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27/05/2020 09:33 CEST | Actualizado 27/05/2020 09:33 CEST

El problema de las grandes empresas no es que paguen pocos impuestos, es que hay muy pocas

España, en contraste con sus homólogos europeos, debe incentivar el crecimiento de su tejido empresarial.

RECSTOCKFOOTAGE via Getty Images

En una coyuntura como la actual, las preocupaciones por la sostenibilidad de unas cuentas públicas en escenarios para los que, como prevé el Banco de España, se presuponen contracciones en la economía, así como ensanchamientos en los desequilibrios económicos que ya de partida presentaba nuestro país, han dado pie a mensajes de talla populista que tratan de acrecentar -en la medida que sea posible- la presión fiscal para las grandes empresas, así como para los “ricos” en el país.

En este sentido, las previsiones, con un déficit que prevé situarse en el 11%, llegando a superar el anecdótico umbral del 10%, así como una deuda que prevé impulsarse hasta romper la barrera del 100%, de tal forma que prevé situarse en el 122%, muestran una incapacidad real del país para afrontar unas promesas de gasto público que, ya en campaña, dotaron de gran rédito electoral a determinadas formaciones políticas. Promesas que podrían quedar en un brindis al sol, de no reformar el sistema de tal forma que el ajuste presupuestario no suponga una barrera.

Así, con un déficit prefijado en el 3%, de acuerdo con los límites establecidos en los Pactos de Estabilidad y Crecimiento (PEC) que posee la Unión Europea, estamos hablando de una reducción que, ni en el mejor de los casos e incluso con una economía que se mostrase galopante en lo que resta de año, presentará una reducción de tal magnitud como para que el país siga incrementando su déficit crónico con el beneplácito europeo. Una situación que ha llevado a los distintos líderes políticos a buscar alternativas por la vía del ingreso.

Y es que, como ya avisó Europa, incluso muchos economistas en el país -entre los que me incluyo-, el escaso colchón fiscal que tiene España, el escaso fondo de maniobra que presenta la economía española, nos deja en un escenario muy complicado, donde la política económica expansiva se muestra restringida, en tanto en cuanto se observan los niveles que posee nuestra economía en materia de déficit y deuda. Por tanto, la única forma de intentar aplicar nuevos incrementos en el gasto -y ni con esas- se basa en incrementos en la recaudación que permitan cubrir dichos gastos sin necesidad de que estos vayan con cargo a la deuda y al déficit.

Muchas propuestas se han puesto encima de la mesa. Desde la habilitación de nuevos tramos en el IRPF, la aplicación de las tasas Covid, Google y Tobin, así como otra ingeniería fiscal en la que confían el incremento de dicha recaudación. Pero, sin contemplar en el artículo el escaso agregado recaudatorio, así como los posibles efectos perversos y las externalidades negativas que podrían tener estas políticas, si algo debemos tener claro es que, mientras la cuña fiscal media de la OCDE -considerándose una medición más precisa que la presión fiscal- se encuentra en el 36%, la cuña fiscal en España se muestra en el 39,5%. Así, situándose tres puntos porcentuales (9,7%) por encima de dicha media.

En este sentido, podemos destacar que hablamos de una cuña fiscal ya amplia de partida para nuestro país, pero en la que me gustaría destacar el papel de las empresas españolas frente al resto de empresas europeas. Esta es la intención del artículo y así debemos manifestarlo. Pues, en las últimas semanas, mucho se habla de las grandísimas y todopoderosas empresas españolas, pero poco se habla de cuán grandes son dichas empresas cuando las sometemos a la comparación con el resto de empresas que presentan los países homólogos del bloque comunitario. Quedando así, a diferencia de lo proyectado en el discurso político, como un tejido empresarial incapaz de soportar, así como de asumir, todo aquello que le atribuyen.

España, nos guste más o nos guste menos, es una economía que se compone de pequeños empresarios.

Con todo, el 99,9% del tejido empresarial se compone por pymes y lo que vienen a ser pequeñas empresas y microempresas. De estas, el 89% posee 10 o menos empleados trabajando en la empresa. Así, en materia de recursos, la liquidez de las empresas españolas, en un cómputo de liquidez empresarial a nivel continental, refleja una clara brecha en materia de robustez financiera. Pues, mientras hay países que como Francia en el cómputo presentan un nivel de liquidez del 20%, España, con su tejido productivo no llega a representar ni el 3% de la liquidez europea. En este sentido, con una caja media de 57 días (relación de días que puede sobrevivir una empresa con costes fijos y sin ingresos), España refleja un tejido empresarial muy vulnerable.

Además, a esto debemos añadir el perfil del empresario español. Un empresario español que, como muestran los datos, tal y como refleja la Ley de Okun, muestra una mayor aversión al riesgo ante las variaciones que experimenta el PIB a lo largo del tiempo. En este sentido, debido a esa vulnerabilidad que hablábamos y que llevó a las empresas españolas, a las PYMES -tal y como muestra el desagregado por categoría de empresas en la destrucción de empleo durante la Gran Recesión- a destruir más del 94% del empleo destruido, pues únicamente el 6% fue destruido por la gran empresa. Y es que el resultado de tener un gran porcentaje de nuestro tejido empresarial compuesto por microempresas, más vulnerables ante las propias recesiones que vive el país, nos llevó a tener un mayor porcentaje de destrucción de empleo que otros países, donde su tejido empresarial se compone por un mayor número de grandes empresas. 

España, nos guste más o nos guste menos, es una economía que se compone de pequeños empresarios. Nos comparemos con quien nos comparemos, la economía española muestra en su tejido productivo una serie de unidades de producción que, en contraste con el conjunto de homólogos europeos, se muestran realmente pequeñas como para tildarlas con tan destacado adjetivo. Por esta razón, no es que España deba seguir atacando mediante la fiscalidad a los pequeños empresarios, sino que si lo que se persigue es incrementar la recaudación, como se puede observar en los datos que mencionábamos, esta se encuentra en aquellas grandes empresas que, como en Alemania, producen una mayor recaudación, tanto por la vía de la renta como por el beneficio, para el país.

Además, si analizamos las economías más consolidadas y menos vulnerables del mundo, estas poseen un mayor número de grandes empresas. Es decir, la gran empresa dota a los países más fuertes económicamente de una mayor robustez y solidez para afrontar situaciones no convencionales en el escenario económico, propiciando una mayor seguridad para el país. Pero este diagnóstico parece que, en España, sigue sin gustar, pues el estigma de creer que los grandes empresarios representan el lado más malvado de la sociedad gana al de la robustez y la solidez de la economía.

En conclusión, y a la luz de los datos, España precisa acabar con esa falsa creencia que se transmite a los ciudadanos y que, erróneamente, crea una falsa percepción sobre las empresas españolas. Las empresas españolas son empresas que, como muestra el artículo, gozan de un tamaño muy limitado, un tamaño que nos las hace inmunes a todo shock que se pueda producir en la economía -como algunos creen-. Por ello, si España quiere comenzar a dotarse de robustez financiera y de capacidad para competir con el conjunto de economías europeas, homogeneizar la fiscalidad también integra incentivar a nuestras empresas para que estas sean más grandes.