Una España sin migrantes, un país sin futuro

Hay que cerrar los ojos, y mucho, para no tropezarse con alguien que llegó a España, de forma irregular, en busca de una posibilidad, un sueño, una salida. Están en los campos recogiendo frutas, en las casas limpiando o cuidando ancianos, en las consultas atendiendo pacientes, en los bares sirviendo cañas… Son 5,5 millones de personas que viven entre nosotros, demasiados sin sus papeles en regla, con y sin un seguro médico, con y sin derechos. Sin ellos y ellas, este sería un país sin presente y sin futuro –a fin de cuentas de ellos depende el aumento de la población- pero el Gobierno español sigue sin estar a la altura. Y acaba de recibir un suspenso de más de 80 organizaciones sociales.

Así se explica en el documento “Migrar por derecho: desafíos del estado español ante el Pacto Mundial de Migraciones” que han elaborado cinco de las ONG, de cara a la reunión en Nueva York del Pacto Mundial de Migraciones, entre los días 16 y 20 de mayo. Sus conclusiones no pueden ser más claras: no hay voluntad de mejorar una política migratoria que está más centrada en poner vallas de seguridad que en atender a quienes llegan, no hay nuevas y seguras vías de llegada a este país, aunque los necesitamos, y no hay caminos abiertos hacia una vida estable y digna entre quienes se ganan la vida trabajando de sol a sol. En definitiva, aseguran que falta voluntad en una gestión política comprometida con los principios del Pacto Mundial y, de momento, no se la espera.

Nadie sabe la cifra con certeza, pero se estima que medio millón de migrantes viven entre nosotros en situación irregular y, hoy por hoy, sin posibilidad de normalizarla a corto plazo. Nadie negará que seguramente son más, pero se cifran en 4.404 los y las muertas y desaparecidas en el océano cuando trataban de alcanzar Canarias. Y nadie lo reconocerá, pero es una realidad que el salario medio de una persona migrante es casi un 30% menos que el de una española y que el 58% está en riesgo de pobreza y exclusión social, sin posibilidad de denunciar los abusos y sin derecho al Ingreso Mínimo Vital, si no se lleva más de un año de residencia legal.

Fue en 2018 cuando, en Marraquech, en el marco de la ONU, se firmó el llamado Pacto para la Migración Segura, Ordenada y Regular, una “hoja de ruta para prevenir el sufrimiento y el caos”, en palabras de entonces de su secretario general, Antonio Guterres. En realidad, nació sin ser vinculante para los gobiernos, por aquello de que sentían agredida su soberanía nacional, pero si fue importante, al poner el foco en la realidad que es la movilidad humana en busca de una vida mejor.

Cuatro años después, llega el momento de hacer balance y las organizaciones Alianza por la Solidaridad Action Aid, Médicos del Mundo, Red Acoge, Cepaim y Rumiñahui, promotoras del informe, suspenden a un  Gobierno de coalición en el que la migración iba a ser uno de los ejes. Sin embargo, en este tiempo se ha trasladado el Pacto Mundial del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones al de Asuntos Exteriores, como si fuera algo de fuera, ajeno a la vida cotidiana de todos los que habitamos en este territorio.

El suspenso, no obstante, tiene otras muchas causas que hacen pensar que aquel Pacto de Marraquech fue uno más de tantos acuerdos que se firman sin demasiado compromiso de cumplimiento. Y si no esa así, destaca que hoy tengamos la gestión de nuestras fronteras cedida a terceros países –léase Marruecos- , incluso a costa de dejar en la estacada a un pueblo como el saharaui, con el que España tiene una deuda histórica. “El cierre de esas vías de llegada por Ceuta y Melilla  sólo sirven para trasladar las rutas a trayectos más largos desde Senegal y Mauritania, mucho más peligrosos”, señalaba Pablo Iglesias, de Médicos del Mundo.

Sólo en mayo de 2021, más de 4.000 personas fueron devueltas en Ceuta en menos de 24 horas, en contra de lo que dictamina el  propio Tribunal Constitucional. Y desde entonces han seguido las llamadas ‘devoluciones en caliente’. Cuando no se producen, está el riesgo de acabar en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES), que no dejan de ser cárceles en las que se puede estar hasta dos meses de encierro sin ningún delito. Y en caso de dudas con la edad, se realizan pruebas para comprobar si son menores que no sólo son poco fiables, sino que incluyen hasta exámenes genitales humillantes que violan la Convención de Derechos del Niño.

Todo ello mientras la Migración Segura, Ordenada y Regular que buscaba la ONU con el Pacto sigue siendo un espejismo, y cuatro años después sigue siendo igual de difícil lograr un contrato en origen para trabajar como personal de limpieza, o de cuidados y ni siquiera funciona bien la reagrupación familiar.

Ya una vez dentro del país, la precariedad y la explotación de los migrantes es clamorosa, especialmente en el sector agrícola. Los temporeros extranjeros, sin contratos, sin seguridad alguna, malviven en chabolas y chamizos que se incendian cada poco, aunque la noticia apenas tenga ya hueco en los medios locales: sólo en las dos últimas semanas ha habido en Huelva tres incendios de este tipo; en uno de ellos murió un joven marroquí que era un invisible más de lo que nos recogen las frutas de nuestra mesa.

Vivir al límite, sin poder empadronarse porque los ayuntamientos les ponen trabas para que no figuren en su censo, sin atención médica ni social, sin posibilidad de acceder a viviendas dignas. Arriesgándose a ser objeto de identificaciones policiales que se basan en sus rasgos raciales, porque resulta que aún no tenemos en España una Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, conocida como Ley Zerolo, que sigue tramitándose años después de su muerte.

Tampoco pueden votar, salvo si hay un acuerdo bilateral con sus países de origen, como si no existieran, aunque los tenemos en los centros de día, atendiendo en las tiendas, de compañeros de trabajo. Vladimir Paspuel, de la asociación Rumiñahui, recordaba que un 25% de las personas que llegan a España tienen su título universitario, pero que los trámites de homologación son un reto casi imposible. Es el caso de Ahmed, un abogado africano que hoy es conductor de una compañía de coches de alquiler bien conocida: 12 horas cada jornada, seis días a la semana, por 1.200 euros brutos. No sabe cuánto aguantará su cuerpo.

Y, sin embargo, cuando se quiere, se puede, hay mecanismos que pueden activar, como señalaban desde Red Acoge. Así se ha visto en el caso de los refugiados de la guerra en Ucrania. Bienvenidos sean. Pero cuando no se quiere, dejamos a menores desamparados en las calles de nuestras ciudades, los judicializamos y gastamos en policías lo que debiera invertirse en medidas sociales. Luego hay consejeros de Asuntos Sociales que dicen que no los ven. Son invisibles.

“Si nos preguntan cuál es la medida más urgente, la reforma del Reglamento de Extranjería porque vemos que está aumentando la irregularidad sobrevenida, es decir, de quienes tenían la residencia en orden y ahora no puede renovarla porque sus circunstancias han cambiado. Hay que hacer una regularización ya”, señalaban las organizaciones.

Entre los avances, poco que contar: que por fin se vaya a ratificar el convenio 189 de la OIT para que las empleadas del hogar –colectivo migrante en su mayor parte- tengan los mismos derechos que otras trabajadoras europeas. Pero la lista de las mejoras ya efectivas es corta. La de las recomendaciones para ‘recuperar’ el suspenso es mucho más densa y cargada de tareas pendientes.

Para empezar, respetar los derechos humanos. Qué menos.