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13/01/2021 09:41 CET | Actualizado 13/01/2021 09:41 CET

La cañada de la vergüenza

Los máximos responsables tienen nombres, apellidos y cargos perfectamente identificables: la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de la capital.

Pablo Blazquez Dominguez via Getty Images
La Cañada Real.

Madrid es la capital de España, una de las grandes metrópolis europeas y la región más rica del país. Pero Madrid cuenta con una distinción más, en este caso para vergüenza de quienes aquí habitamos. Porque en Madrid se encuentra también el mayor poblado marginal de Europa.

Cerca de 8.000 personas, en torno a 2.000 menores, malviven en la Cañada Real, en un asentamiento ilegal, muchas de ellas en situación de grave precariedad social, sin respeto a los derechos humanos más elementales. Ahora, además, sin derecho a suministro eléctrico y, por tanto, a luz, calefacción y cocina.

Los máximos responsables tienen nombres, apellidos y cargos perfectamente identificables: la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de la capital. Y sus incumplimientos van más allá de lo político y lo jurídico, porque se adentran en el ámbito de lo inmoral.

La presidenta regional intenta camuflar su responsabilidad al mejor estilo trumpista

La presidenta regional -también su vicepresidente- intenta camuflar su responsabilidad al mejor estilo trumpista, es decir, insultando. Para eludir sus obligaciones descalifica a las víctimas tachándolas de millonarios con “porsches”, de tramposos que no pagan las facturas de la luz, y de delincuentes traficantes de drogas. Y, claro está, quienes le exigen respuestas al problema tan solo buscan “democratizar la delincuencia”.

La verdad, sin embargo, es que la inmensa mayoría de los sufridores de la Cañada no tienen porsches, sino que malviven en la exclusión social. Y ya quisieran poder pagar facturas a la compañía eléctrica, porque eso supondría que se han regularizado sus viviendas y cuentan con licencia de habitabilidad. 

Y si la señora presidenta tiene constancia de la comisión de algún delito, sea por tráfico de estupefacientes o de cualquier otra naturaleza, su obligación pasa por denunciarlo ante la justicia,  y no por realizar acusaciones genéricas, criminalizando injustamente a más de 2.000 familias. 

Los problemas reales de la Cañada no son producto, por desgracia, de embotellamientos de porsches ni de facturas impagadas de la luz. Los problemas que ignora y pretende ocultar el gobierno de la Comunidad de Madrid vienen de lejos, revierten más gravedad y son de índole social, urbanística y medioambiental. Justo tres ámbitos competenciales de la Comunidad y del Ayuntamiento de la capital.

Las cien estufas de butano y las pocas mantas repartidas se han recibido como lo que son: más insultos

Las cien estufas de butano y las pocas mantas que han intentado repartir en los últimos días, para engañar a la conciencia navideña, se han recibido como lo que son: más insultos. 

No. Los habitantes de la Cañada, y todos los demás, no merecen insultos ni desean manifestaciones de caridad oportunista. Quieren y merecen que Comunidad y Ayuntamiento cumplan con sus responsabilidades.

En el año 2017 se suscribió el “Pacto Regional por la Cañada Real Galiana”, con la formalidad de los muy grandes eventos. Sus firmantes fueron la Presidenta de la Comunidad de Madrid, los Alcaldes de los municipios afectados, los portavoces de los Grupos Parlamentarios en la Asamblea de Madrid, la Delegada del Gobierno y los representantes de las entidades sociales y vecinales.

Los compromisos adoptados solemnemente buscaban “las soluciones más favorables a los problemas de la Cañada Real”, desde los principios de “la legalidad, el respeto a los derechos humanos, la cohesión social, la coordinación institucional y la transparencia”.

Las decisiones incorporadas al Pacto abarcaban medidas sociales, sanitarias, educativas y laborales para todos los habitantes del poblado. También se comprometía la regularización urbanística y la restauración ambiental en el asentamiento. Se establecía una estrategia de realojos y se planificaba la rápida y total adecuación de la red eléctrica, “a licitar por el Comisionado de la Comunidad de Madrid”.

Tres años y medio después de aquel compromiso, firmado y rubricado ante mil cámaras, queda eso, lo dicho, desmarques y descalificaciones. Los excluidos siguen en la exclusión. Las viviendas irregulares siguen sin regularizar. Y, además, se ha cortado el suministro eléctrico en buena parte del poblado. Hablan de realojos, pero los primeros 150 ni siquiera se llegaron a culminar... 

¿Estufas? ¿Mantas? No. Ellos piden dignidad. Nosotros pedimos que cumplan lo firmado.

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