ECONOMÍA
28/08/2019 20:12 CEST | Actualizado 30/08/2019 16:18 CEST

La otra cara del bloqueo político: el dinero que no llega a las comunidades

Los gobiernos autonómicos presionan al Ministerio de Hacienda para que desbloquee 7.000 millones que servirán para pagar servicios como educación y sanidad.

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Una mujer saca billetes de 20 euros de su cartera

Parálisis total. España vive inmersa en un clima de inestabilidad política e institucional desde las elecciones generales de diciembre de 2015, cuando los ciudadanos decidieron poner fin a la mayoría absoluta del PP y abrieron el escenario a cuatro partidos —que ahora ya son cinco—, cuyas piezas no terminan de encajar para poner en marcha al país. El 2016 fue un año perdido completamente, tanto desde el punto de vista político como económico. El 2019 parece que sigue por el mismo camino. Los españoles podrían ser llamados a las urnas por cuarta vez en cuatro años.  

Ahora este bloqueo político empieza a tener sus consecuencias en los bolsillos. La falta de unos presupuestos actualizados —España funciona actualmente con las últimas cuentas aprobadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy— implica que las comunidades reciben menos dinero del previsto inicialmente. Los parlamentos de las comunidades autónomas aprobaron sus cuentas públicas para este año que tenían en cuenta unas previsiones de ingresos por parte del Ejecutivo central que luego no se han cumplido.

Las regiones están recibiendo este año el mismo dinero que obtenían en 2018, en vez de las cantidades actualizadas para 2019. El rechazo primero al proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2019 —que incluía subidas de impuestos y mejoras para las autonomías— y la ausencia posteriormente de un Gobierno con plenas funciones han complicado la búsqueda de una solución. 

La primera comunidad en poner el grito en el cielo fue Cataluña. El Govern de la Generalitat acordó este martes el inicio de acciones legales contra el Estado por el impago de una parte de los recursos que el Ministerio de Hacienda tenía que darles este año, tal y como había anunciado anteriormente ante el Parlament el vicepresidente económico Pere Aragonès. Cataluña calcula que tiene que recibir 1.317 millones pendientes de pago.

Se trata de una cantidad de dinero considerable si se tiene en cuenta que Cataluña recibió en total 19.294 millones del Estado durante todo el año pasado: 17.648 por las entregas a cuenta y 1.646 por la liquidación del año 2016, según los datos del Hacienda, que elabora un cuadro cada año con el dinero recibido por cada región. Madrid y Andalucía también cifran la cuantía pendiente en 1.300 millones. 

El resto de comunidades no ha ido tan lejos como el independentista Quim Torra y ha evitado sumarse a la batalla legal, a pesar de que también están enfadadas con la situación existente. Solo la Xunta de Galicia, que dirige Alberto Núñez Feijóo, no descarta del todo la vía judicial para reclamar los 700 millones pendientes.

Los cinco presidentes regionales del PP —Galicia, Andalucía, Madrid, Murcia y Castilla y León— se han unido para exigir a Pedro Sánchez la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para hablar sobre la financiación autonómica. 

Los conservadores pretenden que este foro, que reúne a Hacienda y los consejeros de las distintas comunidades, resuelva la situación de los cerca de 7.000 millones de euros pendientes de transferir entre las entregas a cuenta de 2019 y la liquidación del IVA de 2017. Este bloqueo afecta a las tesorerías de las comunidades. Algunas de ellas se han visto obligadas a recortar o contener el gasto público. 

La Abogacía del Estado respalda al Gobierno 

A petición del departamento que dirige María Jesús Montero, la Abogacía del Estado ha elaborado un informe de 13 páginas que determina que un Gobierno en funciones no puede desbloquear los fondos pendientes porque condicionaría “la actuación del nuevo Gobierno”, según ha publicado el periódico El País.  

El Gobierno argumenta que tiene las manos atadas, ya que, al estar en funciones, su actividad está muy limitada. Al no haberse producido una investidura con éxito, un Ejecutivo en una situación de interinidad no puede tomar decisiones que condicionen a un nuevo Gobierno como ocurriría con el desbloqueo del dinero pendiente. 

A pesar de este informe de la Abogacía del Estado que respalda su postura, Montero se ha comprometido a buscar una solución legal para la transferencia del dinero pendiente, aunque no parece fácil que la vaya a encontrar. “No me doy por vencida, voy a seguir explorando fórmulas que permitan actualizar las entregas a cuenta”, ha asegurado Montero en una entrevista en el programa Más De Uno (Onda Cero).

El PP reclamó a Hacienda la publicación de ese informe, ya que los conservadores sospechaban que no existía. Tras varios días de polémica, el informe ha aparecido finalmente esta semana tras una consulta urgente enviada por el Ministerio el pasado 22 de agosto. La ministra ha recordado a los dirigentes conservadores que su antecesor en el cargo, Cristóbal Montoro, también defendía que no se podían actualizar las entregas a cuenta sin haberse aprobado los presupuestos. 

Una reforma pendiente

El problema de estos pagos es solo el principio de la que puede ser la gran batalla política de esta legislatura si es que finalmente se elige un nuevo Gobierno: la reforma del modelo de financiación autonómica. El régimen actual fue diseñado en 2009, cuando el socialista José Luis Rodríguez Zapatero estaba en La Moncloa. Tanto Rajoy como Sánchez se comprometieron a reformarlo, pero no lo hicieron.   

El sistema de financiación sirve para repartir el dinero que Hacienda recauda con los impuestos entre las diferentes comunidades autónomas. Actualmente, el 50% del dinero recaudado por IVA e IRPF y el 58% de los impuestos especiales se transfiere a las regiones. La cantidad a transferir se decide en función de las estimaciones de lo que se cree que se va a ingresar al año siguiente. Si la recaudación final es más elevada de lo pronosticado, el Estado abona posteriormente la diferencia. 

Gracias a estos ingresos, las comunidades pueden prestar servicios como la educación y la sanidad. Existen dos excepciones, País Vasco y Navarra, que se encargan ellas mismas de la recaudación y no entran dentro de este sistema, que se conoce como el régimen común. 

Las cantidades que se reparten actualmente a las regiones mediante este sistema de financiación son más altas que nunca. Sin embargo, muchos Gobiernos autonómicos consideran que debería incrementarse el dinero a repartir y así lo reclaman desde hace tiempo. También plantean que se deben tener en cuenta variables como la población real, la dispersión geográfica, la tasa de paro o la población en riesgo de pobreza. Una discusión que tendrá lugar probablemente a partir del año que viene. 

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