Imagen de una oficina de la Agencia Tributaria en Madrid.
EFE
Imagen de una oficina de la Agencia Tributaria en Madrid.
POLÍTICA
07/11/2019 07:13 CET | Actualizado 08/11/2019 15:50 CET

Hablan los empleados públicos: "Hay que recordar a los políticos que también son servidores públicos"

Médicos, profesores, policías, trabajadores sociales... 2,5 millones de empleados públicos también votarán el próximo 10-N.

“El voto de los 2,5 millones de empleados y empleadas públicas volverá a ser decisivo en las próximas elecciones generales y nos leeremos con lupa los programas”. Son las palabras de Miguel Borras, presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el pasado 11 de octubre. Este domingo, estos trabajadores también irán a las urnas y, cada grupo, espera ver en las promesas de los partidos reflejados sus intereses y necesidades. 

En 2010, las personas que trabajan en la Administración Pública fueron uno de los colectivos de trabajadores más afectado por la crisis, con grandes bajadas de sueldos durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Desde entonces, han sido utilizados como moneda de cambio en las campañas electorales: congelación de sueldos, recortes, despidos... Además de que se sienten vistos como “los culpables de la crisis y los mejor parados”, como señala Carolina Hernaiz, trabajadora social, a El HuffPost. 

La temporalidad supera al sector privado

Pero defienden que no es así, ni mucho menos. Y por ello reclaman la mejora de empleos y condiciones, la renovación de los puestos de trabajo, la subida salarial para 2020, la agilización en ofertas de empleo público y de estabilización de plazas interinas… Actualmente la EPA revela una temporalidad de casi el 30% en el sector público, superando ya la del privado y desde el inicio de la crisis el sector público arrastra una pérdida de 77.900 empleos. 

Desde el CSIF piden al futuro gobierno la negociación de un nuevo acuerdo de mejora de empleo y condiciones laborales y retributivas de las personas trabajadoras de las administraciones públicas; 35 horas semanales en todas las administraciones públicas; jubilación voluntaria a los 60 años a todos los empleados públicos; reversión de los servicios públicos externalizados y reforma de la Ley Orgánica de la Ley Sindical.

Las personas que trabajan en la Administración Pública tienen una serie de reclamos comunes pero cada uno, en su sector y nivel de administración, tiene una serie de prioridades concretas. Los médicos hablan de ausencia de personal, guardias eternas y deterioro de material e infraestructuras, los educadores de la inactividad de los políticos en cuanto a mejoras en las aulas, los trabajadores sociales de la falta de recursos… 

Sanidad: “Lo sacamos adelante por vocación, no por las condiciones”

Cuando se piensa en los empleados públicos, no es común llegar a la conclusión de que tienen los trabajos que más determinan la vida del ser humano. Pero es así. Un ejemplo de ello son los médicos: la Sanidad es uno de los pilares básicos del Estado de Bienestar y España es famosa por tener la más eficiente de Europa, hasta el punto de ser un país donde ya es común el turismo sanitario.

Pero los trabajadores denuncian que el sistema sanitario público está muy deteriorado debido a los estragos de la crisis. Muchos médicos lamentan tener que “gestionar la miseria” cada día en sus consultas: guardias eternas de más de 24 horas, deterioro de las instalaciones, falta de camas (incluso para los niños) y de personal... 

Reclaman “reforzar y potenciar unos mejores servicios sociosanitarios a nivel poblacional, porque el envejecimiento de la población genera nuevas necesidades básicas que serán importantes en el futuro”. Así lo afirma Miguel Ángel Sánchez Chillón, presidente del Colegio de Médicos de Madrid, quien además señala que “se tiene que empezar a velar por cuidar no sólo a las estructuras o infraestructuras más serias del país, sino también a los profesionales”. 

Opina que la Sanidad pasa también por una crisis: “Estamos bien dotados pero empieza a haber una obsolescencia de materiales y servicios”. Lamenta la carencia de profesionales médicos y cree que se debe a que “no se reconoce el trabajo que se está haciendo”. “Se está sacando más adelante esto por vocación que por las condiciones laborales que tenemos”, asevera. 

