Cómo pretende Pedro Sánchez convencer a la UE para cambiar el mercado energético

Cómo pretende Pedro Sánchez convencer a la UE para cambiar el mercado energético

El presidente, ante la casi imposible misión de lograr el apoyo de los socios.

24 y 25 de marzo. Esa fecha está escrita en rojo, rojísimo, en el calendario de La Moncloa. Esos días la Unión Europea se juega su futuro en un momento en el que hay una guerra en el continente y cuyas consecuencias económicas recorren ya todo el mundo, con una escalada de precios asfixiando a los más vulnerables y a muchos sectores. Y Pedro Sánchez quiere hablar claro en el Consejo Europeo.

Encender la luz se ha convertido en un acto de lujo para muchos ciudadanos europeos. Millones de españoles tiemblan en estos momentos a la hora de conectar un enchufe, programar la lavadora, calentar su casa en este duro mes y llenar el tanque de sus coches. El descontento social crece por momentos. El presidente del Gobierno ha prometido medidas para el próximo 29 -en una reunión del Consejo de Ministros-, pero la oposición aprieta las tuercas para que se aprueben ya y hay manifestaciones durante todo el fin de semana. El jefe del Ejecutivo quiere librar antes la batalla europea, clave en estos asuntos.

El objetivo casi imposible de Sánchez es lograr que se cambie el actual mercado energético, fijado por Bruselas y que establece que se pague al precio máximo de la energía más cara el resto del paquete. El presidente dice eufemísticamente que se trata de un sistema “disfuncional” y aspira a que los socios tomen medidas en ese Consejo en Bruselas. Por eso ha emprendido una frenética gira europea estos días para verse con los líderes de Rumanía, Croacia, Italia, Grecia, Portugal, Alemania e Irlanda, entre otros.

  Pedro Sánchez y el primer ministro de Croacia, en La MoncloaEuropa Press News via Getty Images

El presidente del Gobierno no se resigna y recuerda en su entorno lo que pasó con los fondos europeos. Nadie en Europa hablaba de ese plan Marshall y hoy es una realidad para superar la crisis de la covid. Fuentes de La Moncloa explican a El HuffPost: “Se ha demostrado que el mercado está roto. La situación actual no da una señal eficiente para nada. Hay que solucionar la estructura de mercado, de ahí la importancia de desligar el precio del gas de la electricidad, una iniciativa que ha comandado España”.

Desde el complejo presidencial resaltan que España está intentando concitar los apoyos más amplios posibles (muy importante es la posición favorable de Portugal e Italia), pero reconocen también una dificultad: “Es cierto que la estructura energética es muy diferente entre países y para algunos los cambios planteados no comportan incentivos importantes”.

El presidente del Gobierno no se cansa de explicar durante estos días que el gas sólo representa en España entre el 10 y el 15% del mix energético, frente a las renovables, que son más baratas pero oscilan sobre el 40%. A pesar de eso, se paga al precio de la energía más cara. Por lo tanto, la fórmula que propone es desacoplar el precio del gas del de la electricidad.

  La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa RiberaThierry Monasse via Getty Images

Poco a poco, entienden en Moncloa, ven una acogida más favorable a este plan. Además de esa medida gordiana, el Ejecutivo español habla de incluir otras iniciativas como realizar compras conjuntas, diversificar el suministro y apostar por esas energías renovables en todo el continente. España lleva insistiendo en este tema, con respuesta negativa de Bruselas, desde septiembre del año pasado. Ya en diciembre se intentó presionar con un non paper junto a Francia, Italia, Portugal y Grecia.

España pondrá encima de la mesa en ese Consejo, como ha adelantado la vicepresidenta Teresa Ribera, fijar un tope para que la electricidad no supere los 180 euros por mevagatio/hora (que sería un tercio del récord histórico registrado este mes). Esta apuesta irá de la mano de Portugal, ya que los dos países conforman el mercado ibérico. Lisboa ha hecho cálculos y estima que esto permitiría un ahorro mensual conjunto para ambos países de 5.700 millones de euros, que en el caso de Portugal sería de 1.100 millones.

En todo caso, desde el Gobierno se insiste en que se tomarán medidas en estos dos países si la UE no accede a esta petición. En La Moncloa también consideran que se están moderando algo los precios desde que se ha puesto encima de la mesa la posibilidad de cambiar el modelo. Lo que tiene claro el Ejecutivo es que se bajarán ese día 29 los precios de la gasolina, la luz y el gas, aunque todavía no se han aterrizado las medidas (que podrían ir desde rebajas fiscales hasta ayudas directas, además de topar el precio del gas).

Un tabú roto

España lideró ya todas estas demandas en Bruselas antes de que Rusia empezara el ataque a Ucrania, pero la Comisión se mostraba escéptica. Casi ni quería hablar del tema. Ese tiempo de soledad ha pasado, porque el tabú se ha roto y Bruselas ahora sí está dispuesta a aprobar un plan de choque contra el ascenso de los precios. El pasado 8 de marzo, por primera vez, presentó su nuevo plan de acción energética, REPowerEU, que contempla un amplio abanico de medidas con el objetivo último de reducir al máximo la dependencia europea de los combustibles fósiles que provienen de Rusia.

