La autodeterminación interminable
La respuesta de Torra en el 'Parlament' a la sentencia es volver a sacar las urnas para que los catalanes voten un referéndum
Cataluña lleva desde 2012 en un bucle que amenaza con repetirse sine die sin solución aparente. Los independentistas quieren un referéndum, pero se topan con la misma respuesta: “No se puede hacer”. Mientras, la violencia ha acampado en las calles en reacción a la sentencia del procés.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado este jueves en el Parlament que quiere sacar las urnas de nuevo para que los catalanes voten la autodeterminación en esta legislatura: “En el plazo más breve posible”, ha aventurado.
“Tenemos un deber inmenso: fijar las vías para concretar el ejercicio del derecho a la autodeterminación. En el marco de este acuerdo nacional, defenderé que en esta legislatura se acabe volviendo a ejercer el derecho a la autodeterminación”, ha apelado Torra a los diputados en el pleno, en el que ha tenido que escuchar reiteradas peticiones de dimisión por parte Ciudadanos, PSC, los Comunes y el PP.
El movimiento de Torra ha pillado por sorpresa a su socio en el Govern, Esquerra Republicana (ERC), porque lo desconocía, y porque prefiere no poner plazos a una nueva votación. “No es el momento de fechas”, ha comentado el presidente del grupo de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià.
El mensaje de Torra, según el catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia Javier de Lucas, está destinado a “forzar la máquina” y batallar por la hegemonía independentista ante una hipotética convocatoria electoral en Cataluña, que la oposición le reclama.
“No me parece viable un nuevo ejercicio de autodeterminación con las advertencias del Constitucional al presidente del Parlament y al propio Torra”, opina el catedrático sobre Roger Torrent. El dirigente de ERC ya ha escuchado al tribunal: si ignora la suspensión de la resolución que avala el referéndum enfrentará consecuencias penales.
Barcelona ha amanecido este jueves con las cicatrices de los disturbios de los últimos días. Y, aunque el president ha hecho un llamamiento “a la calma y la serenidad” para rebajar la escalada de violencia, ha propuesto un acuerdo entre partidos para reclamar la “amnistía” de los políticos presos y hacer efectivo el derecho a la autodeterminación. Más presión en la olla del procés.
“Ho tornarem a fer”
“Lo volveremos a hacer” es el grito del independentismo después de la aprobación en el Parlament de las leyes para hacer efectiva una república, de un referéndum sin garantías y de la efímera declaración de independencia de 2017. Los manifestantes lo gritan tras una sentencia del Supremo que condena a entre 9 y 13 años por sedición y malversación a los principales responsables de esos acontecimientos.
La cúpula soberanista está dispuesta a más. No le importa volver a entrar en un bucle que ha partido en dos a la sociedad catalana y cuyo día a día determina la política española, que el 10-N celebrará sus cuartas elecciones generales en cuatro años: “Se volverá a ejercer cada derecho prohibido. Si por poner las urnas para la autodeterminación nos condenan a cien años de cárcel la respuesta es clara: se tendrá que volver a poner las urnas para la autodeterminación”, ha advertido Torra.
Un derecho al que Cataluña no tiene derecho
El derecho internacional recoge la autodeterminación y está plasmado en Naciones Unidas, en varios tratados y resoluciones. Reconoce la legitimidad de los pueblos a autogobernarse según al principio de las nacionalidades, que determina que la humanidad está naturalmente dividida en naciones que deben disponer de un Estado propio.
El preámbulo de la Ley del Referéndum de Autodeterminación que aprobó el Parlament el 6 de septiembre de 2017 apeló a esos tratados y resoluciones. El problema es que es una herramienta jurídica planteada durante la descolonización. No es el caso de Cataluña y así lo ha reiterado en alguna ocasión la ONU
Según su doctrina, la posibilidad de independizarse sólo se reconoce en el caso de “los pueblos de los territorios coloniales o sometidos a dominación o explotación extranjera”,y que normalmente no se encuentran en democracias.
En estas, la ONU solo concede el derecho a “territorios cuya identidad étnica, religiosa, lingüística o cultural es perseguida reiteradamente por las instituciones centrales, o cuyos miembros son objeto de discriminación grave en el ejercicio de sus derechos civiles”.
Algo que tampoco ocurre en Cataluña, según más de 400 profesores de Derecho Internacional de toda España que desmontaron en 2017, en un manifiesto, la fundamentación jurídica del referéndum de autodeterminación.
Los docentes, miembros de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, apuntan que Cataluña “no es una entidad que disfrute de un derecho de separación del Estado reconocido por el Derecho internacional”, por lo que “el derecho de libre determinación no puede constituir el fundamento para consultar a los ciudadanos”.
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha dicho en varias ocasiones que no va a reconocer la autodeterminación: “No habrá independencia, no habrá referéndum”, ha dicho en bucle desde que es presidente.
Sánchez no descarta aplicar el artículo 155 de la Constitución antes del 10-N. Una nueva intervención de la Generalitat daría más ímpetu a una rueda que sigue girando en el mismo sentido.
