España, a la vanguardia en políticas sociales

España, a la vanguardia en políticas sociales

El objetivo del Gobierno es crecer económicamente y favorecer la creación de empleo.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.EFE

Llevamos dos años muy complicados, con una pandemia a nivel mundial, que ha golpeado a nuestro país económica, social y laboralmente. En este marco, el Gobierno de Pedro Sánchez ha gestionado esta difícil crisis para que nadie se quede atrás, ha peleado y defendido en Europa la necesidad de fondos esenciales para la recuperación, y ha aprobado leyes que vuelven a colocar a nuestro país en la vanguardia de las políticas sociales.

El objetivo del Gobierno es crecer económicamente y favorecer la creación de empleo. Un empleo que ya empieza a coger fuerza en España. En septiembre la Seguridad Social ganó 82.184 afiliados y se supera la cifra de ocupados de febrero de 2020, mes previo al inicio de la crisis sanitaria por la COVID-19. En los últimos cinco meses se han sumado 540.000 trabajadores. Además, los organismos internacionales (OCDE, FMI…) hablan de que nuestro país estará entre los que liderarán el crecimiento económico a nivel mundial en los próximos años.

Otra prioridad de este Gobierno ha sido combatir las desigualdades. Podríamos citar numerosas medidas, pero quizás los tres mayores avances alcanzados hasta la fecha en derechos y libertades, que justificarían toda una legislatura han sido el Ingreso Mínimo Vital, la Ley de regulación de la eutanasia y la “Ley Rider”. Tres avances que sitúan a España a la vanguardia en políticas sociales.

Siempre que hay un presidente socialista se fortalecen las políticas sociales en nuestro país. Ocurrió con Felipe González, ocurrió con José Luis Rodríguez Zapatero y ahora ocurre con Pedro Sánchez.

La aprobación del Ingreso Mínimo ha supuesto el mayor avance en derechos sociales desde la Ley de Dependencia, situando a España como referente en justicia social a nivel de los países más desarrollados de nuestro entorno. Un nuevo derecho que garantiza un mínimo de ingresos para combatir la pobreza en general y en particular la pobreza infantil.

España también se ha situado entre los seis primeros países del mundo en regular un nuevo derecho social, la eutanasia, que permitirá ayudar a morir dignamente. Una ley que podrán solicitar aquellas personas que padezcan una enfermedad grave e incurable con un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable. Una ley absolutamente garantista para asegurar que la decisión es exclusiva de la persona que vive esta situación. No hay posibilidad de delegación.

A ello se suma la “Ley Rider”. Una norma consensuada con sindicatos y patronal, que convierte a España en un país pionero en Europa, en legislar sobre los derechos de los repartidores de las plataformas digitales, que pretende acabar con la explotación laboral a la que se sometía a estos 29.000 trabajadores que dejarán de ser falsos autónomos y pasarán a ser trabajadores por cuenta ajena, teniendo los mismos derechos que el resto de los trabajadores, algo que antes no ocurría.

Lamentablemente todo lo que sean avances sociales casi nunca cuentan con el apoyo del PP. En la anterior crisis, con Rajoy, España fue líder junto a Rumanía en pobreza infantil en Europa. Los socialistas presentamos entonces una iniciativa en el Congreso para un Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil. ¿Y qué hizo el PP? Votar en contra. Casado también ha votado en contra de la Ley que regula la eutanasia y en contra de la “Ley Rider” y las ha recurrido ambas al Constitucional. 

Los socialistas siempre somos parte de la solución, mientras que el PP suele ser siempre parte del problema. El Gobierno de Pedro Sánchez sigue trabajando para la recuperación económica, para proteger a familias y trabajadores y para aprobar nuevos derechos y libertades que conviertan a nuestro país en referente a nivel internacional. Mientras la oposición grita pero no arrima el hombro. ¡Qué poco tendrá que agradecerle nuestro país a Casado cuando salgamos de esta crisis!

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Miguel Ángel Heredia es senador del PSOE por la provincia de Málaga y portavoz de Hacienda en la Cámara. Anteriormente, fue diputado desde la VI a la XII legislatura. Ponente de la ley de dependencia. Doctor “cum laude” en Ciencias Biológicas por la Universidad de Málaga. Titulado Superior en Cultivos Celulares en la Universidad de Málaga. Nació en Mollina (Málaga) 1966.