La ley de minas necesita adaptarse al siglo XXI

La actual normativa procede de la dictadura franquista en un periodo de desarrollismo económico tras la autarquía.
Zona de las minas de Riotinto, en Huelva
Zona de las minas de Riotinto, en Huelva
Geography Photos via Getty Images

En los últimos años se ha producido en España una lluvia de solicitudes para la apertura de multitud de nuevas explotaciones mineras, debido a dos motivos que han hecho rentables explotaciones con concentraciones de mineral muy bajas:

El principal es el alza de los precios de la mayoría de los metales en los últimos años, algunos de ellos multiplicando hasta por cinco su valor en los últimos 15-20 años.

La segunda razón son las mejoras tecnológicas que permiten extraer mineral a un coste cada vez menor.

Además, hay que añadir un componente muy importante de especulación financiera, en todo lo referente a nuevas autorizaciones de explotaciones mineras.

La gran mayoría de las nuevas minas previstas se pretendan explotar a cielo abierto, con un mayor impacto ambiental y social.

El marco normativo actual nos sitúa ante una grave amenaza territorial que puede suponer la destrucción de miles de hectáreas de territorio . Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en España hay en tramitación más de 1.500 expedientes de proyectos de nuevas explotaciones de minería metálica. Por eso desde Alianza Verde, en Unidas Podemos, hemos planteado la necesidad de reformar la ley de minas.

Consideraciones generales del texto actual y del proyecto de reforma

La Ley actual 22/1973 de Minas procede de la dictadura franquista en un periodo de desarrollismo económico tras la autarquía y con una clara intención de fomentar las actividades extractivas, procediendo de un marco político y conceptual diferente, donde los derechos de participación pública, interés general o cuidado del medio ambiente no se encuentran recogidos. El texto vigente socava el derecho a la propiedad privada para el beneficio de otros actores privados y no del interés general.

El texto original de la ley de Minas de 1973 ha sido objeto de modificaciones puntuales para adecuarlo a diferentes normativas europeas, pero aún tiene pendiente una reforma de calado que permita adecuarlo al marco de derechos democráticos y de protección ambiental del siglo XXI y al que ni siquiera se adecuara con la adhesión de España a la Unión Europea.

“En Galicia, tenemos numerosas minas, ante las que la Xunta del señor Feijoo ha mirado para otro lado, cuando no colaborado, a pesar de los incontestables daños al medio ambiente, a los recursos hídricos, a las rías e incluso, a la salud humana”

Dentro de las leyes vinculadas al territorio, aguas, costas, montes, suelo, etc…, se trata de los pocos textos legales vigentes procedente de la dictadura que todavía siguen en vigor.

El proyecto de reforma de la ley pretende incorporar medidas ambientales imprescindibles para adaptar el régimen minero al acervo comunitario, a la disponibilidad y tratamiento de los recursos hídricos y a los derechos de propiedad privada o participación pública, entre otros aspectos. Dotando a nuestro marco jurídico de una norma propia del siglo XXI.

Esta ley, que parece que se hizo expresamente a la medida de las compañías mineras, es evidente que está actuando como reclamo para muchas empresas internacionales, mandando el mensaje de que España es un “paraíso minero”. Parece que España no hubiese entrado en la Unión Europea, y que todo el desarrollo legislativo en materia de protección ambiental no aplicara a la minería. Pero esto no puede ser.

Hay muchos ejemplos: la mina de Borovia en Soria prometió la creación de cientos de puestos de trabajo que nunca de generaron. LA promesa de empleo siempre es el argumento principal para su justificación, pero luego todo se queda en humo.

Un ejemplo de cómo las empresas mineras aterrizan en el territorio lo tenemos en Extremadura. Infinity Lithium, una multinacional australiana, plantea extraer litio a escasos kilómetros de una de las joyas de nuestro patrimonio cultural, la ciudad de Cáceres, Patrimonio de la Humanidad. En su proyecto inicial estaba contemplada la instalación de una mina a cielo abierto en un terreno de 1350 hectáreas, con una corta de entre 300 y 400 metros de profundidad y un diámetro de entre 700 y 1.100 metros. Estaba previsto que se colocaran una serie de balsas y escombreras justo encima del acuífero que surte a la ciudad de Cáceres, que se iba a ver contaminado.

Estas empresas actúan como si estuviesen por encima de la ley. Como si se encontrase en un país en vías de desarrollo, donde todo le está permitido. Debido a la resistencia ciudadana de la ciudad de Cáceres, este proyecto minero ha sido enterrado en un cajón y ahora la empresa plantea la instalación de una mina soterrada, de la que aún no conocemos la letra pequeña. Este nuevo proyecto tampoco genera muchas garantías entre la población porque Infinity Lithium argumentó en su momento que era imposible, por motivos técnicos, soterrar la mina. Y ahora, por arte de magia, sí se puede.

