La Fiscalía pide seis años de cárcel para Ignacio González por amaños en las obras de un campo de golf

La Fiscalía pide seis años de cárcel para el expresidente madrileño Ignacio Gónzalez y su hermano Pablo por una de las piezas del caso Lezo, por el que fue detenido y enviado a prisión en 2017, la relativa a irregularidades en la adjudicación de las obras de un campo de golf en instalaciones del Canal de Isabel II.

Esta es la rama de la investigación por la que está procesado en la Audiencia Nacional junto a su hermano Pablo Manuel y otros tres encausados, uno de ellos también cuñado de González. La Fiscalía Anticorrupción ha remitido su escrito de conclusiones provisionales en el que pide seis años de cárcel para los cinco por dos delitos de cohecho, según ha informado el ministerio público este martes.

González, que estuvo más de seis meses en prisión preventiva por esta causa, también está procesado en otras dos piezas del caso Lezo, por las que la Fiscalía pide ocho y cuatro años de prisión para él; y figura como imputado en el caso Púnica, en la rama donde se investiga la presunta financiación irregular del PP de Madrid.

Adjudicaciones a la empresa de su hermano

Según explica la Fiscalía en un comunicado, en 2006, Ignacio González, entonces presidente del Canal de Isabel II; e Idelfonso de Miguel, director gerente, se valieron de sus cargos para “asegurar la contratación de la sociedad Tecnoconcret (TCT) en dos concursos públicos promovidos por dicho organismo”.

Una empresa, prosigue el ministerio público, “que carecía de todo medio para ejecutar los trabajos”, que estaba participada por los acusados José Antonio Clemente, Pablo Manuel González y Juan José Caballero, a quien la fiscal acusa como cooperadores necesarios. Los dos últimos, añade, “lo hacían de manera encubierta para ocultar” que eran hermano y cuñado del entonces vicepresidente madrileño.

“Esa contratación, de todo punto innecesaria e irregular” supuso para TCT un beneficio total de 504.780 euros -381.029 en el primer caso y 123.751 en el segundo- y “fue solicitada e impuesta de común acuerdo por todos los acusados a las adjudicatarias”, indica.

Además de las obras del campo de golf, González está imputado también por otras dos piezas: la compra de la empresa brasileña Emissao por el Canal en 2013, por la que la Fiscalía le pide ocho años de cárcel, y la presunta adjudicación irregular a OHL de la obra del tren de Navalcarnero en 2007, hechos de los que se exculpó al expresidente de la constructora Juan Miguel Villar Mir, aunque no así a su yerno y exconsejero de OHL, Javier López Madrid.