El juez del caso Dina pide al Supremo que investigue a Pablo Iglesias

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha elevado una exposición razonada al Tribunal Supremo para investigar al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, debido a su condición de aforado, por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación delito en relación con el robo del móvil de su exasesora Dina Bouselham.

Fuentes de Unidas Podemos explican a El HuffPost que “no dan crédito” a la petición del juez: “Hace unos días la Audiencia Nacional reclama a García Castellón que le devuelva la condición de perjudicado a Pablo Iglesias, y el juez responde pidiendo al Supremo que se le investigue”.

El magistrado considera que Iglesias usó de forma fraudulenta este proceso para intentar lograr algún tipo de ventaja electoral y califica de “consciente y planificada actuación falsaria desplegada por el Sr. Iglesias con su personación, fingiendo ante la opinión pública y ante su electorado, haber sido víctima de un hecho que sabía inexistente, pocas semanas antes de unas elecciones generales”.

Según Europa Press, el juez ha remitido remite al Alto Tribunal la instrucción de la pieza en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, quien aún no ha recibido notificación.

García-Castellón, en la exposición razonada, pide investigar también a la directora de los servicios jurídicos de Podemos María Gloria Elizo y a los letrados de esta formación Marta Flor Nuñez y Rául Carballedo, así como a la propia exasesora Dina Bouselhan y Ricardo Dasaferreira, estos dos últimos por falso testimonio.

El magistrado relata que bajo las instrucciones dadas por Iglesias, y con el beneplácito de la dirección de la asesoría jurídica de Podemos, presentaron la desaparición del teléfono de Dina “como un encargo realizado por el Gobierno del PP al excomisario Villarejo, para publicar en el digital OK Diario, en el contexto de una campaña para perjudicar a Iglesias, y por ende a Podemos”.

“Pese al conocimiento de su falsedad y puestos de común acuerdo”, Iglesias, Elizo y la letrada del partido Marta Flor Núñez, como ejecutora material, “simulan que la publicación de las imágenes en el semanario OK Diario durante los días 21 y siguientes del mes de julio, fue el resultado de un encargo realizado al Sr. Villarejo para perjudicar” al líder de Podemos.

Según recuerda el juez, Iglesias recibió del presidente del Grupo Zeta Antonio Asensio, el 20 de enero de 2016, la tarjeta de memoria original procedente del teléfono de Bousselham, en la que comprobó que almacenaba archivos personales y de carácter muy íntimo.

“Pese a ello se guardó la tarjeta en su poder, sin decírselo a su propietaria aun cuando ambos eran personas cercanas (ella había sido su asesora) y el conocimiento que tenía de la desaparición de los objetos de Dina desde noviembre de 2015”, explica el juez en otro auto en el que decide propone juzgar al resto de imputados, sobre los que sí tiene competencia.

Se trata del ex comisario José Manuel Villarejo, el exdirector de la revista Interviu, Alberto Pozas, y el periodista Luis Rendueles, a los que se investiga en la Audiencia Nacional por descubrimiento y revelación de secretos.

De acuerdo con la investigación, el contenido de la tarjeta llegó a Villarejo a través del exdirector de Interviu, quien a su vez entregó una copia a Asensio y éste se la dio a Iglesias, que se guardó la tarjeta de memoria sin decírselo a su propietaria. A esto añade que cuando devolvió la tarjeta a Dina ésta ya estaba “inservible para su funcionamiento”.

El magistrado apunta como otro hecho destacado el que durante en el mes de julio de 2016 se publicaron en Ok Diario imágenes procedentes del dispositivo de Dina y que Pablo Iglesias había visto en la tarjeta de memoria.

García Castellón también destaca como hecho relevante la comparecencia de Bouselham el pasado marzo, en la que el juez considera que faltó a la verdad, al igual que hizo su marido tres días más tarde.

“Ambos hechos se entienden conexos a la actuación desplegada por los servicios jurídicos del partido Podemos para construir ante el órgano judicial un relato coherente con las instrucciones dadas por el aforado, secretario general del partido”, concluye el magistrado.

Para contextualizar su decisión, el juez recoge el reciente auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia nacional, en el que, además de avalar la condición de perjudicado de Pablo Iglesias, declaraba la falta de competencia del juzgado para investigar otras hipótesis alternativas de los hechos, en relación con la autoría y naturaleza de los desperfectos de la tarjeta del móvil.

Según argumentaba la Sala, al haberse presuntamente cometido fuera de la organización criminal investigada en esta pieza, los hechos carecerían de conexidad para poder investigarlos la Audiencia Nacional.

Así pues, la Sala de lo Penal instaba al magistrado a remitir al órgano competente los testimonios oportunos para esclarecer los hechos que han ido apareciendo y de los que se infiere, según el magistrado, “la existencia de indicios razonables de la participación delictiva del aforado Pablo Iglesias Turrión”.

El juez, después de analizar la doctrina jurisprudencial sobre la revelación de secretos, concluye que se podría “apreciar un acceso no consentido a datos de carácter personal por parte del Sr. Iglesias, además de un apoderamiento de los archivos aprehendiendo el dispositivo en el que se almacenaba la información”.

El magistrado indica que la interrupción de la investigación tras el auto de la Sala ha impedido recabar una prueba directa de la destrucción material de la tarjeta por parte del aforado.

Ello, indica, “no impide, sin embargo, que se pueda sostener en esta fase, y desde la provisionalidad del momento procesal inicial”, que existen elementos de cargo suficientes para poder atribuir a Iglesias “los daños sufridos por la micro tarjeta SD”

“La única explicación posible, a partir de los indicios recabados, para entender la inoperatividad de la tarjeta, es que los daños se causaran mientras estaba en poder del Sr. Iglesias, pues la micro tarjeta funcionaba en el momento en el que el sr. Asensio se la entrega, y ya no lo hace cuando el sr. Iglesias se la devuelve”, sostiene.

La reacción de Unidas Podemos y el PSOE

Fuentes de Unidas Podemos, el partido de Iglesias, han explicado a El HuffPost que “no dan crédito” a la petición del juez: “Hace unos días la Audiencia Nacional reclama a García Castellón que le devuelva la condición de perjudicado a Pablo Iglesias, y el juez responde pidiendo al Supremo que se le investigue”, señalan.

Fuentes socialistas han subrayado a EFE el “respeto absoluto” a estas decisiones de la justicia y han recordado que el Partido Socialista no entra a valorar nunca el trabajo judicial “hasta el final”.

A los pocos minutos de conocerse la petición de García-Castellón, el líder del PP se ha referido a ella a través de su cuenta de Twitter, desde donde ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cese “de inmediato” a Iglesias.

“Debe cumplir la misma vara de medir que exigía en su moción de censura”, ha añadido Pablo Casado.