POLÍTICA
27/04/2019 22:00 CEST

Las 5 promesas imposibles de los programas electorales

Puedo prometer y prometo...

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¡Ya están aquí! Apenas quedan unas horas para las elecciones generales del 28 de abril. Los partidos políticos han anunciado algunas de las medidas que aplicarán en el caso de hacerse con el poder. Las formaciones ya han presentado sus programas electorales, algunas de ellas bien entrada la campaña. También se han producido las típicas meteduras de pata y, como siempre, las ideas más locas que ellos mismos saben que no se pueden cumplir. 

Hemos recopilado las 5 propuestas que parecen imposibles:

1. Bajada de impuestos (PP)

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Pablo Casado ha prometido una “revolución fiscal” si llega a La Moncloa. Este eufemismo en realidad significa una bajada de impuestos a los más ricos, similar a la que ha emprendido el nuevo Gobierno andaluz, mientras que el IVA —el segundo impuesto que más recauda— no se toca.

Las promesas del PP vienen recogidas entre los puntos 19 y 30 del programa:

  • Situar el tipo máximo del 40% en el IRPF.
  • Rebajar el Impuesto de Sociedades, con un tipo máximo por debajo del 20%. 
  • Suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio.
  • Eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para las transmisiones entre padres e hijos y entre cónyuges.
  • Eliminar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados para las hipotecas para la vivienda habitual.

Los conservadores han calculado que el Estado dejará de recaudar 16.100 millones con estas medidas. Casado ha afirmado que esta rebaja fiscal tendrá efectos positivos en la economía: incremento del producto interior bruto del 2,34% –unos 28.000 millones—, creación de 482.000 empleos y recaudación adicional de 16.300 millones.

¿Cómo es esto posible? El gurú económico de Casado, Daniel Lacalle, defiende que las rebajas fiscales sirven para estimular la inversión, crear empleo y recaudar más. Se basa en la teoría de la curva de Laffer, creada por el economista Arthur Laffer, asesor de Ronald Reagan, que defiende que si se bajan los impuestos suben los ingresos.

¿Cuál es la realidad? Históricamente la mayoría de las rebajas de impuestos conllevaron reducciones en la recaudación y dispararon el déficit

Daniel Fuentes, doctor en economía y jefe de políticas macroeconómicas y financieras en el Gabinete de Pedro Sánchez, ha recordado en un hilo de Twitter que la última rebaja fiscal del Gobierno de Mariano Rajoy —realizada antes de las elecciones de 2015— tuvo un impacto de 12.000 millones menos de recaudación. 

Los expertos coinciden en que esto volvería a ocurrir ahora. Incluso, el equipo económico de los Gobiernos de Mariano Rajoy ha huido. Ni Cristóbal Montoro —el ministro que más presupuestos ha diseñado en la historia de la democracia—, ni Fátima Báñez, ni los hermanos Alberto y Álvaro Nadal siguen en la primera línea política. 

Todos son conscientes de que solo es posible reducir los impuestos si se llevan a cabo recortes. Una reducción de los ingresos de 16.000 millones implica sí o sí 16.000 millones de reducción del gasto. Ciudadanos y Vox también prometen rebajas de impuestos, pero más limitadas.

“Ajustes se van a tener que hacer”, ha reconocido el propio Lacalle en una entrevista a Cinco Días, quien ya metió la pata con una reflexión sobre recortar las pensiones.

El mismo programa electoral reconoce de facto que esta rebaja fiscal no es viable, en su punto 18. “Cumplir los compromisos que se derivan del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Zona Euro será un objetivo prioritario de nuestra política económica y presupuestaria”.

La rebaja fiscal de Casado equivaldría a un 1,3% del producto interior bruto cuando España tuvo un déficit público —diferencia entre ingresos y gastos— del 2,6% en 2018. Este nivel no es suficiente para Bruselas. Las administraciones públicas tienen que cumplir con un déficit del 1,3% en 2019 (plan de Montoro y el actual PP) o del 1,8% (negociación de Nadia Calviño con el comisario Pierre Moscovici). Por tanto, una reducción de impuestos de ese calibre es imposible en la situación actual. 

2. Suspensión de la autonomía de Cataluña (Vox)

Agencia EFE

El partido de extrema derecha Vox ha prometido la suspensión de la autonomía de Cataluña. No es una promesa electoral más, sino que es su primer compromiso con los votantes en caso de llegar al Gobierno.

“Suspensión de la autonomía catalana hasta la derrota sin paliativos del golpismo y la depuración de responsabilidades civiles y penales”, reza literalmente el primer punto de su programa electoral en un lenguaje guerracivilista.

Se trata de una promesa imposible de cumplir. La legislación española no prevé la suspensión de la comunidad autónoma o la disolución de sus instituciones. La aplicación del artículo 155 de la Constitución española no implica la suspensión de la autonomía, sino que sirve para facultar al Gobierno central de la capacidad para impartir directamente instrucciones a las autoridades de la autonomía

Por ejemplo, el Parlament sigue existiendo mientras la autonomía esté intervenida. Al igual que el resto de órganos: las consellerías de la Generalitat no dejaron de existir en 2017. Por tanto, la autonomía de Cataluña no va a desaparecer por un sueño de Santiago Abascal.

