado para 2021. Y, de paso, alejar a Cs de cualquier acuerdo.

Iglesias no esconde que aspira a una década de ejecutivos progresistas que pivoten sobre esa mayoría. Tampoco que, en el camino, tiene que pelear casi cada medida como si le fuera la vida en ello porque PSOE y Podemos tienen intereses diferentes a pesar de compartir Gobierno. Y el caso de los desahucios es un ejemplo.

El lado socialista ha mostrado una sensibilidad con el tema de los desahucios tremendaFuentes del Ministerio de Transportes.

Todo arrancó a mediados de septiembre. Con la pandemia desbocada tras el verano y a las puertas del otoño, la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra, de Podemos, acudió a los equipos de María Jesús Montero, Nadia Calviño, José Luis Ábalos y Teresa Ribera para recordarles que pronto llegaría a su fin la prohibición de desahuciar a los afectados económicamente por la crisis de la covid.

Belarra entendía que, como ya hizo el Gobierno en primavera, negociar un nuevo decreto para el mismo fin sería un mero trámite. Pero se sorprendió, porque encontró ciertas resistencias que se han tenido que ir venciendo poco a poco hasta llegar a un acuerdo.

Fuentes de Transportes, ministerio competente en vivienda, recalcan no obstante que existía voluntad de Ábalos de aprobar todo lo que finalmente ha salido adelante. “El lado socialista ha mostrado una sensibilidad con el tema de los desahucios tremenda. Se aprobó el decreto covid en marzo que incluía a las personas vulnerables que habían entrado en esa situación por el coronavirus. En junio se aprobó hasta septiembre. Y, en septiembre, se amplió hasta el 31 de enero. Es decir, que la sensibilidad existe”, explican. Con esa ampliación, los morados vieron cumplido el primero de sus tres objetivos: más tiempo y vinculado al fin del estado de alarma.

(Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images).
Gabriel Rufián, de ERC, y Pablo Echenique, de Podemos, en una imagen de archivo en el Congreso.

Podemos, sin embargo, quería más. Los morados defienden que si alguien perdió su trabajo hace dos años y en este tiempo ha devorado sus ahorros porque pensaba encontrar un empleo en 2020, no tiene la culpa de la crisis del covid y tiene, por tanto, el mismo derecho a no ser desahuciado que alguien al que el coronavirus le ha congelado la cartera.

Superado el capítulo del plazo, Ione Belarra se puso a pelear la ampliación de los supuestos para que más personas se beneficien de la paralización de los lanzamientos, también quienes no tengan contrato de alquiler, las otras dos exigencias moradas.

Ahí empezaron los problemas, porque la secretaria de Estado percibió inacción por parte del lado socialista. Y esa supuesta desidia fue la señal que necesitó Iglesias para presionar al PSOE con la enmienda que buscaba poner fin a los lanzamientos sin alternativa habitacional hasta 2022. Aquella jugada y su puesta en escena, con independentistas vascos (Bildu) y catalanes (ERC), pilló por sorpresa al equipo de Ábalos, que insiste en que se enteró por la prensa.

El sector morado incide, sin embargo, en que el grupo socialista en el Congreso estaba al corriente de la existencia de la enmienda el 16 de noviembre, un día antes de que se presentara en el registro de la Carrera de San Jerónimo. Lo cierto es que ese movimiento provocó un cambio.

Un día después, el 18 de noviembre, Pablo Iglesias publicó un tuit cargado de intención. Los medios pusieron el foco de su estratagema en la autoenmienda morada a sus propias cuentas. Pero el líder de Podemos buscaba lo que finalmente consiguió: un cambio de actitud del sector socialista que se cristalizó y que se empezó a abrir a las otras exigencias moradas. La segunda que se acordó fue la ampliación de supuestos. Es decir, los perjudicados económicamente antes de la crisis de la covid también se beneficiarían del decreto antidesahucios.

El último escollo del acuerdo fue la tercera petición morada: qué hacer con las personas vulnerables que no tienen un contrato de alquiler. Podemos cree que era la que más reticencias provocaba entre los socialistas. Y, como se lo temían, el pasado martes retiraron la enmienda para facilitar que la Vicepresidencia Segunda y Transportes sellaran el acuerdo. En el departamento que dirige José Luis Ábalos justifican que había que hacer compatible el derecho a la vivienda con el concepto de la “seguridad jurídica”.

El temor en el lado socialista del Gobierno era que prohibir los lanzamientos de las personas sin contrato de arrendamiento fuera una barra libre para la ocupación. La solución que se encontró ha sido involucrar a los servicios sociales de ayuntamientos y comunidades autónomas para que certifiquen ante un juez la condición de vulnerabilidad de las personas a las que se va a desahuciar, en caso de estas la aleguen para impedir el lanzamiento.

Además, si estas personas vulnerables se encuentran en una propiedad de un gran tenedor de vivienda, no podrán ser desahuciadas. Y si están en la vivienda de un particular, no podrán ser expulsadas hasta que no se les encuentre otra vivienda. Esta situación estará vigente mientras dure el estado de alarma. Finalmente hubo acuerdo.

En Podemos creen que el show de la enmienda en el Congreso es la única forma que tiene el PSOE de terminar virando a la izquierda

En Podemos creen que shows como el de la enmienda en el Congreso son una de las ‘herramienta’ que tienen para que el PSOE termine virando a la izquierda y cumpla con la etiqueta de Gobierno progresista. Los socialistas creen que el problema lo tiene Podemos, que no está amortizando su papel en el Gobierno ante los suyos y no les queda más remedio que presionar al otro lado de la mesa del Consejo de Ministros.

“Presionas si el que es tu socio no quiere hacer algo, pero si el único problema que hay son los detalles, para qué hace falta una enmienda”, se preguntan fuentes socialistas que zanjan que al final lo que importa es el resultado de la negociación. Los morados piensan que el PSOE se terminó abriendo y que, poco a poco, el acuerdo se fue cerrando “muy bien”. Los dos celebran el trato, hasta el siguiente capítulo.

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