La reforma de la sedición encara otro día clave con la malversación en el centro del debate

La tramitación parlamentaria para derogar el delito de sedición avanza de forma acelerada con el objetivo de que se apruebe antes de que acabe el año y afronta este viernes otra jornada clave: los grupos tienen que presentar sus enmiendas y desvelar si se retocará también el delito de malversación.

El PSOE, que junto con Unidas Podemos impulsa el cambio legal para que el delito de sedición se convierta en uno de desórdenes públicos agravados, no cuenta tan claramente con su socio de Gobierno para afrontar la otra reforma del Código Penal que pide ERC, la del delito de malversación.

Sin embargo, tal como adelanta El País, miembros socialistas del Ejecutivo y de ERC negocian retoques de última hora en el delito de malversación para limitar las críticas internas en el PSOE. El objetivo es evitar beneficios para muchos políticos condenados por corrupción y, sobre todo, para suturar las críticas entre algunos barones autonómicos del principal partido en el Gobierno.

Como los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y de Aragón, Javier Lambán, dos de los barones socialistas más críticos con el Gobierno de Pedro Sánchez. Page, precisamente, se mostraba confiado este jueves en que el Gobierno central “se mantenga en la posición de no tocar” lo relacionado con los delitos de corrupción en el Código Penal, y subrayaba que cuando se indultó a los líderes del procés se “excluyó el delito de malversación porque entraba en el ámbito de la corrupción”.

Fuentes socialistas sí han adelantado que entre sus enmiendas prevén incluir modificaciones legales que permitan desbloquear la situación del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, uno de los puntos más controvertidos es si finalmente se reformará también el delito de malversación, tal y como proponen ERC y Junts.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abrió este martes la puerta a hacerlo, aunque dejó claro que en cualquier caso no habrá ningún retroceso en la lucha contra la corrupción, un mensaje en el que ha incidido este jueves el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en Bruselas.

Yolanda Díaz habla claro en nombre de Unidas Podemos

Así, mientras Pedro Sánchez se abría a reformar el delito de malversación, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha afirmado que Unidas Podemos (UP) no va a presentar enmiendas sobre ese delito: “Soy clara. Unidas Podemos no formula enmiendas con un tipo penal conocido como malversación”.

Las declaraciones de Díaz no suponen una posición contraria de UP a unas eventuales enmiendas para reformar la malversación de sus socios de investidura, pero sí suponen una toma de distancia al respecto o, la menos, señalan una posición diferenciada.

ERC ha avanzado también su idea de modificar la malversación de forma “quirúrgica” y con el objetivo de “avanzar en la desjudicialización” y “limitar las arbitrariedades” del Estado. La propuesta que presentará quiere evitar que el delito se pueda volver a usar de “forma arbitraria para perseguir al movimiento independentista”, pero recalcan al mismo tiempo que ninguna reforma puede ser utilizada para rebajar penas en casos de corrupción.

También clara se ha mostrado la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Míriam Nogueras, en una entrevista con EFE en la que ha desgranado sus enmiendas para revertir los cambios del Código Penal de 2015. En concreto, JxCat quiere “derogar” su artículo 219 que el PP reformó para “penalizar a los que habían preparado” la consulta soberanista del 9N de 2014, que era un compromiso del “programa electoral” del entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas.

Por otra parte, Más País ya ha registrado sus enmiendas en las que propone, entre oras cuestiones, eliminar las penas de inhabilitación para las personas que cometan ese delitos de desórdenes públicos que según la iniciativa del PSOE y Unidas Podemos está castigado con penas de prisión e inhabilitación en cargo público de tres a cinco años.

En sus enmiendas, el partido de Íñigo Errejón también quiere limitar las penas de prisión previstas en la proposición para los casos de violencia grave “solamente cuando ocasionen un peligro grave para la vida pública o las personas”, de forma se supriman de este tipo penal los actos de intimidación.