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09/09/2019 09:02 CEST

La petición de los padres del niño Gabriel ante la celebración del juicio a Ana Julia Quezada

La madre del pequeño se dirigió personalmente al presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía

EFE
EFE

El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha promovido un “pacto ético”, que han suscrito once entidades, para la cobertura informativa del juicio por la muerte del niño Gabriel Cruz, una iniciativa que ha sido respuesta a la petición de mesura de los padres de Gabriel, Patricia y Ángel.

El presidente del CAA, el veterano periodista Antonio Checa, ha explicado a Efe que fue la propia madre de Gabriel quien se dirigió a él para que efectuara una llamada a los profesionales de la información que evitara “excesos” como los producidos durante la cobertura de la búsqueda de Gabriel y de la detención e interrogatorio de Ana Julia Quezada, autora confesa de la muerte de Gabriel Cruz.

Antonio Checa ha recordado que el CAA emitió el año pasado “a posteriori” un informe sobre la cobertura informativa de estos hechos en el que detectó varios “excesos” en informaciones emitidas también por varios medios.

Siguiendo la petición de la madre de Gabriel, el CAA ha pedido que se sumen a este “pacto ético”, en su mayoría asociaciones de la prensa, sindicatos de periodistas.

En un comunicado, el CAA indica que dicho pacto ha sido suscrito por las asociaciones de prensa y periodistas de Almería, Huelva, Málaga y Sevilla, así como por la Demarcación Territorial del Colegio de Periodistas de Andalucía en Málaga, la Asociación pro Derechos Humanos de Sevilla, la Federación de Sindicatos de Periodistas, el Sindicato de Periodistas de Andalucía y QSD Global.

La aplicación de este pacto ético tiene como objetivo “no menoscabar ninguno de los derechos que convergen en el inminente juicio de Almería -que comienza el próximo lunes-”.

Asimismo, se busca que las informaciones “no añadan dolor al dolor de la familia de Gabriel”, señalando el CAA que los padres han elaborado un documento en el que se pide evitar informaciones “relativas a los informes forenses que se le practicaron, que puedan dañar su imagen y ocasionen un perjuicio y dolor enorme a sus seres queridos”.

“No nos negamos a que se informe, dicen, sólo demandamos ser cuidadosos con la imagen de un menor”, apuntaban los padres en dicho documento.

Los progenitores quieren también que se realice un “uso responsable y respetuoso de su imagen” y evitar “un tratamiento sensacionalista y morboso que atienda a intereses diferentes” y que “no se produzcan interferencias que pudieran cuestionar que se trata de un juicio justo y con todas las garantías”.

El CAA ha recordado que se celebrarán de sesiones con jurado popular y, “en principio, a puerta abierta”, así como que “la gran demanda planteada por los medios de comunicación de ámbito nacional -e incluso internacional- ha llevado a la Audiencia almeriense a disponer de una sala de prensa dotada con 50 puestos para el seguimiento en directo del juicio”.

Los padres de Gabriel, de forma expresa “llaman la atención sobre la divulgación o filtración de los contenidos de los informes periciales relativos a cómo falleció el menor, así como los suyos propios por pertenecer al ámbito de su intimidad y privacidad”.

Los padres de Gabriel también esperan de la jueza la adopción de medidas de protección en los contenidos más sensibles.

A puerta cerrada

La magistrada de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería Alejandra Dodero, que presidirá la vista con jurado popular contra Ana Julia Quezada, la autora confesa de la muerte del niño Gabriel Cruz, ha acordado que la declaración de los padres del menor sea a puerta cerrada.

Así consta en un auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en el que la magistrada alude a un informe del Servicio de Asistencia a la Víctima de Andalucía (SAVA) y un escrito de los letrados de Ángel Cruz y Patricia Ramírez en el que se solicita la celebración de las nueve sesiones del juicio a puerta cerrada.

Sobre el informe del SAVA, Dodero apunta que pone de manifiesto que “tras la victimización secundaria de Patricia y de Ángel, entre otras causas, por el uso desmedido de la mediatización del caso, se ha generado un estado crónico de temor al daño psicológico irreparable en la familia”.

Incide en el perjuicio que podría provocar que el juicio sea público y grabado y generar “una profusión de programas, noticias e impactos que darían lugar a un contexto tan terrible como innecesario de evocación del trauma”.

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