La maltrecha salud del país más rico del mundo
En EEUU la responsabilidad primaria por la prestación de los servicios de salud no recae en el gobierno federal ni existe un sistema de salud nacional.
WASHINGTON.- Cuando uno se plantea un cambio de domicilio piensa en las ventajas que ello puede acarrear: aprendizaje de otros idiomas, enriquecimiento multicultural, capacidad de adaptación a otros entornos… Un compendio de ventajas que acaban haciendo que veas a tus hijos, en unos años, más altos, guapos y sanos. Hasta que uno se da cuenta que vivir en una gran ciudad —estadounidense, en este caso— va a aportar a la familia de todo… menos una vida más saludable, especialmente si el punto de partida es España.
Ya nos avisó de ello hace unos meses el conocido estudio Bloomberg, que situó a nuestro país en el primer puesto de las naciones más saludables del mundo mientras relegaba a los Estados Unidos al lugar 35, en base a factores como el acceso al agua potable, tabaquismo, la dieta, esperanza de vida, obesidad y, como uno de los principales, la atención médica.
Como dice la Organización Mundial de la Salud (OMS), los sistemas sanitarios, que son los que amparan dicha atención médica, son importantes porque acaban siendo un componente integral de cada sociedad, y es que la palabra “salud” abarca el estado completo del bienestar físico y social de los seres humanos.
Sin embargo, y como muestra el bajo lugar del escalafón en el que se encuentra el gigante norteamericano, los problemas relativos a los sistemas de salud no se limitan a los países pobres. En algunos países ricos, gran parte de la población carece de acceso a la atención sanitaria por situaciones poco equitativas en materia de protección social o porque el costo es cada vez más alto a causa de un uso ineficaz de los recursos.
¿Cuál es entonces la solución para que las sociedades crezcan, se desarrollen y envejezcan más sanas y felices? ¿Se trata de invertir más en los sistemas de salud? Pues parece que tampoco si nos ceñimos a los datos que arroja el gasto público estadounidense por habitante, el más alto del planeta: 7.637 euros por persona en 2017 por los 1.472 euros per cápita gastados ese mismo año por el Sistema Nacional de Salud español. Siendo el país del mundo que más invierte en sanidad respecto de su PIB, ¿qué hace falta para que dicho sistema funcione?
El caso español
Celsa Andrés, médica especialista en Medicina del Trabajo y vicepresidenta de
Médicos del Mundo, lo tiene claro: “Lo que hace enormemente valioso a nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) es su equidad y que sigue manteniendo la universalidad. Todo el mundo está cubierto. Es un sistema que se paga con los Presupuestos Generales del Estado, no está directamente relacionado con el aseguramiento”. Así, afirma Andrés, “una persona, por estar residiendo en España (lo cual conlleva el pago de impuestos, aunque sean indirectos), tiene derecho a toda la asistencia sanitaria, desde la atención primaria a la hospitalaria en cualquier tipo de patología, incluso las que necesitan de tratamientos caros”.
“En España ninguna persona, por cuestiones económicas, queda fuera de la cobertura sanitaria. Otro aspecto a destacar es el plus que aporta el sistema nacional de trasplantes de órganos, que amplía la aún más la cobertura de nuestro SNS”, explica esta experta.
En el caso español, la Constitución Española de 1978 establece en su artículo
43 el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria de todos los ciudadanos, lo que eleva la salud en España a la categoría de derecho constitucional. El Sistema Nacional de Salud, popularmente conocido como Seguridad Social, es un sistema público que tiene desde 2002 transferidas las competencias de la sanidad a las CCAA, que son las que se encargan de la gestión directa de los servicios de salud.
En general, el conjunto de servicios que el SNS ofrece a la ciudadanía española incluye actividades preventivas, terapéuticas, diagnósticas, rehabilitadoras y de promoción y mantenimiento de la salud.
Y los ‘problemas’ de EEUU...
El sistema sanitario estadounidense es muy diferente. La responsabilidad primaria por la prestación de los servicios de salud no recae en el gobierno federal ni existe un sistema de salud nacional, lo que hay son cuatro sistemas
de provisión de servicios de salud, cada uno con un nivel de competencias y
compartido entre las distintas jurisdicciones locales, de las ciudades y los diferentes estados.
El sistema federal es el resultado de la legislación del Congreso que a su vez
da lugar a dos sistemas distintos: Medicare y Medicaid. El primero resulta de
las aportaciones que hacen los ciudadanos a la seguridad social y su fondo de
pensiones público. El segundo se legisla por la asignación de fondos del
Congreso pero no administra los servicios de salud, que son competencia de
los estados y jurisdicciones locales.
La tercera aportación al sistema de servicios de salud norteamericano se lleva
a cabo por las ciudades y municipios, que suelen subsidiar seguros privados o
sin ánimo de lucro (como las universidades que operan hospitales y centros
especializados).
Por último, hay una extensa red de hospitales e instalaciones privadas sanitarias, que son las utilizadas por una gran parte de la población y que
conllevan un gasto muy alto, en algunas ocasiones cubierto por las empresas,
que lo utilizan como incentivo laboral. Son muy rentables para las empresas
aseguradoras, que enfocan la salud como un negocio más.
En 2010, el sistema sanitario americano se vio completado por la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible (conocida como Obamacare), una serie de
subsidios públicos estatales que ampliaban la cobertura médica privada de los
ciudadanos americanos, con el fin de que nadie quedara fuera de la atención
sanitaria, y ponía límites a las aseguradoras privadas. Pero en la actualidad el
presidente Donald Trump, siguiendo una de las promesas electorales que le llevaron al poder, ha bloqueado el pago de millones de dólares destinados a la
protección de las aseguradoras de los altos costes que suponen los pacientes
con numerosos problemas médicos. En la actualidad, hay 34 millones de
personas sin cobertura médica.
Con semejantes cifras, ¿cómo se podrían superar las situaciones de inequidad que produce el sistema de salud estadounidense, a pesar del dinero desembolsado? Pues la organización especializada en accesibilidad a la salud
The Commomwealth Fund recomienda algunas iniciativas que serían
fundamentales en este caso: el fortalecimiento de la atención primaria, la disminución de barreras en la atención al paciente y el alejamiento del pago de
tarifa por servicio a otros agentes. Todo ello se traduciría en una mayor garantía de diagnóstico y tratamiento temprano, mejora de la accesibilidad a la atención sanitaria y reducción de las barreras económicas.
Además, la OPS recuerda que, en cualquier sistema sanitario, la falta de
universalidad y equidad en el acceso a servicios de calidad implica un costo
social importante y aumenta el riesgo de empobrecimiento de los grupos de
población más vulnerables. La evidencia muestra que cuando existen barreras
de acceso a los servicios (ya sean económicas, geográficas, culturales,
demográficas, de género, étnicas o relacionadas con la edad u otros), el
deterioro de la salud implica no solo un mayor gasto sino también una pérdida
de ingresos. Es decir, la inversión puramente económica, por sí misma, no
garantiza que un sistema de salud sea eficiente.
No olvidemos que lo que en el fondo se debate en Estados Unidos es la vieja
cuestión sobre si la salud es un derecho que deba ser garantizado por el
Estado o no. Esa es la división ideológica que hoy impregna el Congreso y que
tiene la salud del país en peor estado que nunca.
