POLÍTICA
03/09/2019 15:44 CEST | Actualizado 03/09/2019 15:51 CEST

Granados, cabecilla de una trama que saqueó 15 millones de euros a coperativas de profesores, según el juez de la Púnica

Según la pieza separada de la trama, “usaba sus influencias políticas” para que los ayuntamientos cedieran suelo “a un precio muy inferior al de mercado".

El HuffPost
Francisco Granados y Esperanza Aguirre, en una imagen de 2010.

El ex consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y número 2 del PP en la región, Francisco Granados, lideró una trama que entre 2002 y 2014 saqueó más de 15 millones de euros a cooperativas de profesores en la construcción de colegios concertados en municipios de esta y otras comunidades autónomas. Este es el relato de los hechos que recoge el auto del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón para formar una pieza separada, la número 11, que permita juzgar aisladamente esta rama de la trama Púnica. En esta operación ayer se hizo oficial la imputación de las expresidentas de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre.

Conforme explica, el corazón del negocio era Alfadel, la promotora de Alfonso Ferrón del Río y el “patrón” era “el mismo” en todos los casos investigados: La empresa constituía cooperativas para promover la construcción de colegios concertados y exigía a los cooperativistas amplios poderes para la gestión del proyecto, desde autorización para contratar servicios hasta firma en las cuentas bancarias para pagarlos.

Era así como Ferrón les cargaba facturas falsas emitidas por otras empresas de la trama ―las de David Marjaliza y José Luis Capita, ambos investigados― y conseguía el dinero con el que luego abonaría comisiones y dádivas a técnicos y políticos mientras él “se procuraba ingentes beneficios”, hasta el punto de que ha acabado imputada su mujer por aflorar en forma de lujos este dinero de origen ilícito.

El colegio, no obstante, se construía. Según el auto del juez, el primer paso era “un concierto criminal” en el que Ferrón, Marjaliza, Capita y el ex alcalde de Cartagena, José Antonio Alonso, también investigado, “definían en qué Ayuntamientos podrían establecerse las cooperativas de profesores, que cambios de planeamiento del PGOU había que realizar, la tramitación de los concursos necesarios, la obtención de licencias y todo ello acompañado del pago de sustanciosas comisiones que se repartían entre los regidores y técnicos de los ayuntamientos”.


Granados, por su parte, habría sido determinante. El juez, en línea con las tesis de Fiscalía Anticorrupción, expone que primero como alcalde de Valdemoro y luego como secretario general del PP de Madrid y número 3 del Ejecutivo regional, “usaba sus influencias políticas” para que los ayuntamientos cedieran suelo “a un precio muy inferior al de mercado con el argumento de que el colegio concertado era un servicio público de interés”.

Según la tesis de los investigadores, este dinero salía de los cooperativistas y a sus espaldas pues Ferrón, “utilizando facturación falsa del resto de los investigados -Marjaliza, Capita y Alonso― atendió pagos contra los saldos de las cuentas de las cooperativas, para fines ajenos a estas” que “se concertaron con facturación simulada para el vaciamiento de los fondos de las cooperativas de la enseñanza”.

Las irregularidades no atendieron a mejorar el sistema de enseñanza, sino a obtener un ilícito enriquecimiento personal

“Las facturas y comisiones de estos últimos, encubrieron los pagos de dádivas que repartieron entre los Alcaldes y Técnicos de varios municipios de Madrid, facilitando Alfonso Ferrón los fondos de los sobornos y la documentación simulada de cobertura”, expone el auto de imputación.

En total, el auto cifra en algo más de 19 millones de euros los fondos que Alfadel obtuvo de 19 cooperativas y en 12,1 millones de euros los ingresos obtenidos por las empresas vinculadas a David Marjaliza, José Luis Capita y José Antonio Alonso con esta trama que pivotaba en torno a la construcción de colegios concertados.

Las irregularidades, añade el juez, “no atendieron a promover o mejorar el sistema de enseñanza de sus respectivos municipios, sino que se dirigieron fundamentalmente a obtener un ilícito lucro para su enriquecimiento personal” con un perjuicio para los cooperativistas que se estima en 15 millones de euros, “importe al que ascendió todo el aprovechamiento ilícito que se realizó de los proveedores, constructores y arquitectos de las cooperativas”.

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