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03/07/2021 12:07 CEST | Actualizado 03/07/2021 12:09 CEST

El principio de precaución y la cuarentena Balear

Los jóvenes y sus familias no han tenido en cuenta los riesgos de un posible contagio explosivo que suponía el viaje colectivo.

REUTERS
Jóvenes en Palma.

“Principio de precaución. La existencia de indicios fundados de una posible afectación grave de la salud de la población, aun cuando hubiera incertidumbre científica sobre el carácter del riesgo, determinará la cesación, prohibición o limitación de la actividad sobre la que concurran”. Ley general de salud pública 33/2011.

A raíz del confinamiento de jóvenes en un hotel covid por parte del gobierno de Baleares, ante un incremento explosivo de los contagios a la vuelta a sus comunidades de origen, y la decisión final de la jueza de desautorizar parcialmente la decisión de la cuarentena adoptada por la dirección de salud pública, parecen haberse conjurado los principales actores de esta pandemia y sus papeles para recordarnos que, a pesar de que sus consecuencias más graves se han visto reducidas de forma drástica, resulta que el virus persiste y la tragedia todavía no ha terminado.

Están presentes en el escenario Balear por una parte y como actor principal los virus y sus variantes, más o menos transmisibles y patógenas, por otra los ciudadanos, divididos entre el temor de unos y la expectativa e incluso la euforia ante la normalidad de otros, al final de una ya larga pandemia, junto a las autoridades sanitarias optimistas ante el éxito de la vacunación pero obligadas a mantener el rastreo, las cuarentenas y las llamadas constantes a la prudencia ciudadana ante los brotes, y por otra parte los sectores afectados del ocio y el turismo ante la urgencia de la recuperación y la inquietud por los retrocesos al final de la pandemia, los medios de comunicación, teniendo que dar cuentas de todo ello manteniendo al tiempo el interés del público y el rigor informativo, y finalmente los fiscales y los jueces, obligados a resolver los conflictos entre los derechos individuales y las medidas restrictivas para preservar la salud pública.

El brote originado en Baleares coincide además con el repunte de la incidencia a lo largo de los últimos días, después de un breve periodo de estancamiento, en particular entre los grupos de edad más jóvenes, coincidente con la flexibilización de las restricciones y en particular con la apertura del ocio nocturno y de la movilidad veraniega, así como con la extensión de la variante delta, surgida en La India, al parecer con una mayor capacidad de transmisión y de elusión de la inmunidad en los vacunados que aún solo han recibido su primera dosis. A ello se suma que el colectivo más joven es de los que están todavía sin vacunar.

Un recuerdo también de que la vacunación, con ser exitosa en España, tiene aún la asignatura pendiente en el grupo de los menores de setenta y mayores de cincuenta con una sola dosis y a nivel mundial le queda por aprobar prácticamente toda la carrera, en particular en los países empobrecidos, lo que está sirviendo de caldo de cultivo para la aparición de nuevas variantes, hasta ahora por fortuna variantes de carácter convergente.

De nuevo, ante las divergencias sobre la decisión de la cuarentena colectiva por parte de salud pública, el hasta cierto punto lógico rechazo de los jóvenes y los recursos de sus familias y la rectificación parcial de la justicia, han vuelto los relatos, los maniqueísmo y los prejuicios clásicos de esta pandemia. La dirección de salud pública y el gobierno balear han sido calificados de incompetentes, cuando no de autoritarios por el número de los afectados por la cuarentena en un hotel, los jóvenes y sus familias desde pijos a irresponsables y la justicia de prepotente por no pararse a ponderar los derechos individuales con los posibles efectos del desconfinamiento en la salud pública.

Lo que no es tan lógico es la acusación de secuestro y la petición de habeas corpus de algunos familiares, cuando la detección, el aislamiento de los casos y la cuarentena de los contactos ha sido la norma en el rastreo por parte de todas las CCAA a lo largo de la pandemia, asumido por miles de ciudadanos afectados en sus propias casas, y en muchos casos sin contar con dispositivos residenciales de apoyo, como tampoco lo es la exigencia a las autoridades sanitarias de especificar el detalle de los posibles contactos entre grupos de jóvenes en un viaje de fin de curso, atendiendo a la falta de proporcionalidad de la medida, cuando la prioridad de salud pública es el principio de precaución para detener un contagio que, por el número de miles de afectados y extensión en doce de las CCAA, tenía ya el carácter de transmisión explosiva. Tampoco el manido argumento de la falta de una legislación de pandemias tiene nada que ver con este caso, muy al contrario, las autoridades sanitarias han utilizado las leyes de medidas especiales y de salud publica, fuera del estado de alarma, que cuentan con la garantía de los derechos por parte de los tribunales de justicia.

Sin embargo, se puede considerar que quizá ha faltado pedagogía y sensibilidad en la comunicación de una medida tan contundente por parte del gobierno Balear a los jóvenes, a sus familias y a la opinión pública, que los jóvenes y sus familias no han tenido en cuenta los riesgos de un posible contagio explosivo que suponía el viaje colectivo, con evidentes dificultades para el mantenimiento de las medidas de distanciamiento, realizado todavía en pandemia y que tanto el fiscal como la jueza han ido demasiado lejos con sus lecciones de epidemiología básica a las autoridades de salud pública sobre la noción de contacto estrecho y de sujeto cuarentenable. Porque son los infectados los que se aíslan y los contactos estrechos los que se someten cuarentena.

En definitiva, ni falta legislación especial en materia de salud pública ni proporcionalidad en las medidas. Quizá, a veces solo a veces, falta también humildad y prudencia en algunos tribunales. Excluir a los negativos, a estas alturas de pandemia, es una muestra de ello.

En resumen estamos en los prolegómenos de la normalidad y  por eso deberíamos ser capaces de proteger la salud pública y al tiempo las expectativas de recuperación de uno de nuestros principales sectores económicos sin tirarnos de nuevo los trastos a la cabeza.

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