La Comunidad de Madrid recibió denuncias de 120 familiares contra la residencia de Los Nogales en 2018, pero no encontró "ninguna deficiencia grave"

La Comunidad de Madrid recibió denuncias de 120 familiares contra la residencia de Los Nogales en 2018, pero no encontró "ninguna deficiencia grave"

EFE

La Comunidad de Madrid recibió el año pasado una denuncia de 120 familiares de ancianos de la residencia del grupo Los Nogales en Hortaleza. Se trata del mismo centro que ahora está siendo investigado por la justicia tras conocerse un caso de malos tratos a dos ancianas.

Las denuncias presentadas en 2018 están relacionados con las condiciones de higiene y alimentación que presentaba el centro, a opinión de los familiares. Sin embargo, los técnicos del gobierno autonómico que inspeccionaron el centro no observaron ninguna deficiencia grave.

La Comunidad, tras recibir notificación de las protestas, presentadas el 17 de abril de 2018, solicitó un informe a la propia residencia y realizó una visita a sus instalaciones a través de la Dirección General de Atención a la Dependencia y el Mayor.

Esta inspección tuvo lugar semanas más tarde, el 9 de mayo. Pese a lo que se recogía en las denuncia colectiva los técnicos no encontraron “ninguna deficiencia grave”.

Esta problemática no está directamente relacionada -apuntan fuentes gubernamentales- con el caso conocido este miércoles. El Ministerio Fiscal ha presentado una denuncia contra tres trabajadores del centro por infligir presuntamente malos tratos físicos y psicológicos a dos ancianas que tenían a su cargo.

El presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, ha mostrado su más enérgico rechazo por el “trato inhumano” que han sufrido dos ancianas en la residencia del grupo Los Nogales de Hortaleza y se ha comprometido a actuar con la “máxima contundencia para llegar hasta las últimas consecuencias”.

La Comunidad de Madrid ha abierto dos expedientes sancionadores contra la empresa adjudicataria de la residencia, alguno de los cuales puede llegar hasta la imposición de una sanción de 600.000 euros.