Otro ejemplo de proyectos mineros que cuentan con una fuerte contestación ciudadana en Extremadura está en el municipio de Cañaveral, donde se plantea otra mina a cielo abierto en la Dehesa de las Navas, una dehesa de alto valor ecológico, en la que habitan muchas especies incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de Extremadura, e incluso, algunas de ellas en peligro de extinción. El proyecto minero además supondrá la contaminación de la cuenca del río Alagón y Tajo, que es donde irán a parar los residuos tóxicos mineros.

“Esta ley, que parece que se hizo expresamente a la medida de las compañías mineras, es evidente que está actuando como reclamo para muchas empresas internacionales, mandando el mensaje de que España es un “paraíso minero””

En el contexto de Galicia, tenemos numerosas minas, ante las que la Xunta del señor Feijoo ha mirado para otro lado, cuando no colaborado, a pesar de los incontestables daños al medio ambiente, a los recursos hídricos, a las rías e incluso, a la salud humana. La Mina de Touro que ha sido responsable por la inyección de metales pesados al sistema fluvial del Ulla y la ría de Arousa. La Mina de San Finx, Mina con un largo historial de contaminación por metales pesados, que afecta a la ría de Muros - Noia y sus bancos de marisqueo. Reabierta en 2009 sin evaluación de impacto ambiental, dejando las presas de residuos abandonadas sin restaurar, con procesos penales por delitos de contaminación y prevaricación. La Mina de Varilongo, también con procedimientos penales y sancionadores por contaminación y prevaricación. Y un largo etcétera de minas y agresiones al medio fuertemente contestadas por la movilización de vecinos y asociaciones de todo tipo, desde Cofradías, hasta ganaderos o ecologistas.

En Asturias tenemos el proyecto de la mina de oro de Salave, que cuenta con una amplia oposición en Tapia de Casariego.

Tenemos que acabar ya, de una vez por todas, con el expolio de los recursos naturales que estas empresas mineras llevan décadas realizando. Necesitamos garantías sociales y ambientales para que estos proyectos mineros sean respetuosos con los territorios, pero también garantías de participación ciudadana para que sean los vecinos y vecinas de los lugares afectados los que decidan si quieren o no una mina en la puerta de su casa.

“Estas empresas actúan como si estuviesen por encima de la ley. Como si se encontrase en un país en vías de desarrollo, donde todo le está permitido”

Por ello, y para evitar el gran desastre ecológico y social que este boom de la minería produciría en nuestro medio rural, es esencial y muy urgente que se reforme la permisiva actual Ley de Minas, de tal manera que se tenga en cuenta la conservación del medio natural y se respeten los derechos de las poblaciones que habitan en las zonas afectadas.

1. De cara a garantizar la preservación de nuestro medio natural, es esencial que la nueva Ley de Minas contemple la total exclusión de la actividad minera de todos los espacios de interés natural de nuestro país, empezando por la Red Natura 2000, las reservas naturales fluviales, las cuencas de vertido de lugares de captación de agua potable, etc.

Este es un aspecto clave de nuestra propuesta: cualquiera puede entender que los espacios protegidos deben estar libres de explotaciones mineras. O sino, ¿para qué sirven?

2. La nueva Ley de Minas excluye de su ámbito al agua mineral embotellada, que debería pasar a ser dominio público hidráulico. No hay que olvidar que el acceso al agua potable es un derecho humano, establecido como tal por la ONU en 2010, y además es un elemento esencial para el mantenimiento de los ecosistemas, por lo que resulta anacrónico y muy problemático que en España se siga considerando un recurso minero.

3. El nuevo texto legislativo que planteamos modifica el procedimiento de consulta pública establecido en la norma actual, de tal manera que sea transparente, con plazos razonables y promueva la máxima participación ciudadana.

4. Asimismo, los permisos mineros solo deberán otorgarse cuando se haya aprobado el plan de restauración, los estudios de transporte, electricidad y agua, etc.

5. También se contempla el establecimiento de un impuesto más justo que refleje la explotación de un recurso público no renovable, pues el tipo impositivo actualmente vigente es de tan solo el 1%, siendo de los más bajos del mundo. De hecho proponemos un tipo impositivo del 10%.

6. Finalmente, para evitar la obtención de permisos por “caza-derechos” y empresas mineras especulativas, se establecen en la nueva ley garantías que acrediten la solvencia económica y técnica de los titulares de derechos mineros.

7. Además, trabajamos en alternativas: incluimos como yacimientos de metales los presentes en vertederos y otras instalaciones de residuos que contengan residuos minerales que puedan ser objeto de aprovechamiento. Con esto pretendemos apuntar hacia yacimientos alternativos que pueden suponer una fuente importante de metales.

De esta manera se evitaría que se produjesen graves daños ambientales y sociales en buena parte de nuestro país, se conseguiría que la totalidad del agua fuese dominio público hidráulico y, como tal, se tratase; y se conseguiría en buena medida racionalizar la actividad minera, tanto en lo referente a la contribución fiscal como a la transparencia y participación ciudadana. Necesitamos enterrar la actual Ley de Minas, trasnochada y propia de la dictadura en la que nació, y sustituirla por una nueva Ley de Minas moderna, que tenga en cuenta los aspectos ambientales y sociales, más acorde con un país democrático como el nuestro.