El Supremo le dice al Gobierno que puede entrar al Valle de los Caídos para exhumar a Franco

El Supremo ha respondido al Gobierno que la sentencia que avala la exhumación de Franco es “titulo legítimo bastante” para acceder a la basílica del Valle de lo Caídos y proceder así a sacar los restos del dictador, de manera que ahora el foco se pone en el Constitucional, al que la familia ha recurrido.

En una providencia, la Sección Cuarta de lo Contencioso ha levantado también la medida cautelar que el propio tribunal estableció en junio contra el acuerdo del Gobierno para sacar al dictador de la basílica de Cuelgamuros, que afectaba a los procedimientos todavía no resueltos de la comunidad benedictina del Valle, la Fundación Franco y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos.

El Supremo explica que la sentencia dictada la semana pasada “es por sí misma título legítimo bastante para llevar a cabo las actuaciones previstas por los acuerdos del Consejo de Ministros de 15 de febrero y 15 de marzo, y por tanto acceder a la Basílica del Valle de los Caídos”.

Y ha recordado que “el artículo 118 de la Constitución” obliga a todos los españoles a cumplir la sentencias firmes” en alusión al prior de la Abadía, que queda desautorizado por los magistrados y que en los últimos días se había convertido en protagonista al no querer dar permiso al Ejecutivo para entrar en la basílica.

El tercer capítulo tiene que ver con el procedimiento que se sigue en el Juzgado de lo Contencioso número 3 de Madrid, que tiene paralizada la licencia de obras del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para actuar en el Valle de lo Caídos.

Aquí los magistrados también han sido tajantes al asegurar que “es la Sala III del Supremo el único órgano jurisdiccional competente para enjuiciar la legalidad de los actos y disposiciones del Consejo de Ministros, así como las incidencias acaecidas en su ejecución”, en un mensaje implícito al juez Jose Yusty quien todavía no ha archivado esta causa, aunque poco importa ya, según el criterio del Supremo, que le ha recordado que no tiene competencia.

Los magistrados han reaccionado así al rechazar la personación del particular como parte interesada en el recurso de la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos.

Se trataba de un trámite necesario porque cuando la Sala de lo Contencioso suspendió cautelarmente la exhumación lo hizo para los cuatro recursos presentados (además del de la familia, el de la comunidad benedictina del Valle de los Caídos, la Fundación Nacional Francisco Franco y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos).

La familia Franco agota las vías para intentar evitar la exhumación

Mientras el Supremo levanta todos los vetos al plan del Gobierno, la familia Franco hará este jueves un nuevo intento para paralizar la exhumación. Su abogado ha anunciado que presentará en el Tribunal Constitucional un recurso contra la decisión del Supremo de dar vía libre al traslado de los restos, según informa Javier Casqueiro. El escrito, de 120 páginas, solicitará que se adopte la suspensión cautelarísima de la exhumación.

Según han informado fuentes de la defensa, la familia Franco piden al TC que amparen los mismos derechos fundamentales que ya reclamaron al que tuvieran en cuenta a la hora de estudiar el recurso de la familia contra el acuerdo del Consejo de Ministros, es decir, que no le impidan decidir el destino de los restos de su abuelo.

Mientras se resuelve el asunto, han solicitado que imponga la medida cautelarísima de suspender la ejecución de la sentencia, lo que supone que el TC deberá decidir con rapidez si acepta esta petición o no, sin pedir opinión a la Fiscalía ni al resto de partes.

... alegando trato discriminatorio y derecho a la intimidad familiar

La familia había asegurado ante el Supremo que se estaba dando un trato discriminatorio porque el Gobierno estaba actuando para un caso concreto. También denunció que de avalar la exhumación y enterrarle en el cementerio del Pardo-Mingorrubio, lugar designado por el Gobierno, se vulneraría su derecho a la libertad religiosa, así como el derecho a la intimidad familiar.

Sin embargo, la Sala rechazó todas estas alegaciones y explicó en su sentencia, dada a conocer el pasado 30 de septiembre, que el objetivo de sacar los restos de Franco es retirar “del primer plano” cuanto “signifique, represente o simbolice el enfrentamiento civil” y que, por tanto, debía tenerse en cuenta la “extraordinaria singularidad de su figura”. Todo ello “no es incompatible con la libertad religiosa ni supone negar o desconocer las creencias de nadie”, afirmaron los magistrados.

Asimismo, la resolución subrayó que los familiares no tiene la última palabra pues no es una “facultad incondicionada” elegir el lugar de sepultura de los parientes y que ello no forma parte ni del derecho a la libertad religiosa ni del derecho a la intimidad personal y familiar.

El abogado de la familia Franco, Luis Felipe Utrera Molina, ya adelantó tras conocer el fallo unos días antes de la notificación de la sentencia que recurrirían la misma ante el TC al sentir una “profunda decepción” con la decisión del Supremo.

“Nunca pensamos que el Tribunal Supremo pudiese pasar por alto clarísimos vicios de inconstitucionalidad como afecta al Real decreto ley y que, por otro lado, validase una actuación arbitraria y contraria a derecho”, dijo el letrado, que añadió que esta decisión se había adoptado “por razón de apellido”.

La prohibición del prior no tiene validez

Antes de acudir al tribunal de garantías, los recurrentes pidieron al Supremo una aclaración de la sentencia en el sentido de que, en el caso de que la Comunidad Benedictina no otorgase la autorización eclesiástica para acceder al Valle de los Caídos, si dicho permiso “puede ser suplida por una autorización judicial indicando, en su caso, el órgano judicial competente”.

Este mismo martes, la Sala dictó un auto de aclaración en el que respondió que la “sentencia es clara”. Aún así, señaló que el acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de marzo de 2019 indicaba que se solicitaría la correspondiente autorización eclesiástica y así lo hizo, pues recibió la prohibición del Prior Administrador de la Basílica.

Continúa diciendo dicho auto que, como ya expuso en su sentencia, se “tiene por decaída esa denegación” porque sólo al Supremo le corresponde conocer las actuaciones del Ejecutivo