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11/06/2019 07:30 CEST | Actualizado 11/06/2019 07:30 CEST

Fue un golpe de Estado, a la zorruna. Europa no entendería un indulto

La vida es dura; pero es lo que hay: toda rebelión tiene un precio.

Agencia EFE
Forn, Romeva y Junqueras, en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo. 

Cuando se aproxima el momento en que el presidente de la Sala II de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, diga la protocolaria frase final de “visto para sentencia”, cunde el nerviosismo entre los autores materiales e intelectuales del golpe de Estado, fallido, que se intentó llevar a cabo en Cataluña. En las defensas de los doce acusados, y los alegatos habidos y por haber, dentro y fuera de las instituciones, hay una línea clara: negar la mayor, o sea, tirar a córner las evidencias. 

Ahí Oriol Junqueras lo refleja fielmente: “No hemos cometido ningún delito, ninguno, votar no es delito”. Fue una reivindicación pacífica, tranquila, el clásico ejemplo hippie de ‘paz amor y fantasía’, sobre todo tras una dosis de LSD que metía en el cerebro un mundo onírico. 

No hubo, desde este punto de vista, rebelión, porque no hubo violencia, entendiendo violencia como se ha entendido ‘siempre’: turbas enfurecidas fuera de sí que asaltan las ‘Bastillas’, populacho enardecido que quema iglesias y mansiones de ricos y aristócratas; o al menos, algo con lo que los fanáticos metidos a redentoristas sueñan secretamente, porque hay cosas que aunque se piensen y se deseen no se pueden decir, no queda bonito, como diría Donald (pato) Trump con su lenguaje simplón. Un muerto, aunque sea por un infarto, por un resbalón en el tumulto, lo que sea, que para eso hay publicistas, al que luego hacer un héroe y después de los multitudinarios funerales un mito, con gente llorando contagiada por la emoción de las masas, una leyenda sobre lo que edificar otro cuento de la Cenicienta, lo que ahora se llama ‘un relato’. 

A lo largo del proceso al procés, la Justicia ha funcionado como tenía que funcionar. El presidente de la Sala del TS, el canario Manuel Marchena, que fue fiscal antes que magistrado, ha estado exquisitamente neutral, teniendo en cuenta, en cada gesto, en cada palabra, en cada iniciativa, que lo que calle o lo que diga podrá ser utilizado por los condenados en sus recursos a los tribunales europeos. Y, además, en la campaña victimista que ya se estará preparando. Solo falta subir el telón. Ya el decorado está sólo a falta de un par de detalles. La tramoya está lista. Los tramoyistas, a los que todo el mundo conoce, han cumplido con su trabajo.  

Nadie ha sido detenido y procesado por sus ideas; sino por haber intentado llevarlas a cabo vulnerando la Constitución.

El guion ha sido ensayado. La prisión provisional (que con casi toda seguridad, por el transcurso de la vista, será muy inferior a las penas que parecen deducirse de la gravedad de los hechos probados) ha sido utilizada por los insurrectos para fabricar un trampantojo de persecución, de falta de libertades. 

“Defender la independencia no es delito”, se ha oído decir con machacona frecuencia y con gran solemnidad, tanta que han llegado a engañar a esos extranjeros que ven todavía España como la veían los hispanistas y los viajeros del siglo XVIII y XIX, y aún de los primeros años del XX. Un país atrasado, pintoresco, anacrónico. Fuera de Europa y a veces fuera de sí.

Un escenario en blanco y negro. Algunos, hasta en esos comités que merodean por la ONU o que forman parte de la galaxia parasitaria siempre a mano, se lo han creído.   

Naturalmente, ‘defender la independencia no es delito’. Si lo fuera, si se persiguiera a los independentistas por el mero hecho de serlo y de exponer sus ideas no habría cárceles suficientes. Habría cientos de miles, un par de millones, quizás, de prisioneros. Los juicios serian tan numerosos como las misas de los papas. La prueba de que en España se puede ser separatista sin problemas es que en el ‘banquillo’, mullidos sillones y bancos de terciopelo granate en el Tribunal Supremo, solo se sienta un puñado de dirigentes que, además de defender la independencia, la quisieron imponer sin respetar las ‘reglas del juego’, vulnerando la Constitución, el propio de Estatut de Autonomía de Cataluña, e incurriendo en numerosos delitos de todo tipo. 

