Los riesgos políticos del estado de alarma

A las 12 del mediodía empezaba el pasado viernes la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para aprobar el estado de alarma en Madrid. Todos los presentes llegaban con la sensación de que no quedaba otra, que se había intentado un acuerdo pero Madrid no lo quería. Esa idea de que Isabel Díaz Ayuso forzaba la aprobación por parte del Gobierno central.

“La paciencia tiene un límite”, según decía luego Salvador Illa. “No nos podíamos quedar con los brazos cruzados”, sentenciaba el sábado Pedro Sánchez en una rueda de prensa en Portugal. A los miembros del Gobierno no les quedaba otra salida que el estado de alarma y además lo hacían convencidos ante la situación en Madrid. Pero a nadie se le escapa la vertiente política y, sobre todo, la utilización por parte de la Puerta del Sol y de la calle Génova.

Incluso dentro del Consejo de Ministros, según fuentes gubernamentales, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, levantó la mano y arrancó un análisis político de la situación. Una de las ideas que lanzó fue la necesidad de explicar bien la decisión a los ciudadanos y el esfuerzo comunicativo que tiene que hacer el Ejecutivo sobre este tema. Le secundaron en esta idea la vicepresidenta tercera y titular de Economía, Nadia Calviño, y el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

Y es que los ministros y en la cúpula de los partidos socios, según fuentes socialistas y moradas, son conscientes de la estrategia de Ayuso y de Casado. Todas las culpas al Gobierno, y especialmente la fuerte crisis económica que ya azota a todo el país y a la capital. El equipo de Ayuso ha diseñado un plan para presentarse como la “víctima” y reforzar su figura política como contrapoder de Sánchez. 

El estado de alarma debe ser decretado por el Gobierno central en una reunión del Consejo de Ministros y, según el artículo 116 de la Constitución, durará quince días. A partir de ese momento, sólo puede ser prorrogado si cuenta con la mayoría en el Congreso de los Diputados. Las señales que emite ahora la Moncloa es que quieren que dure solo esas dos semanas y que se controle la situación sanitaria en este periodo. Pero además esperan rebajar la tensión política, algo que Madrid no está dispuesto a hacer: pide que se retire ya ese estado de alarma. “Criterios sanitarios, criterios sanitarios”, repiten en el Ministerio de Sanidad.

En este intento de dar normalidad a un estado de alarma se enmarca la estrategia también seguida por La Moncloa de que ni el propio Sánchez estuviera en el Consejo y mantuviera su viaje con el rey a Barcelona para limar asperezas. Ni siquiera compareció alguno de los vicepresidentes, encargándose de comunicar la decisión los ministros de Sanidad y de Interior. Es decir, se trata de trasladar el mensaje de que se siguen criterios epidemiológicos y no políticos. El propio Illa será el encargado de defender el decreto este jueves en el Congreso y no será Sánchez como pasó durante los meses de marzo a junio. El Gobierno repite una consigna: sólo le importa reducir la curva pensando también en los sanitarios y no va a entrar en argumentaciones políticas.

Uno de los grandes vértigos ahora en el Gobierno central es qué pasaría con una prórroga, pues el Ejecutivo central no tiene asegurados los votos en el Congreso. Además, sus dos posibles vías presentan muchas complicaciones. Si lo intentara con el bloque de la investidura, según reconocen fuentes socialistas, se encontrarían con la complicación de convencer a los partidos independentistas y nacionalistas, que siempre critican este tipo de intervenciones en las autonomías. Pero el otro plan debería pasar por Cs, que gobierna con el PP en la Comunidad. ¿Sería capaz Arrimadas de abrir ese frente?

El Partido Popular ha decidido poner el foco en ese supuesto “ensañamiento” de Sánchez con Madrid y se ha centrado en utilizar como contrapeso a Madrid la situación de Navarra. Pamplona no está confinada a pesar de tener más de 500 contagios por cada 100.000 habitantes y una incidencia de positividad por encima del 10%. Pero no cumple el tercer requisito planteado en la orden ministerial: tener un 35% de las plazas de UCI ocupadas por pacientes con coronavirus. En la Comunidad señalan que el criterio de los 500 ya se ha rebajado y que se trata de una cuestión personal de Sánchez.

A pesar de la imagen de confrontación, en el PP de Madrid creen que Ayuso ha engrandecido su figura durante estos días y se ha convertido en la gran referencia de la derecha en Madrid, hundiendo a su socio de Ciudadanos y engullendo también a parte de Vox, que apenas la critica y si lo hace, es para pedir que gobierne con ellos. Como dice un parlamentario popular: le sale rentable a Ayuso hacerse la “víctima”. Algunas encuestas reflejan esa sensación que argumentan los ‘populares’: la de NC Report para La Razón refleja que el PP hoy sería la fuerza más votada y lograría quince escaños más en la Asamblea.

La idea que quieren transmitir desde el PP de Madrid, como han repetido Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, este martes es que Madrid está “secuestrado” por Sánchez, que utiliza a los vecinos como rehenes en la riña política. La presidenta exige que se levante el estado de alarma y habla de diálogo, pero a la vez lo acompaña con críticas como que “dinamitar el Estado de Derecho con la excusa del bien común es el camino recto a la anarquía y a la vuelta a regímenes autoritarios”. Lo que todavía no aclara es si recurrirán al Constitucional el estado de alarma.

Esta situación también complica la labor de oposición del PSOE en Madrid, que tiene difícil ese papel de hablar de responsabilidad y estabilidad de los gobiernos y a la vez lanzarse al cuello de Ayuso. Hasta el momento se ha evitado presentar una moción de censura en la Asamblea aludiendo a que los números no dan, pero parece casi inevitable tener que presentarla ante la situación en Madrid y ante el riesgo de que las fuerzas a la izquierda se coronen como la verdadera oposición. Esta moción, ha dicho Ángel Gabilondo, se estudiará “con seriedad” una vez se estabilice más la situación sanitaria.

A pesar de que Ayuso se quiere hacer más fuerte en Madrid con su estilo ‘procés’, en el PSOE también entienden que al PP no le tiene por qué dar frutos en el resto de España. “No había más remedio”, resume sobre el estado de alarma un miembro de la Ejecutiva federal del PSOE, que añade sobre la presidenta regional: “A sus votantes los tendrá movilizados y enloquecidos, pero su imagen está por los suelos definitivamente”. Para apostillar: “Si esas cosas rentaran, lo estarían haciendo todos los del PP en las comunidades autónomas”.

De lo que son conscientes también los dirigentes socialistas es que esta batalla está llevando a generar también desafección en la política por parte de muchos ciudadanos. Pero insisten las fuentes consultadas en que sólo se actúa atendiendo criterios sanitarios y creen que la población lo entenderá perfectamente. En el decreto se establece que la autoridad delegada es el Gobierno pero que se conservan las competencias por parte de cada administración. Otra de las ideas que se quiere trasladar desde el Ejecutivo central es que se ha aplicado este estado de alarma como cobertura jurídica para llevar a cabo unas medidas necesarias recogidas en la orden del Consejo Interterritorial, pero tumbadas por el TSJM.

Todo ello con avisos constantes desde el Gobierno de que llevan semanas muy duras sanitariamente, con una segunda ola en plena expansión por toda Europa. Pero el estado de alarma tiene sus riesgos políticos. Y el jueves se espera un acalorado debate en el Congreso.