POLÍTICA
10/10/2019 12:05 CEST

El senador que pidió dinamitar el Valle de los Caídos solicita ahora expulsar a los benedictinos de la abadía

Reclama también la adopción de medidas por su “desacato” a la autoridad por la exhumación de Franco.

EFE
La Abadía Benedictina de la Santa Cruz es responsable de la basílica del Valle

El senador de Compromís Carles Mulet, quien ya pidiera en septiembre dinamitar y destruir el  Valle de los Caídos una vez que se haya vaciado de todos los restos enterrados allí, ha solicitado ahora al Gobierno que una vez se proceda al traslado de los restos de Francisco Franco “estudie seriamente” la posibilidad de expulsar a los benedictinos de la abadía y la hospedería del recinto monumental.

Además, Mulet exige al Ejecutivo la derogación del decreto ley de 1957 que estableció la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, y en el cual se atribuyó la titularidad y administración del mausoleo a esta fundación con el fin de “rogar a Dios por las almas” de “todos los Caídos” y por España.

Ante la actitud mantenida por el prior de la abadía, Santiago Cantera, opuesto a la exhumación del dictador, el senador reclama también la adopción de medidas por su “desacato” a la autoridad y al Poder Judicial, así como por “atentar contra la memoria democrática”.

A través de un comunicado, Mulet, que en otras ocasiones se ha mostrado partidario incluso de “dinamitar” el conjunto monumental del Valle de los Caídos, recuerda que el decreto ley que regula el estatus del enclave fue firmado “por un Gobierno ilegal” de manera que “no tiene sentido que el actual acarree con las hipotecas normativas de un régimen genocida a ilegal”.

Y subraya que la Abadía benedictina está encabezada por “un prior fascista” que utiliza su cargo “no para laborar por el conocimiento e implantación de la paz entre los hombres”, como estableció el decreto fundacional, sino “para violentar la convivencia democrática y atentar contra la propia legislación”, es decir, contra la Ley de Memoria Histórica de 2007.

También le acusa de “rozar directamente el delito” y de “amenazar” al Gobierno, así como de “desacatar” decisiones judiciales, al oponerse radicalmente a la extracción del cuerpo de Franco enterrado en la basílica del Valle de los Caídos, pese a que el Tribunal Supremo ha establecido que es legal hacerlo.

Considera el senador de Compromís que como las funciones del patronato y representación de la fundación se asignan al Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, el Gobierno “tiene todo el amparo normativo para expulsar a esta orden del Valle de los Caídos”.

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