ECONOMÍA
06/06/2020 09:34 CEST

El FMI aplaude el Ingreso Mínimo frente a quienes hablan de "paguita": "Es una medida crucial"

"Las enérgicas medidas del Gobierno en esta crisis son enormemente bienvenidas", ha dicho su portavoz, Gerry Rice.

EL HUFFPOST
Gerry Rice, portavoz del FMI

Paraíso comunista”, “paguita”, “cartilla de racionamiento”... Son muchos los calificativos que la derecha y la ultraderecha ha utilizado para referirse al Ingreso Mínimo Vital, la medida social aprobada por el Gobierno la pasada semana. 

Sin embargo, nada de eso se corresponde con la opinión que tiene de esta prestación social el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo portavoz, Gerry Rice, aplaudió este jueves una medida que calificó como “crucial”.

“Asegurar el respaldo suficiente para los hogares más vulnerables es especialmente crucial”, indicó Rice, quien destacó, además, que “las firmes medidas de apoyo a los ingresos de los ciudadanos durante la actual crisis son bienvenidas”.

El sistema aprobado la pasada semana por el Gobierno español finalmente establece ayudas de entre 461 y 1.100 euros mensuales (500-1.200 dólares) en función del número de miembros de la familia, que se recibirán hasta que cese la situación de necesidad.

Rice, no obstante, indicó que “más allá de las necesidades inmediatas de estas crisis, será necesaria una revisión de cómo integrarlo efectivamente en los existentes diferentes niveles de apoyo al ingreso y asimilarlo a un plan presupuestario a medio plazo”.

“Asegurar el respaldo suficiente para los hogares más vulnerables es especialmente crucial”

En sus últimas previsiones globales, presentadas en abril, el Fondo pronosticó que la economía de España caerá un 8% en 2020 y la tasa de desempleo subirá desde el 14,7% con la que cerró 2019 hasta casi el 21%.

Este ingreso será el mínimo en toda España, pero podrá ser mejorado con otras ayudas de las autoridades regionales y dependerá de la composición, patrimonio e ingresos del hogar, con especial atención a familias con niños y monoparentales.

Se podrán acoger personas de entre 23 y 65 años o desde los 18 años con menores a cargo y un año como mínimo de residencia legal en España.

El coste anual para el Estado se calcula en unos 3.000 millones de euros anuales (un 0,24% del PIB de 2019).

Las previsiones iniciales del Gobierno apuntan a que unas 100.000 familias comiencen a cobrar en junio esta renta mínima, aunque el objetivo final es llegar a 850.000 familias y 2,3 millones de personas, la mitad de ellas niños.

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