POLÍTICA
30/07/2021 13:56 CEST

El juez cierra parte de Púnica pero sigue investigando a Aguirre por la financiación irregular del PP madrileño

La pesquisas seguirán, al menos, hasta el 29 de octubre.

Europa Press via Getty Images
La expresidenta de la Comunidad de Madrid, el pasado 21 de mayo en Madrid.

El juez que ha investigado el caso Púnica ha puesto fin a la instrucción de cuatro de las nueve piezas que quedaban abiertas, si bien ha acordado seguir indagando en la presunta financiación irregular del PP de Madrid al menos tres meses más y mantiene como investigados (antigua condición de imputado) a los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre e Ignacio González además de al propio Francisco Granados.

El magistrado Manuel García Castellón debía decidir qué hacía con las nueve líneas de investigación que quedaban abiertas de este famoso caso, que estalló a finales de octubre de 2014 con la detención del exconsejero madrileño Granados y casi una decena de alcaldes de municipios de la Comunidad.

Ante esta tesitura y con diversas peticiones por parte de algunas acusaciones para que prorrogase la instrucción, que venció este jueves, el juez ha acordado extender las pesquisas de cinco piezas, y poner fin a la investigación de cuatro. La que seguirá viva al menos hasta el 29 de octubre, es la de que investiga la supuesta financiación irregular del PP de Madrid.

Al menos hasta el 29 de octubre se seguirá investigando la supuesta financiación irregular del PP de Madrid

El magistrado, no obstante, ha dado carpetazo a la presunta contratación irregular de empresas vinculadas a la trama para la organización de las fiestas patronales en municipios, unos hechos por los que han sido procesados Granados, el exsenador y exdiputado de la Asamblea de Madrid David Erguido (por su etapa como teniente de alcalde en el municipio de Algete) y otras trece personas, entre las que se encuentran varios exalcaldes.

Púnica por piezas

También ha puesto fin a la instrucción de las piezas 5, 6 y 10, al no haber pedido nadie la prórroga, excepto en la 10, en la que una acusación popular la reclamó para que se incorporara una diligencia relativa a un peritaje; el juez se ha limitado a pedir la ratificación judicial de los dos peritos que lo elaboraron.

La 5 se refiere a contratos menores de los ayuntamientos de Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle con empresas de la trama, donde el juez ha cursado además una última diligencia que reclamó la Fiscalía: hacer un requerimiento al Ayuntamiento de Valdemoro respecto a una residencia de mayores sobre las certificaciones de obra correspondientes.

Victor J BlancoGTRES
Francisco Granados, en el Congreso, en marzo de 2018.

En la 6 se han investigado las presuntas comisiones que recibieron alcaldes de la Comunidad por adjudicar contratos de eficiencia energética a la empresa Cofely, filial de la compañía francesa GDF Suez. Exdirectivos de la empresa están imputados en relación a esos supuestos amaños.

Y en la 10, adjudicaciones en Denia, Valencia, y en localidades madrileñas como Valdemoro a empresas vinculadas a dos imputados.

Entre las piezas que seguirán instruyéndose, además de la de la financiación del PP de Madrid, está la número 4, donde se investigan supuestas irregularidades en operaciones urbanísticas de Valdemoro y un presunto delito de blanqueo; y la 8, sobre “hechos referentes a la etapa de Francisco Granados como consejero de la Comunidad de Madrid”.

Solo una pieza juzgada

Ambas seguirán instruyéndose hasta el 29 de enero, al igual que la 11, sobre las presuntas comisiones que se sospecha pagó la empresa Alfedel a cambio de la gestión de varios colegios concertados en la Comunidad; y la 12, la más reciente, sobre un supuesto blanqueo de capitales que se habría cometido en el extranjero.

Sólo una pieza del caso Púnica ha sido juzgada, la relativa al chivatazo de un guardia civil a Granados en relación con la investigación, que acabó con una condena de dos años de prisión para ambos.

Fuera del ámbito de la Comunidad de Madrid, el caso también tiene una rama leonesa -con el expresidente de la Diputación Marcos Martínez procesado- y otra murciana -que motivó la caída del expresidente Pedro Antonio Sánchez, para quien se archivó la causa- en las que ya se ha dictado apertura de juicio oral.

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