POLÍTICA
28/01/2021 18:32 CET | Actualizado 28/01/2021 18:47 CET

La polémica reforma del CGPJ sigue: el Congreso tumba las enmiendas a la totalidad

PSOE y Podemos presionan al PP para cierren un acuerdo y renueven el Poder Judicial.

EFE/MARISCAL
La portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, y el morado Pablo Echenique, este jueves en el Congreso.

La polémica reforma del Poder Judicial que proponen PSOE y Podemos sigue adelante. El Congreso ha tumbado este jueves las cuatro enmiendas a la totalidad que presentaron PP, Vox, Cs y Junts al plan de socialistas y morados de evitar que el CGPJ realice nombramientos cuando se encuentre en funciones, como está desde hace ya más de dos años.

El órgano de Gobierno de los jueces, no obstante, se ha adelantado al Congreso y ha aprobado este mismo jueves y con amplio consenso (18 votos a favor y tres en blanco) siete nuevos nombramientos: los nuevos presidentes de la sala social del Tribunal Superior de Justicia de Baleares y las audiencias provinciales de Cantabria, Granada, León, Navarra, Baleares y Ciudad Real.

La mayoría de los vocales del Poder Judicial están en contra de la iniciativa parlamentaria. El CGPJ, mientras, continúa cumpliendo con la función que los dos socios de Gobierno quieren limitar cuando haya caducado su mandato y que no ha sido renovado por la oposición del PP a que jueces afines a Podemos formen parte del Consejo.

La mayoría de los vocales del Poder Judicial están en contra de la iniciativa parlamentaria

La iniciativa de socialistas y morados ha abierto un nuevo frente entre el Gobierno y el órgano de Gobierno de los jueces. El Poder Judicial considera que la tramitación urgente de esta reforma no respeta la separación de poderes y quiere que el Congreso solicite un informe sobre ella.

El problema es que los socios de Gobierno no tienen intención de aparcar esta propuesta, como sí hicieron con la que registraron antes para rebajar las mayorías parlamentarias exigidas para elegir a los vocales del CGPJ y que levantó recelos incluso en las instituciones europeas.

La base del proyecto, registrado el pasado 2 de diciembre, es limitar las decisiones que puede tomar el CGPJ cuando su mandato haya expirado. En concreto, pretende evitar que nombre altos cargos. En concreto, recoge que el órgano de Gobierno de los jueces no debe nombrar al presidente del Tribunal Supremo, a los presidentes de las Audiencias, de los Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional, a los presidentes de Sala y a los magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.

El objetivo que persigue el Gobierno es forzar al PP a negociar la renovación del CGPJ

El objetivo que persigue el Gobierno es forzar al PP a negociar la renovación del CGPJ, algo que se antoja complicado en plena campaña electoral catalana. No obstante, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ya ha comentado en alguna que otra ocasión que el acuerdo con los populares está “cerrado” a falta de hacerlo público.

El PP, por su parte, ha defendido su enmienda a la totalidad y un texto alternativo a la reforma, en el que propone que la mayoría de los vocales del CGPJ (los doce de extracción judicial) sean elegidos por los propios jueces. Ese es el mismo sistema que han defendido Vox y Cs.

Los independentistas catalanes de Junts, por su parte, han propuesto que cualquier juez pueda postularse como vocal del Poder Judicial y que sea el Congreso quien decida si les elige o no. La idea de Junts es que cada diputado pueda votar hasta cuatro candidatos, un método similar al de la elección de la Mesa de la Cámara.

J. J. GUILLEN VIA GETTY IMAGES

Las cuatro formaciones que han defendido enmiendas a la totalidad entienden que no tiene sentido recortar las competencias del Poder Judicial cuando el problema, sostienen, es el actual sistema de elección de los vocales. 

Las principales asociaciones judiciales, en contra

Si en algo coinciden las principales asociaciones de jueces y magistrados de España es en que los políticos tienen una “concepción patrimonial” de la Justicia. Esa, sostienen, es la raíz de un problema enquistado desde hace años pero que es cada vez más evidente. Y es lo que hace que el órgano de Gobierno de los jueces lleve dos años en funciones.

La proposición de ley de PSOE y Podemos supone, para la portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, la constatación de un fracaso: “Es demostrar la incapacidad que tienen los políticos de llegar a un acuerdo y hacer lo que tenían que haber hecho, que es renovar el Consejo. Esa es su obligación”.

En la misma línea se muestra su colega Concepción Rodríguez, del Foro Judicial Independiente: “Estamos totalmente en contra. No solamente de esta reforma. También de la anterior por la que se podía elegir el Consejo símplemente por mayoría absoluta. Hace falta un reforma. Pero una que cumpla con las exigencias del grupo de estados contra la corrupción; que los doce vocales de procedencia judicial sean elegidos directamente por jueces y magistrados. Si no se ha renovado el Consejo es porque el sistema está agotado”.

Tres de las principales asociaciones de jueces y magistrados han reclamado esta semana que las reformas del Poder Judicial que plantea el Gobierno sigan “el sentido marcado por la Unión Europea”, en lugar de socavar “los cimientos del Estado de Derecho”. Por eso, piden que 12 de los 21 vocales sean elegidos por los jueces.

La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente han emitido un comunicado conjunto tras conocer la preocupación de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vêra Jouvá, por las reformas que plantea el Gobierno español como salida a la falta de acuerdo para renovar el CGPJ.

La comisaria apela, en una respuesta a la eurodiputada de Cs Maite Pagazaurtundua, a “la Recomendación del Consejo de Europa que determina que no menos de la mitad de los miembros del Consejo deben ser jueces elegidos por sus pares” y advierte de la importancia de que cualquier “futura reforma” de este órgano “tenga en cuenta los estándares europeos”.

“Ni es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que desde Europa se advierte a España que no está cumpliendo los estándares europeos en lo referente a la defensa del Estado de derecho”, lamentan las asociaciones judiciales, que recuerdan que desde hace años reclaman “esta reforma que reiteradamente nos están recomendando las instituciones europeas”. 

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