POLÍTICA
17/12/2019 14:26 CET | Actualizado 17/12/2019 15:21 CET

El Supremo abre causa penal a la diputada de JxCat Laura Borrás por prevaricación y malversación

El Tribunal considera que también es competente para investigar a Isaías H., a quien Borràs presuntamente adjudicó contratos de forma irregular.

Agencia EFE
La diputada de JxCAT Laura Borràs. EFE/ Fernando Alvarado/Archivo

El Tribunal Supremo ha acordado abrir un procedimiento a la diputada de JxCAT Laura Borràs por presuntas irregularidades en la adjudicación a un amigo de 18 contratos por valor de 259.863 euros desde la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre 2013 y 2017, cuando ella la dirigía.

La Sala indica en un auto que los hechos descritos en relación a Borràs en la exposición razonada del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona “podrían ser constitutivos de los delitos de prevaricación, fraude a la administración malversación de caudales públicos y falsedad documental”.

El Supremo, que nombra como instructor de la causa al juez Eduardo de Porres, considera que también es competente para investigar a Isaías H., a quien Borràs presuntamente adjudicó contratos de forma irregular. 

La Sala estima la petición de la Fiscalía, que solicitó que investigara a Borràs al considerar que abusó de su función como directora de ILC y “adjudicó directa o indirectamente de manera arbitraria” contratos a Isaías Herrero, un programador informático amigo suyo.

De hecho, el Supremo cree que también es competente para investigar los hechos que afectan a Herrero dado que, aunque no es aforado, existe una “inescindible conexión inicialmente apreciable” entre la conducta que se le atribuye a él y a la diputada.

En su auto la Sala analiza si los hechos recogidos en la exposición razonada del juzgado catalán, “según una valoración muy provisional”, pueden ser delictivos.

Según ese escrito, entre 2013 y 2017, desde la institución que dirigía Borràs, se procedió, de acuerdo con Herrero, a fraccionar contratos de servicios informáticos efectivamente prestados “reflejando importes y conceptos inventados”, siempre en cuantías inferiores a 18.000 euros para hacer una adjudicación directa.

El total adjudicado a Herrero o a las entidades tras las que se ocultaba ascendió a 259.863 euros.

Borràs dirigió la ILC de 2013 a 2018 y en su condición “propuso la contratación, acordó la adjudicación, resolvió aprobar el gasto, certificó la ejecución total o parcial del servicio contratado, conformó la factura correspondiente y autorizó el pago”, según el juzgado.

Cuando, de acuerdo con la práctica habitual de la Generalitat, se exigían tres presupuestos antes de la adjudicación para elegir la opción más ventajosa, Borràs y Herrero, “de común acuerdo, aportaban diversos presupuestos confeccionados por ellos mismos pero a nombres de otras entidades que no habían participado en su elaboración ni habían autorizado su presentación”.

La exposición del juzgado recogida por el Supremo destaca también que el importe de los contratos adjudicados a Herrero no se correspondían con el precio real del servicio, entre otros motivos porque las facturas incluían gastos a los que el hombre debía hacer frente por recurrir a las entidades tras las que se ocultaba.

En su escrito, la Fiscalía reproducía conversaciones intervenidas a Herrero, como una en la que comenta su relación con Borràs: “Hombre claro, pero yo con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la cooperativa, yo facturo unos trapis por allí”; ”(...) pero que yo tengo que hacer un presupuesto bueno y... o sea tengo que hacer dos presupuestos buenos y cuatro de no buenos,...”; ”(...) lo jodido es si la Borràs deja de ser directora...”.

En una sentencia conocida hoy, la Audiencia de Barcelona ha condenado a cinco años de cárcel a Herrero por tráfico de drogas y falsificación de moneda. 

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