POLÍTICA
04/10/2021 07:05 CEST

Guía para no perderse ante la declaración de Puigdemont en Cerdeña

El expresident catalán fue detenido el 23 de septiembre y quedó libre tras 24 horas arrestado. Ahora los jueces italianos deben decidir sobre su extradición a España.

CLAUDIA SANCIUS / EFE
Carles Puigdemont, junto a su abogado, Gonzalo Boye, a su llegada al Aeropuerto de Alghero, en la mañana del domingo. 

Este lunes, el expresident de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, tiene una cita con la justicia en Sassari (Cerdeña). Los jueces italianos tendrán que decidir si, como reclaman sus colegas españoles, lo extraditan por su causa pendiente por el procés independentista y los supuestos delitos de sedición y malversación de caudales públicos, o lo dejan en libertad y, de ser así, en qué condiciones. 

Es el enésimo episodio de una trama que arrancó en el otoño de 2017, cuando Puigdemont se marchó de Cataluña y se instaló en Waterloo (Bélgica), donde se han puesto trabas a su arresto en función de una euroorden emitida desde España. Un tiempo en el que ha sido arrestado dos veces, en Bruselas y en la frontera entre Alemania y Dinamarca, sin mayores consecuencias. ¿Qué ocurrirá ahora? El presidente de Junts per Catalunya asegura que acudirá al juzgado, que no rehuirá la convocatoria, que está “preparado” para asumir cualquier decisión. De hecho, este domingo ha aterrizado en la isla sarda a primera hora de la mañana, acompañado de su equipo legal. 

Estas son las claves para seguir una jornada que puede dejarlo todo igual o cambiar la historia, cuatro años después de iniciada. 

La cita

Puigdemont fue detenido el pasado 23 de septiembre en la isla de Cerdeña por miembros de la policía italiana, cuando se disponía a participar en un evento institucional organizado por el síndico de Alghero, un festival de folclore sardo-catalán. Fue arrestado en cumplimiento de la Orden Europea de Detención y Entrega cursada por el instructor del procés, el juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena.

Puigdemont estuvo 24 horas en una cárcel de máxima seguridad de la zona pero, finalmente, fue puesto en libertad sin medidas cautelares. Eso sí, fue citado para este lunes 4 de octubre, a las 11 de la mañana, para declarar y revisar su situación. Tras pasar el fin de semana en Italia, donde recibió la visita del president catalán actual, Pere Aragonès, y donde celebró encuentros con catalanes desplazados hasta allí, el lunes pasado regresó a Bruselas y retomó su actividad como europarlamentario, acudiendo de inmediato a una comisión de Comercio Internacional. 

Puigdemont tiene precisamente pleno esta semana, pero aún así ya está en Cerdeña para declarar. 

Qué hay que decidir

Los jueces italianos tienen que decidir si Puigdemont es extraditado a España, donde se le busca para juzgarle como a los demás procesados, condenados e indultados del procés. Hay que dirimir su situación en función de dos elementos: si está en vigor la orden de arresto en territorio europeo, la llamada euroorden, que es la que da el marco legal al proceso, y si Puigdemont puede o no ser arrestado y extraditado, siendo como es un diputado europeo, cargo que lleva aparejada la inmunidad pero que justo a él le fue retirada a petición del juez Llarena. 

La euroorden -que implica además a otros tres líderes independentistas fugados de la justicia española: Lluis Puig, Toni Comín y Clara Ponsatí- se emitió el 14 de octubre de 2019, desde el Tribunal Supremo, que es quien lleva el caso. El juez Llarena la firmó y entiende que hasta que él no dé una contraorden y la retire o suspenda, sigue en pie. Sin embargo, se pidió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se pronunciara sobre el alcance de esta euroorden, dada la reticencia de Bélgica a aplicarla, y hay quien entiende que esa cuestión abierta paralizaba la euroorden temporalmente, hasta que se aclare el asunto y haya un pronunciamiento final. 

El pasado jueves, el Supremo pidió formalmente a Italia que entregue a Puigdemont y en su escrito insiste en este extremo. Las recomendaciones de la UE a los tribunales nacionales sobre estos procedimientos establecen que la presentación de una petición como la que se traen entre manos implica la suspensión del procedimiento, como una medida de precaución, pero el juez Llarena recuerda que es eso, una recomendación, que no es obligatorio hacerlo, que la decisión es del tribunal nacional de turno -el TS español, en ese caso-, y que como él no ha firmado una revocación o freno, la euroorden se mantiene activa.

A su entender, la naturaleza de los hechos que se quieren enjuiciar hace necesario que así sea, esto es, que se pueda detener y extraditar a Puigdemont sin tener pronunciamiento aún sobre la consulta. “Son decisiones que sirven a que el evadido quede a disposición de la Justicia y pueda abordarse un enjuiciamiento que -hasta ahora- ha estado impedido por la fuga”, advierte el magistrado en el texto, difundido por El País

Ahora en Italia deben sopesar si la euroorden, a su juicio, está o no viva, cuando los jueces belgas y alemanes que se enfrentaron antes a esta cuestión acabaron dejándolo libre ante las dudas que generaba el caso. Es lo que se hizo en su arresto de la pasada semana y es lo que se cree que sucederá este lunes, probablemente. 

Llarena, en su escrito, se muestra molesto porque la Abogacía del Estado envió envió un escrito al Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), para revisar la inmunidad del político catalán, en el que decía que la euroorden estaba suspendida, cuando no es así. Nunca, afirma, ha habido una comunicación Supremo-Gobierno sobre este extremo, por lo que se queja de la confusión generada, que para él no existe: la euroorden sigue en pie, remarca. 

