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19/07/2019 15:16 CEST | Actualizado 19/07/2019 15:46 CEST

La Fiscalía investiga un posible delito en la moratoria de multas en Madrid Central

Tras la petición de la asociación El Defensor del Paciente.

Agencia EFE

Otro revés para Martínez-Almeida a cuenta de Madrid Central. Y van... El fiscal de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado ha abierto diligencias en relación a la moratoria de multas -y una eventual retirada de este área de circulación restringida- por parte del Ayuntamiento de Madrid, atendiendo así a una petición de la asociación El Defensor del Paciente.

El Ministerio Público comenzó su investigación de oficio a finales de mayo y está investigando la calidad del aire en el entorno. La Fiscalía responde así a un escrito de la presidenta de la asociación Carmen Flores, que el pasado 27 de mayo solicitó su intervención “en el caso de la retirada de Madrid Central, con lo que supone para la salud de los ciudadanos que deben soportar la gran contaminación que se produce en esa zona”.

El nuevo Gobierno municipal encabezado por José Luis Martínez-Almeida decidió el 1 de julio dejar de multar a los conductores no residentes que circulasen por Madrid Central. Esa moratoria, prevista hasta el 30 de septiembre, respondía a una de sus grandes propuestas durante la campaña electoral: eliminar el proyecto de Manuela Carmena.

“Un atentado contra la salud pública”

La alegría duró poco; la Justicia la desautorizó, causando el primer contratiempo importante al plan del cogobierno PP-Ciudadanos. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 24 de Madrid impuso el regreso de las multas en el área de circulación restringida desde el 8 de julio.

El Ayuntamiento respondió el pasado día 12 presentando sus alegaciones a la decisión judicial. En ellas explicaron que la moratoria buscaba “garantizar la fiabilidad técnica del sistema automatizado de control de accesos y de detección de infracciones, así como amparar el derecho de las personas a estar bien informados sobre cómo funciona Madrid Central”. 

La asociación basó su petición en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que obliga a quienes por su cargo, profesión u oficio tuvieren noticia de algún delito público a denunciarlo inmediatamente al juez o al fiscal.

Para El Defensor del Paciente no mantener la zona de bajas emisiones para evitar la “boina” de contaminación que respiran todos los ciudadanos, “supone un atentado contra la salud pública” sobre todo para quienes sufren enfermedades de corazón o pulmón. 

En su respuesta, el fiscal de Sala de Medio ambiente y Urbanismo comunica a El Defensor del Paciente que “será informado de la decisión que se adopte a la vista del resultado de las diligencias que se practiquen”, ha anunciado hoy la asociación.