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05/06/2020 09:35 CEST | Actualizado 05/06/2020 09:35 CEST

Hacer un 'kriminalpolizei'

Toda la actividad policial de las grandes estructuras tiene que estar tutelada por los jueces y fiscales, de eso no tiene que quedar ninguna duda.

picture alliance via Getty Images
Policías alemanes.

El Real Decreto 769/87 de 19 de junio sobre la regulación de la Policía Judicial vino a completar lo que se disponía en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en la de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, pero sobre todo a dar cumplimiento al artículo 126 de la Constitución.

El conjunto de las policías eran y son policía judicial, pero se pensó que con la creación de Unidades de Policía Judicial, con dependencia funcional directa de jueces y tribunales, se iba a dar por finalizada la dicotomía Judicial-Gubernativa, y la doble pertenencia, ese constante servir a dos señores, fuente de roces y conflictos tanto a nivel institucional como personal, lo que iba en detrimento del funcionamiento de la maquinaria de justicia. 

Si ahora leemos con detalle el decreto ley y lo cotejamos con la realidad, este se hizo con la ingenuidad propia de la época, ya que las Unidades de Policía Judicial no son hoy ni mucho menos la respuesta más eficaz a los grandes problemas que actualmente nos plantea la delincuencia, desde el terrorismo, pasando por la ciberdelincuencia o los delitos financieros. No necesitamos una minoría de funcionarios adscritos de forma funcional a una Unidad de Policía Judicial, lo que se necesita son grandes estructuras policiales, conectadas con el mundo global, capaces de dar respuestas a grandes desafíos. Esas estructuras tienen que tener una relación orgánica y jerárquica con directores operativos claramente cualificados y que pasen filtros más allá de la antigüedad. Toda la actividad policial de las grandes estructuras tiene que estar tutelada por los jueces y fiscales (yo me quedo con el modelo de que sean los fiscales protagonistas), de eso no tiene que quedar ninguna duda.

Antes de la aprobación del real decreto pasé muchos años de mi vida profesional haciendo peritajes en lo que se llamaba: “Laboratorio de Técnica Policial”, dependiente de la Comisaría General de Policía Judicial, y allí nos llegaban las peticiones de informes, tanto de documentoscopia como de balística, o de pruebas biológicas, y todos llevaban el visto bueno del jefe de sección correspondiente, después de nuestra firma, para garantizar la calidad y los estándares exigibles. Había veces que algún juez extravagante (que los hay) nos pedía cosas imposibles, como por ejemplo que determináramos si por los rasgos de una escritura podíamos determinar si era o no el autor de un delito... lector de Hipólito Michón sin duda. La respuesta era inmediata: eso no es posible, oiga.

Toda la actividad policial de las grandes estructuras tiene que estar tutelada por los jueces y fiscales, de eso no tiene que quedar ninguna duda.

La jubilación me hace estar un poco fuera de juego, pero a mí no me cuadra que un juez dirija un escrito para hacer una investigación a un capitán de la Guardia Civil; lo tendría que dirigir, en todo caso, a la unidad orgánica, que tendrá sus jefes, y estos encomendarán el trabajo a los más preparados, en este caso a los expertos epidemiológicos. Así habrá sido.

He tenido ocasión de leer, por su publicación en la prensa, el informe titulado Operación Sanitario, y lo que no nunca hacía en los míos era invocar un delito. Es la justicia, una vez practicadas pruebas en el juicio oral, la que hace la calificación penal. Nosotros (me refiero a los que trabajábamos en el laboratorio) a pesar de encontrar una huella digital en un robo y la identificáramos con una determinada persona decíamos que era el autor del robo, nos limitábamos a verificar su presencia física en el lugar del delito, nada más. Colocar eso de “supuestos delitos de prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia” ya nos indica un sesgo que descalifica el contenido del mismo. Me suena a derecho penal del enemigo, y con el añadido de la filtración off the record de la ministra Irene Montero, parece clara la intención final.

Detroit, la película de Kathryn Bigelow, estrenada en el 2017, narra con un lenguaje visual moderno las revueltas que sacudieron en esta ciudad estadounidense durante el verano del 67, y nos ponía de manifiesto el racismo policial latente en EEUU. La reunión de Pablo Casado con todas las asociaciones de la Guardia Civil nada más conocerse el cese de Pérez de Los Cobos nos deja también la sensación de que hay algo latente que tenemos que resolver. Hoy, un periodista que no practica la equidistancia, decía que todo está en Bourdieu; yo diría que la solución pasa por hacer un Kriminalpolizei y un Shutzpolizei (Policía de Investigación en Alemania y Policía Territorial de Seguridad).

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