CARLOS PINA
Miguel Ángel Sánchez Chillón

“La inestabilidad política”, critica Sánchez Chillón, “genera que los programas electorales no se desarrollen”. Por eso entre su gremio hay una “sensación de temporalidad continuada que hace que repercuta negativamente sobre todos los servicios sanitarios”. Los primeros en notarlo son los trabajadores de la Sanidad Pública pero, los segundos, los ciudadanos, debido al impacto directo que tiene sobre ellos. “El hecho de que los últimos años hayamos notado un deterioro en los servicios sanitarios públicos es, en gran parte, debido a la inestabilidad política, teniendo que subarrendar servicios a empresas privadas”, concluye. 

 Educación: la inacción la pagarán las nuevas generaciones 

Los médicos salvan vidas y los profesores las modelan. De un sólo docente puede depender el futuro de un menor. Tanto para lo bueno como para lo malo, la labor de un profesor también puede salvar personas. En un aula de la Asociación de Profesores de Madrid, en una pizarra se lee una cita: “La enseñanza que deja huella es la que llega a la emoción”. En uno de los pupitres el presidente de la Asociación, Carlos Fernández, explica a El HuffPost que tanto él como sus compañeros esperan que el nuevo gobierno “se dedique a invertir en Educación”.

Se queja de la ausencia del tema educativo en los debates electorales y pide “que se dejen de mandangas e inviertan”, ya que lo considera condición necesaria para la mejora de su sector. “Necesaria, pero no suficiente, ya que hay que gasta el dinero de manera inteligente”, asegura, “pero si no hay dinero en la mesa, no hay nada que hacer”. 

CARLOS PINA
Carlos Fernández

Fernández cree que los políticos no se deben “enfrascar en menudencias como la polémica de Educación por la Ciudadanía, que tendrá su importancia, pero no es lo más prioritario en este país”. Su opinión respecto a las necesidades en materia de educación es clara: “Estamos ante unas elecciones y ante una crisis inminente y a los profesores no nos importa tanto la crisis de ahora mismo, sino cómo van a enfrentar nuestros alumnos la que va a haber dentro de 15 ó 20 años”. Esto dependerá de “la cualificación que tengan y de sus capacidades”. 

Cuando el padre de Fernández tenía su edad, “era un trabajador no cualificado con esposa y dos hijos, se compró un piso y con un sueldo vivíamos todos”. “Una generación después yo soy un trabajador cualificado con dos carreras y un máster, mi mujer es abogada, no tenemos hijos y ahora mismo no ahorramos un euro”. Por eso le preocupa la generación siguiente: “Uno de los factores de los que dependerán los jóvenes es de su cualificación”. Lo mínimo para mejorarla, dicen, es que se respete la normativa europea de alrededor de una veintena de alumnos por clas.“En España aumentó con los recortes del Gobierno de Rajoy y no ha mejorado: ahora mismo en la Comunidad de Madrid encontramos unos 30 o 35 alumnos por clase”. 

Lo triste es que sí que hay un pacto, el de la inacción

¿Pacto de Estado en materia de Educación? A Fernández ya le da igual cómo lo llamen, sólo quiere que haya un “consenso positivo”: “Lo triste es que sí que hay un pacto, el de la inacción”, critica.

Desde 1970, han sido siete las leyes aprobadas en torno a este ámbito. La LGE en 1970, la LOECE en 1980, la LODE en 1985, la LOGSE en 1990, la LOPEG en 1995, la LOCE en 2002, la LOE en 2006 y la LOMCE en 2013. A pesar de todos estos cambios, los docentes critican que en lo fundamental “no ha cambiado nada”: “Da igual cómo llamen a las leyes, pero la inacción sigue presente”. 