El número de imputados, condenados o pendientes aún de juicio en distintos tribunales es minúsculo en relación a los sucesos que tuvieron lugar. Nadie ha sido detenido y procesado por sus ideas; sino por haber intentado llevarlas a cabo vulnerando la Constitución y el Estatuto y un rosario de leyes para conseguir, en la práctica, los efectos de un golpe de Estado. 

Tampoco es ‘completamente cierto’ que no haya habido violencia en los días clave. Sentados en sus casas, ante las televisiones, millones de españoles vimos como ‘micromasas’ de unos centenares de personas, con niños y ancianos en plan ‘escudos humanos’, trataban de impedir a la Policía Nacional la entrada en los lugares en donde a pesar de las prohibiciones de los Altos Tribunales se habían colocado urnas para llevar a cabo un referéndum ilegal. Y vimos también como se insultaba a los agentes de la autoridad, cómo se les acosaba, como grupos numerosos acudían a los alrededores de las delegaciones del Gobierno, de las comisarías… 

Y no fue algo sobrevenido, imprevisto… Todo respondió a una minuciosa preparación. Era algo que se sabía de antemano. 

La reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la suspensión del pleno de la Cámara catalana del 9 de octubre de 2017 tras el referéndum ilegal del 1 de octubre en el que el presidente Puigdemont preveía declarar la independencia, empieza a ordenar el caos desde el punto de vista de la legalidad supranacional europea. 

Hay un punto de partida (para todos los recursos que llegarán en cascada a Estrasburgo tras la próxima sentencia del Tribunal Supremo, donde no parece probable que haya una declaración de inocencia para todos los encausados) que han establecido los jueces del TEDH con claridad y contundencia: rechazan la demanda de la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell y otros 75 diputados separatistas, contra la decisión del Tribunal Constitucional de impedir la sesión del parlamento autonómico, porque “había que preservar el orden constitucional”. 

Los jueces europeos consideran que la suspensión del pleno era “necesaria en una sociedad democrática”, por una serie de razones elementales pero que hasta la fecha no han ‘entendido’ los independentistas: porque en la democracia está permitido todo excepto lo que no está permitido, como es la ruptura de la legalidad sin respetar las reglas. 

La vida es dura; pero es lo que hay: toda rebelión tiene un precio. Ni Puigdemont, ni Torra, ni Maragall bis, etc., deberían olvidarlo.

Por eso los magistrados de Estrasburgo consideran que la decisión de la mesa del Parlament de autorizar el pleno a pesar de las ordenes del TC suponía un “irrespeto manifiesto de las decisiones del Tribunal Constitucional”. 

Esta decisión de Estrasburgo apunta claramente en una dirección. Hay que respetar la Constitución. ¿La respetaron quienes diseñaron con la ‘astucia’ que aconsejaba Artur Mas, y con las marrullerías con que se llevó a cabo, el procedimiento para la desconexión de Cataluña con España y para la famosa DUI, o sea, Declaración Unilateral de Independencia?

Mientras tanto, anticipándose a lo peor, desde el orbe separatista –con la ‘comprensión’ típica del PNV en este tema, y con la cerrada defensa de Podemos y compañía- ya se da por hecho que el Gobierno de Sánchez indultaría a los condenados. Pero aunque parezca probable, es prácticamente imposible que ocurra en un hecho de tanta gravedad. Primero, el TEDH se sentiría burlado; los gobiernos europeos no entenderían una decisión que per se es irrespetuosa con las decisiones de los tribunales; y porque provocaría un alud de denuncias y recursos y un fuerte rechazo político y social en España. 

También un indulto de esta naturaleza volvería a convulsionar al PSOE… Y Pedro Sánchez ya no es, o por lo menos eso parece, aquél imprudente y temerario político que se ha hecho a sí mismo. Ha tomado nota de sus fracasos, y a diferencia de Casado, Rivera, Abascal, Iglesias-Montero, hay que sacar conclusiones no solo de sus palabras sino de sus muchos silencios y medias sonrisas. 

Quiere estar en el núcleo duro del liderazgo europeo con Macron y otros pocos estadistas para sacar a Europa del marasmo y alejarla del precipicio del nacionalismo, el populismo y los extremos.

Indultar a los dirigentes golpistas tendría demasiadas secuelas indeseadas, y encima no se entendería en la UE. La vida es dura; pero es lo que hay: toda rebelión tiene un precio. Ni Puigdemont, ni Torra, ni Maragall bis, etc., deberían olvidarlo.

 

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