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29/01/2021 13:08 CET | Actualizado 29/01/2021 13:08 CET

La vacunación será universal o no será

La población tiene derecho a saber cuánto han costado las vacunas, qué compromisos de entrega han firmado las compañías y qué medidas puede tomar la UE en caso de incumplimiento.

Amalia Vargas via Getty Images
Hand holding syringe and possible covid-19 vaccine in Mexico

Lo llevamos diciendo desde que comenzó la pandemia y la crisis social provocada por ella: de esta sólo podremos salir en común, o no saldremos. No es un eslogan. Es una obligación para superar la pandemia: no estaremos a salvo a menos que todo el mundo esté a salvo. Sólo los cuidados, la protección, la inversión pública y el trabajo en común nos pueden salvar de la crisis sanitaria y social que vivimos. 

Por esa razón, los sistemas públicos han vuelto al lugar central que nunca debieron perder. Pero, ¿es compartido por todos? En este año de pandemia, algunos y algunas quieren que nos desviemos de lo esencial, que olvidemos lo que ha significado la privatización de los sistemas de salud, la precarización de los empleos sanitarios, la falta de empresas públicas listas para producir cuándo sea necesario y hacerlo de forma accesible.

Ahora que, tras un extraordinario esfuerzo público y científico, podemos contar con vacunas, ¿comparte todo el mundo que sólo en común superaremos la pandemia? Estos días hemos visto cómo en nuestro país muchos cargos electos se han saltado los protocolos establecidos para asegurar estos cuidados colectivos. Protocolos que pasan por proteger primero al personal médico esencial para hacer frente al virus y a los grupos más vulnerables, como las personas mayores que viven en residencias y que han sufrido sus peores consecuencias. Ha estallado una indignación comprensible, y deben pedirse responsabilidades.

¿Comparte todo el mundo que sólo en común superaremos la pandemia?

Pero no puedo dejar de señalar que no es sólo una cuestión de egoísmo particular, sino que afrontamos problemas estructurales en el acceso a la vacunación. Que no son sólo de distribución, sino de producción. El asombroso desarrollo de varias vacunas en menos de un año ha sido posible gracias a una enorme inversión de fondos públicos que ha impulsado el trabajo de laboratorios de todo el mundo. Ahora no podemos dejar que las grandes farmacéuticas ‘privaticen’ esos avances y conocimientos y pretendan acaparar la respuesta a la COVID. Es urgente que la Comisión Europea obligue a estas empresas a cumplir sus contratos para que los Estados puedan cumplir con sus calendarios de vacunación. 

Pero hace falta más. Esta semana, la izquierda europea lanzó una campaña de apoyo a la Iniciativa Ciudadana #Right2Cure, impulsada por colectivos sociales y plataformas del ámbito sanitario de toda Europa. Su objetivo es reunir un millón de firmas para exigir que las vacunas y los tratamientos contra la COVID-19 sean declarados de interés público global (y por tanto, de acceso universal y gratuito); más transparencia en el proceso de adquisición y distribución; y que Bruselas se adhiere al compromiso de declarar las vacunas libres de patentes, como ya han pedido numerosos Estados dentro de la ONU. En esta línea, el programa COVAX quiere garantizar el acceso justo y equitativo de todos los países a las vacunas: no tiene sentido que la cura no llegue al 75% de la población mundial. La izquierda europea logró recientemente una pequeña victoria a este respecto, consiguiendo que el Consejo de Europa pidiese a los Estados miembros que declaren las vacunas bienes públicos globales.

La iniciativa #Right2Cure, como muchos miembros del Parlamento Europeo en los últimos meses, también exige que los contratos con las farmacéuticas sean públicos. Por ahora, sólo hemos podido ver uno de ellos, firmado con CureVac, después de que la Comisión cediese a la presión de la Eurocámara y la prensa. Y algunas partes están tachadas. Mientras, los acuerdos con AstraZeneca, Pfizer y Moderna continúan ocultos. La Comisión Europea debe publicar de forma íntegra todos sus acuerdos. Además de ser un gesto de transparencia, ayudaría a evitar los problemas con el suministro que estamos sufriendo, por ejemplo, con AstraZeneca. La ciudadanía tiene derecho a saber cuánto han costado las vacunas, qué compromisos de entrega han firmado las compañías y qué medidas puede tomar la UE en caso de incumplimiento. La transparencia no sólo es un derecho democrático sino una manera de evitar que unos pocos, como aquellos que se saltan las colas, hagan negocio a costa de nuestras vidas.

No se pueden tolerar acciones como el apartheid médico israelí contra la población palestina

En el marco internacional, tampoco se pueden tolerar acciones como el apartheid médico israelí contra la población palestina. Mientras el país presume de ser el más rápido en vacunar a su ciudadanía, incluyendo a los israelíes que viven en asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania, obstaculiza la vacunación tanto de civiles como de personal médico palestino en estas zonas. No sólo es moral y legalmente inaceptable, es que negar esa atención médica incumple el derecho internacional. Esta semana me dirigí al director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, para denunciar esta situación. La OMS y Naciones Unidas deben tomar una postura clara para evitar la comisión de posibles crímenes de apartheid y para que Israel cumpla con sus obligaciones como potencia ocupante.

En fin, este es un desafío titánico que no podemos afrontar divididos, sino con el esfuerzo común de pacientes, personal médico y científico, movimientos sociales, instituciones y partidos políticos. Es una cuestión de interés general, y por eso necesitamos transparencia, trabajar para que las vacunas sean un bien público que todos los países puedan producir y distribuir, también, mediante empresas estatales. Las vacunas desarrolladas con financiación pública deben declararse como licencia obligatoria para que las empresas no las ‘capturen’ a través de patentes y hagan negocio con ellas. Es el momento de la solidaridad, del compromiso, y de poner todos los recursos al servicio del interés general.