Esta inacción afecta directamente a los alumnos: “Hemos tenido durante los últimos años alumnos de 2º de Bachillerato a un mes de selectividad y con un profesor de baja que saben que no va a ser sustituido”. Fernández recuerda que este tipo de cosas “no ocurre en los centros privados”, lo que da lugar a una “diferencia de rasero si hablamos de igualdad de oportunidades”. El principal elemento que pone en marcha el ascensor social y el que contribuye a la igualdad de oportunidades es la educación, “así que si no se mete energía en esto, no funcionará el ascensor social”, sentencia el profesor.

Los funcionarios de prisiones: lejos de casa, jornadas eternas y riesgos evidentes 

Otro colectivo de trabajadores públicos que han puesto de manifiesto la necesidad de mejorar de sus condiciones de trabajo son los funcionarios de prisiones. Desde la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP-UGT) se quejan de que la especificidad de su función hace que se les “excluya de la gran mayoría de concursos”, que desarrollen una actividad de 365 jornadas de mañana tarde y noche y que la ubicación geográfica de sus puestos de trabajo se sitúa lejos de los núcleos urbanos. 

“Estamos considerados personal dependiente de los servicios periféricos de la Administración del Estado lo cual es susceptible de caer en la diversidad de interpretación de la actual normativa en materia de función pública por parte de los responsables de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno”, señalan desde la ACAIP-UGT. Por ello creen que es necesaria la creación de una nueva normativa y una regulación que garantice la consideración de funcionarios civiles de la Administración sin que se les excluya del Estatuto Básico del Empleado Público. Creen también necesaria la adscripción al Ministerio de Justicia, “somos el único país europeo con Hungría en el que se nos incluye en el Ministerio de Interior” y que deben ser considerados legalmente agentes de autoridad.

EFE
Funcionarios de prisiones

 

Reclaman también una reclasificación de los centros penitenciarios, ya que la actual viene de los años 80 y la consideran “arcaica” al no reconocer nuevas funciones o características; la adecuación de los horarios a sus necesidades, la aprobación de un nuevo organigrama con nuevas funciones, la recuperación de los efectivos perdidos durantes los últimos años o la convocatoria periódica de concursos. 

La actividad de los funcionarios de prisiones tiene riesgos concretos. Por eso insisten en el desarrollo de un estudio adecuado de riesgos psicosociales y de enfermedades profesionales, generando una serie de soluciones adecuadas a cada caso y la solventación de la problemática de las agresiones en los centros penitenciarios. Consideran importante la creación de un sistema de segunda actividad o jubilación anticipada y el cambio de nombre del cuerpo de ayudantes. 

Trabajadores sociales: “Los políticos sólo hablan de Cataluña”

En prisión también trabaja Carolina Hernaiz, pero ella es trabajadora social: “El servicio que hago es público”. Para ella, uno de los grandes problemas es que “el panorama político está muy enfocado a temas como Cataluña y otros pocos temas más”. Ella ya no cree en los partidos políticos, pero no cree “porque los políticos han perdido el concepto de que también son servidores públicos”. Y anima a la sociedad civil a recordárselo a quien gobierne en cada momento: “Tanto la sanidad como la educación como las prisiones somos empleados públicos y el ciudadano debe entender que los servicios públicos son suyos”. 

“No se habla de precariedad, ni de seguridad laboral, ni de retribución del empleo, de planes de igualdad...”, explica, “no tenemos herramientas y creo que preocupa bastante poco”. Su trabajo, defiende, es importante porque se trata de personas a las que se aparta de la sociedad y luego tienen que reinsertarse, “eso preocupa a todos los ciudadanos”. “Si no tenemos herramientas, no podemos trabajar en esto”, sentencia. 

Hernaiz critica la “falta de personal y el envejecimiento de los funcionarios de la Administración General del Estado”. Y espera algo de la próxima legislatura: “Que se planteen el desarrollo del Instituto Básico del Empleado Público”.

Médicos, profesores, policías, funcionarios de prisiones, trabajadores sociales, basureros... Los empleados públicos tienen el Estado de Bienestar en sus manos y seguir descuidándolos a ellos sería un error político que afectaría, no sólo a los 2,5 millones de trabajadores públicos, sino a toda la ciudadanía.