3. Ilegalización de partidos independentistas (Vox) o racistas y xenófobos (PSOE)

Agencia EFE

Vox ha prometido la ilegación de partidos, asociaciones y oenegés independentistas. La formación de extrema derecha pretende utilizar la Ley de Partidos de 2002, que se usó para ilegalizar a Herri BatasunaEuskal HerritarrokBatasunaAcción Nacionalista Vasca y el Partido Comunista de las Tierras Vascas al vincularlas con la organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA). 

Esta norma establece que se puede ilegalizar a un partido solo en ciertas circunstancias. “Cuando de forma reiterada y grave su actividad vulnere los principios democráticos o persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante las conductas a que se refiere el artículo 9”, señala.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, avaló la aplicación que el Tribunal Supremo y el Constitucional hicieron en sus sentencias para ilegalizar Batasuna al considerar que estos partidos eran “instrumentos de la estrategia terrorista de ETA”.

Estrasburgo descartó que la Ley de Partidos fuera en contra de los partidos independentistas ya que constata que en España había formaciones separatistas, recuerda Eduardo Vírgala, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco, en este artículo. En Euskadi en aquel momento estaban Aralar y Eusko Alkartasuna, que sí condenaban la violencia. 

Años más tarde, el Tribunal Constitucional legalizó Sortu en 2012. Estableció una serie de conductas prohibidas a esta formación:

  • El enaltecimiento del terrorismo.
  • La humillación de las víctimas.
  • La ambigüedad en la condena del terrorismo.
  • Los actos de exaltación.

A pesar de lo que pretende Abascal, la Constitución defiende la pluralidad política y la libertad de asociación. Los partidos independentistas catalanes nada tienen que ver con lo que fue Batasuna. La Fiscalía General del Estado ya archivó en 2017 un escrito para la ilegalización de la CUP

Tampoco parece sencillo aplicar la promesa del programa electoral del PSOE de ilegalizar a los partidos políticos racistas, xenófobos o que promuevan el odio, la discriminación y la violencia. 

4. Quitar la competencia de prisiones a Cataluña (PP)

Òmnium Cultural
Líderes independentistas en la cárcel de Lledoners (Barcelona).

Pablo Casado se ha comprometido a quitar la competencia de prisiones a Cataluña. Esta comunidad gestiona las cárceles desde 1983. Es la única región que la tiene transferida. El PP también se opone a su cesión a Euskadi, como establece el Estatuto de Gernika.

“Nos oponemos a la trasferencia de la competencia de prisiones al País Vasco y recuperaremos la cedida a Cataluña”, afirma el programa electoral de los conservadores en la página 87.

La Constitución dice literalmente lo siguiente: “El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación”.

Las competencias no se pueden recuperar por parte del Estado, a no ser que se reforme el Estatuto de Autonomía de Cataluña. 

Esto es lo que hace falta para reformar el Estatut: aprobación por parte de 2/3 de los miembros del Parlament, ratificación por parte del Congreso y el Senado y referéndum. El PP solo tiene 4 diputados en Cataluña de los 135 que tiene el Parlament.

5. Recuperar el dinero del rescate bancario (Unidas Podemos)

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Unidas Podemos se ha comprometido a “recuperar los 60 000 millones del rescate bancario”. Se trata de la promesa electoral número 104 de su programa. 

No se sabe muy bien de dónde ha salido esa cifra, ya que las ayudas de dinero público fueron de 54.353 millones, de los cuales ya se ha recuperado 4.477 millones, según los últimos datos del Banco de España

Esta institución calcula que otros 9.857 millones aún podrían recuperarse mediante la venta de lo que el Estado todavía tiene de Bankia. Algo a lo que la formación se opone.

Podemos asegura en su programa que este dinero se podría recuperar en 10 años a través de tres impuestos:

  • Un impuesto a las transacciones financieras.
  • Una reforma del impuesto sobre sociedades.
  • Un impuesto específico a la banca.

Si se aplicaran estos tres impuestos no se estaría recuperando el dinero del rescate bancario, si no que se todas las entidades financieras pagarían por igual, independientemente de si recibieron dinero o no.

El Banco Santander tendría que pagar bastante más dinero que Unicaja al ser un banco más grande, cuando el primero no ha recibido ni un solo euro del FROB. También tendrían que pagarlos las pequeñas cajas rurales, que se han convertido en un refugio para muchos ciudadanos de la España vaciada.

La única forma de recuperar ese dinero es con la venta de Bankia a un buen precio, y no como se hizo anteriormente con otros bancos nacionalizadas que se vendieron simbólicamente por 1 euro (como Unnim y la CAM), lo que hace que ahora sea imposible recuperar ese dinero.

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