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26/11/2021 07:12 CET | Actualizado 26/11/2021 07:12 CET

Hipocresía y antipolítica en la renovación del Tribunal Constitucional

El populismo jurídico nos ha costado tanto o más que el político.

EFE
Enrique Arnaldo, candidato propuesto por el PP a ocupar una de las vacantes del Tribunal Constitucional (TC).

Me ha asombrado casi tanto el empecinamiento digno de mejor causa del PP en la defensa de su candidato Enrique Arnaldo al Tribunal Constitucional, como la hipocresía de aquellos para los que algo tan al uso como la vulneración de la dedicación exclusiva, las incompatibilidades descaradas, los conflictos de intereses y la falta de transparencia entre los altos funcionarios de las administraciones, en particular entre los presentados por el PP, sean de pronto piedra de escándalo.

No es Arnaldo el único caso en el que un letrado del parlamento compagina su ejercicio con el de catedrático de la pública ni con participar en cursos y dar clases en la Universidad privada, o preparar a opositores, e incluso formar parte de un bufete para elaborar informes y, para colmo, litigar contra su propia administración de origen. Y en no pocas ocasiones, ocultar estos ingresos a la Hacienda Pública. En definitiva, que con la multiplicidad de funciones y compatibilidades no haya por donde cogerte puede que no sea la norma, pero tampoco es algo tan excepcional. Escandalizarse es hipocresía.

Entre otras cosas, lo explica el hecho de que todavía no haya habido nadie, de entre los responsables de evitar la colusión público privada y velar por el cumplimiento del reglamento del Congreso y de la ley de incompatibilidades en el parlamento, en la universidad o en la judicatura, que haya sido capaz de explicar si todo esto se conocía, y si así fuera, por qué no se ha abierto expediente ni se ha sancionado una conducta irregular tan evidente como reiterada. No es que se haya sabido nada de la actuación de la Agencia Tributaria en la materia.

Tampoco me ha llamado menos la atención la actitud de algunos medios de comunicación, periodistas y políticos, que desde la atalaya de la autoproclamada independencia o con el marchamo de “progresistas” se han erigido en guardianes de las “esencias éticas y estéticas de la democracia y de la izquierda” y se han rasgado las vestiduras por el acuerdo de renovación de los órganos constitucionales, al que esta vez han denominado despectivamente intercambio de cromos o por los candidatos propuestos, a los que descalifican como delegados políticos de los partidos en el Tribunal Constitucional, todo como si ocurriera la primera vez.

En definitiva, asombra la posición de unos y otros que, señalando a la luna del pacto político de renovación de los órganos constitucionales, se han obsesionado en hacernos mirar el dedo y que con eso nos quedemos bien en el cuestionamiento de la propia decisión política y, si acaso, en los defectos del personaje.

En cuanto al procedimiento, el precedente más cercano de los mal llamados intercambios de cromos sobre los órganos constitucionales fue la renovación fallida del Consejo General del Poder Judicial, como consecuencia de la euforia de Cosidó en sus mensajes, con aquello de haber logrado controlar la sala segunda del Tribunal Supremo por la puerta de atrás, algo que una vez conocido provocó el descuelgue del juez Marchena y la ruptura con estrépito del pacto.

Desde entonces, a la repulsa por la imagen de burda apropiación del órgano de gobierno de los jueces, se han sumado un rosario de excusas y de vetos del PP, tanto a la capacidad de propuesta de partidos como Unidas Podemos, como a los perfiles de candidatos incómodos por su papel contra la corrupción, para finalmente abanderar la reducción al absurdo de la proclama de que sean los jueces los que elijan a los jueces y con ello el mantenimiento, si no la consolidación y ampliación, de la mayoría conservadora de la última década al margen de los vaivenes electorales. 

Son los mismos expertos y medios de comunicación que, durante el largo periodo de bloqueo y de vetos por parte de la derecha del PP, en vez de poner en evidencia sus subterfugios no se cansaron de denostar el sectarismo y la incapacidad del conjunto de los partidos para alcanzar acuerdos estratégicos o institucionales a los que les atribuían el seguir atrapados en el bucle populista.

Porque decir ahora que con esta renovación de los órganos constitucionales los acuerdos han devenido en apaños entre los partidos es ignorar que es lo que se ha venido haciendo, con mayor o menor acierto, desde la aprobación de la Constitución, y más aún durante todos los años del bipartidismo, tal y como si en pasadas renovaciones parciales no se hubieran dado las mismas carencias en el método de las negociaciones o en la biografía y currículum de los nominados, aunque quizás con menor repercusión y escándalo público. Porque entre otras cosas es lo lógico en una democracia representativa, y así lo contempla nuestra Constitución y las de nuestro entorno europeo.

Otra cosa es que estas nominaciones debieran haber sido compatibles con una evaluación más seria en las comparecencias parlamentarias, más allá del puro trámite actual. Tampoco los personajes con carreras de estas características son nuevos entre los nombramientos en los órganos en general, y en particular en el Tribunal Constitucional, en que alguno de los propuestos por el PP ya ha destacado en el pasado por sus relaciones con Bárcenas, y más tarde en el ejercicio del cargo por las denuncias por conducir con exceso de alcohol, o recientemente a uno de los propuestos por el PSOE por una acusación de malos tratos, hasta el punto de haber tenido ambos que dimitir.

Hablar, por tanto, de un pasado mítico de excelencia y de un presente en que los lobos han ocupado el Tribunal, forma parte de la polarización, la exageración y la antipolítica propias de este tiempo populista, más que de un relato mínimamente riguroso de los hechos.

Tampoco los mencionados expertos han tenido a bien matizar sus descalificaciones sobre el, en su opinión, excesivo perfil político de los candidatos propuestos, teniendo en cuenta el carácter singular de legislador negativo del Tribunal Constitucional, y por tanto, la importancia de combinar junto al perfil profesional de los propuestos con su necesaria representatividad de la pluralidad ideológica y política del conjunto del país expresada en las elecciones.

Por otra parte, pretender además que, después de un veto unilateral de años por parte del PP, se pueda avanzar con vetos cruzados a los propuestos por cada partido, solo puede ser fruto de la ingenuidad o del prejuicio antipolítico y, en todo caso, abocar con tal procedimiento al bloqueo de la tan proclamada renovación. Si acaso, el empecinamiento en el error es el del PP en el mantenimiento a pesar de todo de su candidato, algo que no es en absoluto generalizable a la ejecutoria del conjunto de los propuestos.

Por otra parte, la vinculación de la excelencia de los propuestos al hecho de provenir necesariamente del Tribunal Supremo o de ser catedrático universitario, cuando ha habido precedentes conocida en sentido contrario, despide también el aroma a un cierto corporativismo de élites. Una nueva variante del populismo tecnocrático.

Entre tanto, hemos podido comprobar cómo el Tribunal Constitucional, inasequible a los datos de la realidad y frente a cualquier lógica, en particular en la gestión de la pandemia, ha seguido adelante con su racha de declaraciones de inconstitucionalidad de la mano de los negacionistas de la extrema derecha, provocando un deterioro interno de la cultura de consenso y de la imagen pública e internacional del Tribunal Constitucional de tal magnitud que hacía que la renovación fuera un requisito imprescindible y urgente para lograr un unto de inflexión hacia la regeneración institucional. El populismo jurídico nos ha costado tanto o más que el político.

Y es que, cuando la política se retira de escena en favor del populismo, resurgen como alternativas los viejos corporativismos de toda laya y también la lacra de la antipolítica.

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