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25/05/2019 09:46 CEST | Actualizado 25/05/2019 09:46 CEST

La Real Fábrica de fumadores de Sevilla

Tarasylo via Getty Images

La Real Fábrica de Tabacos de Sevilla alberga desde hace años el Rectorado y tres facultades de la Universidad, pero más de 250 años después de que empezara su actividad, no consigue sacudirse su vinculación con el cigarrillo, la primera causa de mortalidad evitable en el mundo. Es 14 de mayo, mediodía, la temperatura alcanza los 34 grados y bajo las sombreadas arcadas del patio de la fuente, el humo se acumula en cuanto los alumnos salen de clase. Cientos de colillas que no se limpiaron se acumulan a los pies de los bancos donde se sientan los estudiantes a encender un cigarro. En una guerra que gana siempre la nicotina, los carteles de prohibido batallan -ignorados- con unos ceniceros que mandan el mensaje de que fumar está permitido .

El artículo 7d de la Ley del Tabaco 42/2010 prohíbe fumar en los centros universitarios, accesos y las aceras circundantes incluidas. En el Rectorado ninguno de los patios interiores puede considerarse espacio abiertos -ahí sí está permitido- y están, además, señalizados, pero eso no impide que se fume a diario y fuera de la ley desde hace 13 años. Alumnos, profesores y Personal de Administración y Servicios (PAS) inhalan un producto que mata cada día 166 hombres y 40 mujeres.

En ámbitos internacionales de salud y medio ambiente, el cigarrillo se ha vuelto tan indefendible por su impacto negativo sobre la sociedad que ya existen movimientos que piden el fin de su fabricación. Tabacaleras como Phillip Morris declaran ya con la boca pequeña que quieren ver un mundo libre de humo mientras siguen lucrándose con la venta de su mortífero producto. La veintena de personas que fuman ante mis ojos en los patios 11 y 12 del Rectorado -marcados así en el plano del edificio- están a años luz de un debate que ahora comienza a brotar en España, colocando al tabaco en el mismo disparadero que el diésel y el plástico.

Dos empleadas del PAS fuman recostadas contra el muro del patio de la fuente, a dos metros escasos de la entrada al comedor. Varios estudiantes lían cigarrillos debajo de los carteles de prohibido fumar y otros lo sostienen en la mano con la mirada clavada en sus móviles. Un vigilante de seguridad pasa dos veces pero la historia no va con él. La universidad no reclama a la empresa que vigile estas infracciones, cosa que -sin embargo- sí que hizo para luchar contra los botellones en el campus.

Nofumadores.org presentó el 15 de febrero de 2019 un informe a la gerencia de la Universidad detallando los incumplimientos en nueve centros universitarios y reclamando una investigación a fondo, pues el problema afecta a todas las facultades. Este informe, con profusión de fotografías, planos y lugares de incumplimiento, documenta las infracciones que cometen cada día miles de personas. Una comunidad universitaria de 80.000 personas y con un 30% de fumadores -media en Andalucía- genera miles de infracciones diarias. Solo multando a un pequeño porcentaje de los infractores, la Junta de Andalucía ingresaría decenas de miles de euros a diario. Sin embargo, desde el comienzo de aplicación de la ley en 2006, no existe constancia de una sola denuncia por este tema. Los responsables universitarios parecen sentirse cómodos sin importunar al gigantesco bully que es la adicción al tabaco colaborando en la transmisión de esta adicción epidémica.

La Universidad de Sevilla pretende mostrarse al mundo como ejemplo de sostenibilidad y modernidad mientras respalda por omisión al cigarrillo y a la letal industria tabaquera que lo comercializa.

De quererlo, la universidad posee -no obstante- recursos suficientes para acabar con las infracciones. La mayoría de los centros cuenta con un servicio de vigilancia privada que tiene, según el Ministerio de Interior, la potestad para “evitar la comisión de actos delictivos o infracciones administrativas”, debiendo oponerse a los mismos e intervenir. Los bedeles también pueden contribuir en esta labor. Hasta los órganos rectores no han mostrado voluntad para atajar un problema tan grave que convierte a la universidad de Sevilla en una cantera de fumadores. Para combatir el tabaquismo, la universidad tiene la potestad de aplicar el artículo 7s de la ley 42/2010 y declararse 100% libre de humos.

Cuando se les interpela, la misma facultad parece desconocer la legislación, el departamento de Prevención de Riesgos afirmó que en el patio del edificio de San Francisco Javier, donde se ubica Ciencias de la Educación, se podía fumar porque “una compañera de los servicios jurídicos nos dijo que efectivamente era así”. Una placa de la propia universidad declara este patio como “100% libre de humo”. En Ciencias de la Educación encuentro estudiantes fumando en la entrada, ceniceros que no debían estar ahí y un suelo lleno de colillas.  En una esquina del patio en disputa, semiescondido y con un tamaño de medio folio aparece un cartel que prohíbe fumar en todo el patio. Dos profesoras fuman ajenas a dos metros de la señal. Sobre ellas se proyecta la sombra de unas pasarelas que bajan la temperatura hasta diez grados. El patio apesta a un humo que se eleva sobre estudiantes que comen, trabajan en sus portátiles o charlan unos con otros rodeados de un aire contaminado que causa 3000 muertes al año en fumadores pasivos. En los intersticios del adoquinado se acumulan miles de colillas imposibles de limpiar si no es recogiéndolas de una en una.

En EEUU -con un 16.7% de población fumadora frente al 33% en España- 2100 universidades son completamente libres de humo desde 2017 y su número aumenta cada año. Mientras tanto, la Universidad de Sevilla pretende mostrarse al mundo como ejemplo de sostenibilidad y modernidad mientras respalda por omisión al cigarrillo y a la letal industria tabaquera que lo comercializa. 

 

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