Como medida que afecta más directamente a los bolsillos de los ciudadanos, Bruselas se abre por primera vez a que los Gobiernos puedan intervenir el precio de la luz, fijando un límite “temporal” que permita desatar el recibo final del coste del gas. El Ejecutivo comunitario, sin embargo, tiene que concretar los detalles de esta vía y eso es lo que se hará en la reunión de la próxima semana. El marco lo tiene. Las medidas hay que definirlas.

“Para responder a la emergencia actual, la Comisión estudiará todas las opciones posibles en medidas de emergencia para limitar el efecto contagio del coste del gas al precio de la electricidad, como por ejemplo límites de precio temporal”, dice el comunicado de Bruselas, que añade: “Consultaremos todos los actores involucrados y propondremos opciones en las próximas semanas”. A la espera de estos detalles, Bruselas recuerda a los Gobiernos que ya pueden fijar límites de precio para los hogares vulnerables y las microempresas en base a la regulación actual, pero también va más allá y pone sobre la mesa una serie de esquemas de apoyo económico directo a los sectores más afectados. No obstante, reconocen que esas medidas son parches. Que es esencial dar con un acuerdo a Veintisiete que unifique criterios.

El REPowerEU tiene un triple objetivo, pues: reducir la dependencia del gas ruso en dos tercios antes de que finalice el año -más del 45 % del gas natural que consume la Unión Europea proviene de Rusia, además del 46% del carbón y el 27% del petróleo-, diversificar las fuentes de energía para garantizar el suministro y precipitar -aún con mayor intensidad y alcance- la integración de energías renovables e incrementar la eficiencia energética. Una motivación que conduce, en términos más amplios, a la aceleración de la transición energética que los cambios climáticos en el planeta habían puesto ya sobre la mesa.

Lo ambiental esta vez está en un segundo plano. También el escándalo de los desequilibrios expuesto por España. Lo que ha arrastrado al cambio es que, en un contexto de sanciones económicas que pretenden ahogar la economía rusa, continuar pagando cantidades desorbitadas al Kremlin desvirtúa esas mismas sanciones y mantiene Europa con las manos atadas.

El comisario europeo del Mercado Interior, Thierry Breton, dijo el día 11 en una entrevista con France Info que la UE paga diariamente a Moscú por el gas y el petróleo 800 millones de dólares (unos 723 millones de euros, al cambio). Por eso, Bruselas se propone reducir al máximo y lo más rápido posible la dependencia del gas ruso, unos dos tercios durante 2022 si es factible, y ser completamente independiente en 2030. Sin embargo, se trata de una meta muy complicada ya que algunos países como Finlandia, Rumanía y Chequia compran todo, el 100% de su gas a Rusia; Alemania llega al 63,5%, de ahí que sea el hueso más duro de roer.

Entre sus planes, la CE contempla la posibilidad de que los Gobiernos puedan gravar las ganancias -extraordinarias- de las eléctricas, los llamados beneficios caídos del cielo, para financiar medidas de emergencia, como por ejemplo ayudas de estado a las empresas que requieren de un alto consumo eléctrico para mantener su actividad y que se ven especialmente perjudicadas. Por eso, Bruselas también flexibilizará al máximo el marco que controla las ayudas de estado y que, de hecho, ya se ha utilizado en la respuesta a la crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus.

La Comisión recurre a datos de la Agencia Internacional de la Energía, que avisa de que gravar los beneficios caídos del cielo permitiría conseguir hasta 200.000 millones de euros adicionales este año para compensar las facturas energéticas más altas. Estos impuestos, sin embargo, no podrían ser retroactivos.

Los apoyos en juego

España tiene ganado al sur. Empezó por Portugal y luego sumó Italia, más Grecia. Francia, una de las locomotoras políticas del continente, ha ido viendo con buenos ojos la propuesta española. La duda central es Alemania, un país en el que su canciller, Olaf Scholz, apenas tomó el poder en navidades y en cuyo aterrizaje se está encontrando demasiados imprevistos que alteran realidades muy asentadas en su país, como el indispensable hilo energético con Putin.

Ante la primera propuesta de Sánchez, Scholz fue de los primeros en oponerse. No quería una reforma del mercado energético, dijo a las claras. Así era en la era de su predecesora, Angela Merkel, con la que él mismo fue ministro de Finanzas en coalición. Pero los hechos de Ucrania han borrado inercias del pasado a marchas forzadas: ha aumentado el presupuesto de Defensa al 2% del PIB (con unos socios verdes en el Gobierno, que es más llamativo) y ha congelado el gasoducto Nord Stream 2, su proyecto estrella, que le unía con Rusia.

Entre el resto de naciones hay diferentes sensibilidades. Están los frugales -un grupo de Estados de la UE que priorizan la austeridad del gasto público y la estabilidad económica-, como Países Bajos, Irlanda o Austria, que han alertado en documentos previos sobre una “una desviación de los principios competitivos de nuestro diseño de mercado de electricidad y gas”. Son muy liberales, muy conservadores del mercado, y ven amenazas en todos sitios, siempre mirando de reojo a los más sociales. No es nuevo, ya se vio con el reparto de fondos contra la pandemia.

El escenario es otro y los posicionamientos de diciembre, cuando España se quedó con las ganas, no valen hoy. Europa es otra, el mundo es otro, y toca dar pasos. Empezando por desligarse de un mandatario que ataca a países soberanos y que nadie sabe bien qué más es capaz de hacer.