El otro debate es el de la inmunidad. La defensa de Puigdemont cree que la lleva de suyo por el cargo que ostenta en el Europarlamento, donde tiene escaño desde las elecciones de 2019. Sin embargo, en marzo pasado, el pleno de la Eurocámara decidió retirarle esa inmunidad a él y a Comín y Ponsatí, todos miembros de Junts. El fallo respondía al suplicatorio del Supremo español y permitía reactivar las euroórdenes de detención en su contra y solicitar su extradición a España para ser juzgados ante un tribunal local, como el resto de políticos del procés.

El juez Llarena alega siempre que los hechos imputados a los líderes independentistas como Puigdemont eran muy anteriores a su elección en Bruselas y no guardaban relación alguna con su actividad en la Eurocámara, de ahí su defensa de que se les levante la inmunidad.

El viernes pasado, el equipo legal de Puigdemont presentó un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea pidiendo que le devuelva la inmunidad como eurodiputado. Era lo esperado, por más que el caso se revisara ya en julio y se decidiera seguir manteniendo esa suspensión. Entonces se entendía que ni Puigdemont ni los demás exconsellers necesitaban con urgencia esa inmunidad porque no había riesgo de arresto sobre su persona. No obstante, los jueces dejaban la puerta abierta a pedir medidas “cautelarísimas” si cambiaban las tornas y ese riesgo se manifestaba.

El arresto en suelo italiano ha supuesto un giro, la rendija que dejaba el camino libre a su defensa, y por eso se ha empleado, como ya había avanzado Gonzalo Boye, el abogado encargado de coordinar su estrategia judicial. También alega que el expresidente catalán continúa gozando de inmunidad parlamentaria para poderse desplazar a las reuniones de la Eurocámara y ejercer como eurodiputado.

Después de que el Parlamento Europeo votara en marzo a favor de levantarles la inmunidad para que los tribunales belgas pudieran valorar su entrega a España, Puigdemont y sus compañeros recurrieron la decisión, pero aún no se ha celebrado la vista al respecto. El proceso, si nos atenemos a casos previos, puede durar casi un año más en completarse. 

No es sólo sí o no

Los jueces italianos no sólo tienen la patata caliente de decidir sobre la extradición, sino de ver las condiciones para ejecutar tanto su partida, si llega, como su liberación, si llega. Lo que le pide Llarena en su escrito es la “entrega inmediata” de Puigdemont pero también da pautas de actuación en el caso de que sus abogados presenten recurso -como ha pasado- y recupere su inmunidad de europarlamentario -lo que está por decidir- : reclama que se adopten “las medidas que puedan entenderse precisas” para garantizar su entrega cuando vuelva a perder la protección como europarlamentario.

Es un ruego para que no archive el proceso aún si lo deja libre por estar blindado, que mantenga la causa y actúe en los márgenes que le queden, que tampoco son muchos. Por ejemplo, se podría exigir a Puigdemont que comparezca de forma periódica en los juzgados sardos. Eso no afectaría a su recuperada inmunidad ni supondría una extradición. 

Lo que se espera

La previsión para este lunes es que el tribunal de Cerdeña avale la interpretación de la juez de guardia que atendió en primera instancia el caso de Puigdemont y que entendió que la euroorden está suspendida y que el europarlamentario catalán es inmune. 

Pero hay que darle una vuelta a los alegatos presentados en estos días tanto por la defensa como por el Supremo y escuchar de nuevo al expresident. Se puede dar el caso de que lo deje libre definitivamente, de que lo cite a declarar más adelante en función de esos documentos recién recibidos o que acepte la petición de Llanera y lo mande a España. Si Puigdemont no se presenta en el juzgado, algo que dice que no ocurrirá, el caso se archivaría. 

Tanto Boye como el abogado italiano Agostinangelo Marras, de los asesores locales del expresident, indicaron ayer a Efe que lo que se decida este lunes “no será inmediato”, se dé el paso que se dé. Marras, en una entrevista emitida en la cadena catalana Tv3, descartó que se pueda decidir una medida cautelar para Puigdemont. En todo caso, como cualquier decisión de un tribunal puede ser impugnada ante el Supremo con un simple recurso, por lo que no habrá ninguna acción inmediata, apuntaron los abogados

Marras explicó que el Tribunal de Apelación de Sassari tiene 60 días para decidir, más cinco días para dar la oportunidad de presentar un recurso, y después el Supremo debería dar un veredicto en 10 días. En este caso, como precisó el Ministerio de Justicia italiano, la euroorden lleva un procedimiento diferente a las ordenes de extradición entre países por lo que no se necesita ninguna autorización ministerial.

Las autoridades italianas han informado de que Toni Comín -que ha viajado con el expresidente catalán a Cerdeña- y Clara Ponsatí -que ya estaba en la isla-, no serán detenidos por esta estancia en su territorio, aunque sean también huidos de la justicia española. Roma ha incluido un aviso en el sistema Sirene, el mecanismo de coordinación policial entre los países de la zona Schengen, informando de esta decisión. 

De momento, el arresto y nueva declaración de Puigdemont ya provocó manifestaciones y concentraciones de repulsa, especialmente en Cataluña, por lo que un revés judicial podría tener también consecuencias en las calles. Este lunes, en Sassari, se espera una manifestación de los independentistas sardos en apoyo del catalán y también se anunció una contramanifestación de Vox, aunque no ha sido confirmada, con la presencia de la diputada y secretaria jurídica del partido ultraderechista Marta Castro

Todo, pendiente de un juzgado sardo. 

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