Carmen Rodríguez-Medel, la jueza detrás del 8-M: “sólida”, “experiencia”, “peculiar” e “iluminada”
Así es la magistrada que ha imputado al delegado del Gobierno y que ha hecho temblar a Interior por el informe de la Guardia Civil
Los mentideros de la Villa y Corte ardían a mitad de enero. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había fulminado a Félix Azón como director de la Guardia Civil. Las quinielas volaban, sonaban los nombres de varias mujeres. Uno de los más repetidos era el de Carmen Rodríguez-Medel, jueza y muy vinculada a los ‘verdes’ al ser hija y hermana de guardias civiles.
Pero al final el titular de Interior se decidía por la socialista malagueña María Gámez, la primera mujer en ponerse al frente de la Benemérita. Lo que nadie sabía entonces es que cuatro meses Rodríguez-Medel desataría una auténtica tormenta entre Interior y la Guardia Civil, como instructora de la investigación sobre la manifestación del 8-M en plena pandemia mundial.
Desde Plaza de Castilla, dirige con mano firme la investigación sobre si las autoridades cometieron delitos permitiendo la marcha del 8-M. Y decidió pedir a la Guardia Civil un informe sobre la marcha, 81 folios que han provocado un terremoto político, jurídico y de seguridad en el país. Una pugna que se libra en varios frentes, que por ahora ha llevado a que impute al delegado del Gobierno, José Manuel Franco, y a enfrentarse por vía de escritos durísimos cruzados con la Abogacía del Estado
Una jueza que hace gala de su independencia, pero que también levanta críticas entre algunos compañeros y que se enmarca en el sector conservador, habiendo trabajado para el Gobierno del PP hace unos año.. Y que ya sabe lo que es llevar algunos de los casos más mediáticos sobre políticos en España en los últimos años: por sus manos pasó el caso máster, con Cristina Cifuentes y Carmen Montón, y fue la jueza que estuvo a punto de acabar con la carrera de Pablo Casado llevándolo al Tribunal Supremo. Hay recelos a derecha e izquierda… y a ella también le gusta el poder.
¿Cómo es esta magistrada? ¿Quién hay detrás de la toga? Un juez conservador que la conoce desde hace años hace este retrato sobre Rodríguez-Medel: “Una buena profesional, con una sólida formación jurídica. Con una amplia experiencia”. Varias de las fuentes consultadas hablan de su minuciosidad a la hora de trabajar: “Procura encajar todas las piezas razonando el resultado de las investigaciones”.
Un estilo que también choca para algunos compañeros con lo que ha pasado esta semana, al imputar al delegado del Gobierno en base al informe de la Guardia Civil. Por un lado, ese documento dice que no se debería haber convocado ninguna manifestación y que el Ejecutivo conocía desde enero la gravedad de la pandemia. Pero también la investigación de la Guardia Civil de la Comandancia de Madrid, que dirigía el cesado Diego Pérez de los Cobos, está llena de bulos, especulaciones, refritos de noticias y hasta fechas incorrectas. ¿Cómo puede llevar un informe con estas inexactitudes a imputar a alguien?, se preguntan sectores en la judicatura.
Una jueza que se ve ahora envuelta en una polémica que afecta a las instancias más poderosas del Gobierno y que ha remitido un escrito en el que llega a recordar al Gobierno que la Guardia Civil no debe informar a Interior de sus informes como policía judicial. Pero una de sus cualidades es la “serenidad”, recuerda una alta fuente judicial: “Si alguien piensa que puede coaccionarla con presiones, es que no la conoce en absoluto”.
Su buen nombre se extiende principalmente entre los jueces de corte conservador, ya que ella forma parte de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), con ese sesgo. Llegó a ser incluso durante once meses asesora de Rafael Catalá cuando era ministro de Justicia con Mariano Rajoy, en virtud de adscrita a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.
Pero también despierta airadas críticas entre compañeros más progresistas, como indica uno de ellos: “Llegó a pretender ser con Marlaska la directora general de la Guardia Civil tras el cese de Azón. Es conservadora, muy peculiar y muy suya”.
“Tiene hasta un punto de iluminada en sus teorías jurídicas. Las trata de llevar hasta el final, con un punto de cabezonería. Cuando se le mete una cosa en la cabeza…”, ahonda este magistrado.
Estos días la jueza y la Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno, se retan y se cuestionan a través de escritos. Una de las cosas que más llama la atención a los servicios jurídicos del Estado es que Rodríguez-Medel está intentando llevar una “causa general” y “prospectiva” contra la gestión sanitaria cuando competencialmente no debería hacerlo al estar en un juzgado de instrucción de Madrid. Negro sobre blanco lo escribían así desde la Abogacía en un escrito: “En su afán de encontrar indicios de la tipicidad de los hechos denunciados, desborda el ámbito competencial que ella misma ha acotado previamente para delimitar su competencia”.
Y otra de las cosas de las que le acusa la Abogacía y que despierta muchas dudas entre compañeros en el mundo jurídico es la urgencia de la jueza en esta causa cuando el sector está congelado por el estado de alarma. “Sorprendente celeridad”, llega a decir la Abogacía sobre la admisión a trámite de un particular en estos momentos cuando la normativa es muy estricta sobre la suspensión de los procedimientos no esenciales. Esto provoca “clara indefensión” para el investigado delegado del Gobierno en Madrid: “La investigación se inicia sin que el denunciado, que materialmente es investigado, pueda defenderse por mor de esa suspensión del plazo para recurrir”.
Una investigación judicial que se origina por la denuncia de un particular, el abogado Víctor Valladares. Este letrado, según la Cadena Ser, está condenado y sancionado por estafar a clientes. Durante estos días, ha intentado que se impute además al director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, por delitos de desobediencia y de denegación de auxilio por parte de la Administración, algo que finalmente ha rechazado la magistrada.
Rodríguez-Medel ahora se enfrenta a este caso desde el juzgado de instrucción número 51 de Madrid. Pero ella hace años no soñaba con plaza de Castilla, sino con las más céntrica Audiencia Nacional. Se presentó para intentar sustituir a Baltasar Garzón en esa plaza, llegando a la terna final de tres candidatos. Pero para ese puesto codiciado no pudo con Pablo Ruz en una dura competición en la que también estaba Carmen Lamela (la jueza del caso Trapero). En aquel proceso se destacó por parte de la Audiencia la “experiencia internacional” y el dominio de idiomas de Rodríguez-Medel.
Este intento de salto a la Audiencia Nacional lo intentó tras una temporada en Marbella, donde llevó un tiempo el Juzgado contra Violencia de Género y donde tampoco le tembló el pulso en casos contra Sean Connery y José María del Nido. Rodríguez-Medel busca, según sus allegados, la discreción… pero cada día acumula más y más titulares.
