Las claves para entender el levantamiento popular en Sri Lanka

Sri Lanka ha saltado este fin de semana a las alertas, los titulares, los informativos de todo el mundo, después de que un grupo de manifestantes asaltara la residencia presidencial e incendiara la casa del primer ministro para exigir un cambio de Gobierno en el país, de casi 22 millones de habitantes. Las imágenes de los ciudadanos ocupando los símbolos del poder, bañándose en la piscina de los mandatarios, comiendo su comida, saltando en sus camas, son ya un icono del descontento nacional.

La explosión de indignación no ha nacido por generación espontánea. Viene de lejos. De semanas, incluso meses. Este ha sido el colofón, la rabia desatada, la gota que colma el vaso y que ha acabado con la renuncia del presidente Gotabaya Rajapaksa para “asegurar una transición pacífica del poder”. Se ha ido con un ruego: que se “respete la ley y se mantenga la paz”. ¿Pero cómo ha ido creciendo esta ola de contestación y violencia? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? La respuesta está en la necesidad, un motor esencial de la Historia.

El estallido del fin de semana

Miles de manifestantes de diferentes partes del país se congregaron en la capital, Colombo, el sábado. Las protestas en las calles comenzaron a traspasar las calles y se informó de los primeros grupúsculos que estaban tomando el control de varias líneas de trenes para llegar a la ciudad, alterando la normalidad del servicio. Luego comenzaron a cruzar las alambradas y los cordones policiales.

A la luz de los acontecimientos, y ante la posibilidad de que esta vez las manifestaciones fueran a más, el presidente Rajapaksa dejó su residencia oficial el viernes, por lo que no se puso en riesgo su vida en ningún momento con el asalto a su residencia. Su destino no ha trascendido.

En paralelo, otras riadas de manifestantes acudieron a la residencia del primer ministro, Ranil Wickremesinghe, quien acabó igualmente por anunciar su marcha, prometiendo a continuación un Gobierno de coalición y la “protección” de la seguridad de los ciudadanos. Su casa, de la que también había escapado, acabó peor que la del presidente, en llamas. Aún así, la tendencia general del movimiento elude el vandalismo, insisten sus portavoces.

La agitación ha acabado así con la dinastía política que ha dominado Sri Lanka durante casi dos décadas. La familia Rajapaksa ha ejercido su enorme influencia política con Mahinda Rajapaksa como presidente entre 2005 y 2015 y, luego, como primer ministro bajo el Gobierno de su hermano, Gotabaya. Mahinda fue el responsable de terminar con la insurgencia de los Tigres Tamiles poniendo fin, en 2009, a una guerra civil de 26 años.

Los esrilanqueses no estaban en la calle por capricho, sino que pasan por la peor crisis económica desde que el país logró su independencia en 1948, cuando aún se llamaba Ceilán. La nación no tiene acceso a monedas extranjeras como el dólar o el euro para pagar sus importaciones. Y de lo que viene de fuera depende lo esencial para su vida: alimentos, medicinas y combustibles.

A principios de este año, alimentos básicos como el arroz habían duplicado ya su precio con respecto al año anterior. La inflación -del 30%- ha provocado que el hambre empeore desde entonces, con alrededor del 70% de los hogares reportando en una encuesta de Naciones Unidas que habían reducido su consumo de alimentos forzosamente.

Las protestas nocturnas en la capital comenzaron en el mes de abril, con manifestantes pidiendo a los mandatarios que que abandonaran la política y hasta el país. Algunas de esas manifestaciones se tornaron violentas, pero no fue, como denuncia el Gobierno, la tónica general. El gabinete de Gotabaya renunció, pero Mahinda se negó a renunciar. A principios de mayo, estallaron nuevos enfrentamientos entre los partidarios de Mahinda y los manifestantes antigubernamentales en Temple Trees, el recinto del primer ministro. Mahinda dijo que renunciaría, pero la violencia continuó y el ejército tardó horas en llegar.

Gotabaya nombró a Wickremesinghe para reemplazar a su hermano como primer ministro el 12 de mayo, pero las protestas continuaron, porque la crisis empeoraba. Era el propio gabinete, el nuevo, el que hablaba de que el país abordaba “un colapso total”.

