El Gobierno dirigirá el proceso de desescalada y pide unidad de acción a las comunidades
Los consejeros autonómicos han presentado sus propuestas y piden medidas "más ambiciosas" al ministerio.
Tercera reunión entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas en lo que va de semana. El Gobierno central y los regionales han vuelto a encontrarse en un Consejo Interterritorial de Salud para comenzar a definir una hoja de ruta hacia la desescalada del confinamiento por el coronavirus. Sin embargo, el camino hacia el acuerdo pleno se antoja largo.
En la sesión telemática, Salvador Illa ha planteado un documento de trabajo calificado de “escaso” por diversos representantes autonómicos, ha pedido unidad de acción y ha advertido que será el Ejecutivo nacional quien dirija esta fase de “vuelta hacia la nueva normalidad”.
De este modo, el ministro de Sanidad quiere marcar el camino a los 17 consejeros autonómicos, que también han expuesto sus iniciativas. Entre ellas, la vuelta a las clases presenciales antes del final de curso, la relajación de las medidas restrictivas de la movilidad, en referencia a la actividad física, o la reapertura gradual de determinados establecimientos.
Este tercer encuentro se ha producido después de que Illa y posteriormente Pablo Iglesias anunciasen que desde este domingo los menores de 14 años podrán salir a dar un paseo, primera de las medidas que relajan la actual situación de confinamiento. Sin embargo, ha sido el propio ministro el que ha descartado tomar otras similares “por el momento”.
“Son medidas escasas que la Comunidad de Madrid ya cumple. Esperamos una mayor ambición y mayor velocidad en la toma de decisiones”, ha señalado el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Osorio.
Algunas comunidades alzan la voz
En la reunión han sido varias las autonomías que han tomado especial protagonismo. Entre ellas, Canarias, el territorio con menor incidencia del coronavirus, que ha apuntado a este lunes como fecha para comenzar un “relajamiento” por etapas sin descartar pasos atrás si fuera necesario.
Cataluña, por su parte, reclama gestionar su desescalada, un plan que aprobará previsiblemente este sábado y que contempla una apertura en cinco fases y test masivos. Así, autorizaría primero el retorno de las personas sanas a los puestos de trabajo no esenciales, y después su salida a la calle; la apertura de bares y restaurantes y la celebración de actos con menos de 30 personas; la apertura de centros educativos; y, en último lugar, de negocios con aforo superior a 30 personas y acontecimientos culturales y deportivos con público.
La consejera de la Generalitat, Alba Vergés, ha reclamado este viernes corresponsabilidad al Ministerio de Sanidad en la toma de decisiones respecto a la pandemia de coronavirus: “No somos una gestora del sistema de salud”. “Seguiremos trabajando en el plan de desconfinamiento del Govern”, ha asegurado tras de participar en el Consejo Interterritorial de Salud. Ha acusado al Ejecutivo central de imposición y centralización de las decisiones, pero ha insistido en su voluntad de trabajar en coordinación y ha concretado que el Govern “no quiere saltarse el Estado de Alarma”.
País Vasco, cuyo lehendakari ha planteado hoy celebrar las elecciones en julio, también reivindica poner en marcha medidas propias y cuenta ya con el llamado “Plan vasco de transición a la nueva normalidad”, que prevé implantar a partir de la segunda quincena de mayo con la apertura “limitada” de pequeños comercios y peluquerías, pero no de bares, restaurantes ni locales de ocio. Sí plantea autorizar la actividad física al aire libre individual y por tiempo limitado, e incorporar progresivamente al personal de la administración pública.
El presidente de la Xunta de Galicia Alberto Núñez Feijoo, ha defendido dejar salir a los ciudadanos “como mínimo una hora” para hacer ejercicio y que se estudien aperturas comerciales controladas. Igualmente, ha abogado por una desescalada “por zonas y subzonas”, teniendo en cuenta que la situación del mundo rural nada tiene que ver con las ciudades.
Comunidades como la valenciana, Cantabria, Murcia, Aragón o Extremadura barajan asimismo desescaladas asimétricas en función de las necesidades de cada zona, con experiencias que pueden servir de laboratorio para el futuros.