Hace menos de una semana, el Gobierno reconoció que no tenía suficientes reservas en moneda extranjera para importar combustible y que las reservas de gasolina y diesel apenas durarían para unos días, si se mantenía el nivel de consumo habitual. El país ha dejado de pagar su deuda externa, incluso, en mayo pasado. La cercanía de la carestía enervaba a la población, en un país donde el PIB per cápita fue el año pasado de 3.225 euros, por lo que se encuentra en la parte baja del mundo, en el puesto 124. Sus habitantes tienen un bajísimo nivel de vida.

En un intento por atajar la situación, las autoridades locales decretaron la prohibición a la venta de gasolina y diesel a consumidores particulares, convirtiéndose en el primer país en hacerlo desde la década de los 70. La idea era garantizar el suministro en transportes y medios públicos. Sin embargo, el veto acabó afectando profundamente a todos los niveles de la sociedad, lo que llevó a que las escuelas cerrasen y a que se pidiera a la población que trabajase desde casa, con el gasto doméstico que eso conlleva. Trabajadores médicos, docentes y banqueros en Colombo protestaron la semana pasada por la falta de combustible que necesitan para brindar servicios esenciales.

Algunos habitantes de Sri Lanka incluso han abordado barcos para intentar viajes peligrosos e ilegales a la India o Australia. La inmigración, el refugio por motivos económicos. La Ceylon Petroleum Corp está endeudada en 700 millones de dólares y los países y organizaciones en el extranjero se han mostrado reacios a enviar combustible a Sri Lanka, incluso ante la situación actual.

El Ejecutivo atribuye la crisis a la pandemia del coronavirus, que afectó la industria turística nacional, una de sus principales fuentes de ingreso de divisas. Además, también ha mencionado que los turistas tienen miedo de viajar al país tras una serie de ataques con explosivos a iglesias que tuvieron lugar en 2019.

Sin embargo, según BBC World, la mayoría de analistas aseguran que el verdadero problema es un mal manejo fiscal: hacia el fin de su guerra civil, en 2009, Sri Lanka buscó enfocarse en proveer bienes al mercado nacional en vez de intentar vender sus productos en mercados extranjeros. Así, mientras los ingresos por exportaciones se mantenían bajos, la factura de las importaciones continuaba subiendo y se ampliaba el déficit por cuenta corriente del país.

Actualmente, Sri Lanka importa 3.000 millones de dólares más al año en productos de lo que exporta. Es por esto que se ha quedado sin divisas. La balanza ha quedado completamente desequilibrada. Además, el Gobierno ha acumulado grandes deudas con otros países, entre ellos China, para financiar lo que sus críticos han llamado “proyectos de infraestructura innecesarios”.

El gabinete de Gotabaya recortó también impuestos y se resistió a buscar ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI) mientras que esa deuda se acumulaba. Gotabaya respaldó la prohibición de los fertilizantes químicos que afectaron el rendimiento de los cultivos a medida que los precios de los alimentos se dispararon en todo el mundo, especialmente relacionados con la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Unas gotas de corrupción y de amiguismo han acabado por hacer insostenible la situación para la gente.

Hace pocos días circulaba en las redes sociales una foto del presidente Gotabaya Rajapaksa y el primer ministro Ranil Wickremesinghe sonriendo en el parlamento. La ira impregnó las respuestas, diciendo que ambos se veían felices mientras millones de personas pasaban dificultades para comer tres veces al día. En una semana, sólo una semana, todo ha cambiado. Unos gobernantes ineficientes, tachados como despiadados, están ya fuera de circulación

El problema social de Sri Lanka puede ir más allá de Sri Lanka. Inteligencias como la norteamericana y la británica han alertado de que el llamado “efecto Ucrania”, la carencia de grano esencial en países menos desarrollados de Asia o África, puede hacer que otras sociedades se levanten, reclamando lo básico para subsistir.

Dependerá de la debilidad de otros Gobiernos o regímenes, pero puede haber un efecto en cadena, que comparan con el vivido en América Latina entre los años 2019 y 2021, y que ha llevado a un giro a la izquierda en defensa de los derechos de los menos ricos.