INTERNACIONAL
11/11/2019 10:48 CET | Actualizado 11/11/2019 17:50 CET

Las claves para entender la dimisión forzada de Evo Morales

El presidente de Bolivia se marcha tras casi 14 años en el poder, presionado por la oposición por un supuesto fraude electoral y amenazado por Policía y Ejército

Evo Morales, uno de los pocos presidentes indígenas en la historia de América Latina, cerró este domingo una etapa histórica en Bolivia, con sus luces y sombras, al renunciar al poder forzado por la peor crisis en sus casi 14 años de mandato. Esta renuncia del presidente con más tiempo en el poder en la historia del país ha dado paso, primero, a la euforia de quienes esperaban desde hacía años este momento, pero de seguido ha sumido a Bolivia en una ola de vandalismo en medio de un vacío de poder, en el que las únicas autoridades que parecen haber quedado son policías y militares.

En menos de tres semanas ha pasado de declararse ganador de las elecciones a denunciar un golpe de Estado y renunciar a la presidencia.“Ha habido un golpe cívico, político y policial”, denunció el presidente en el mensaje televisivo en el que anunció su dimisión. De hecho, en Twitter ha llegado a decir que podía ser detenido de forma inminente. 

Su marcha se produjo apenas unas horas después de que el comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, general Williams Kaliman, sugiriera al mandatario que diera un paso al lado para desbloquear la crisis política. Para los militares no parecía suficiente que el presidente llamara a nuevas elecciones tras las irregularidades detectadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) en su auditoría, que es justo lo que había hecho ayer mismo. Por eso hay quien habla de golpe de estado (por ejemplo, el líder de Podemos, Pablo Iglesias), porque la presión de los uniformados es la que ha desembocado finalmente en esta crisis. 

¿Pero qué ha pasado antes de este domingo enloquecido para que hayamos llegado a esta situación? El detonante estuvo en el escrutinio de las elecciones del 20 de octubre. Esa noche, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspendió por sorpresa el recuento rápido con el 83% de los votos escrutados y con una tendencia que apuntaba a que iba a haber segunda vuelta entre el mandatario boliviano, Morales, y el candidato opositor, el expresidente Carlos Mesa.

Al día siguiente, ese recuento -denominado Transmisión Rápida de Resultados Preliminares (TREP)- se reactivó con un 95% de avance y con Morales ganando en primera vuelta, aunque por un estrecho margen. Las sospechas que habían suscitado los extraños movimientos del TSE llevaron a la oposición a clamar un “fraude descarado”. Incluso las misiones de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea pidieron que se celebrase una segunda vuelta.

Sin embargo, Morales insistió en que él había ganado las elecciones y, en respuesta a las manifestaciones de la oposición, llamó a sus seguidores a “defender la democracia” en las calles y frenar un “golpe de Estado”. Eso sí, aceptó igualmente que la OEA hiciera una auditoría del escrutinio, para aportar más transparencia. 

¿Qué tiene que ver la auditoría de la OEA?

En pleno escrutinio, el mismo día de la votación, y con la oposición ya hablando de fraude antes de conocer los resultados finales, la propia misión de observadores de la OEA apuntó a que la interrupción del recuento era una de las “sustanciales deficiencias” que minaban la “necesaria credibilidad y transparencia” del proceso. 

El Gobierno le pidió entonces a la OEA una auditoría para despejar cualquier duda. El opositor Mesa rechazó desde el principio las condiciones en las que el organismo iba a revisar el escrutinio. Le parecían insuficientes ante el “tamaño” del fraude que él denunciaba. Desde el primer momento, el segundo según el recuento decía que no había diferencia suficiente entre los votos suyos y los de Evo como para que con una vuelta electoral fuese suficiente. 

La auditoría no fue buena para el Gobierno: determinó que era estadísticamente improbable que Morales hubiese ganado por el margen de 10% que necesitaba para evitar una segunda ronda electoral. Aseguraba también que encontró actas físicas con alteraciones y firmas falsificadas. En el informe, de 13 páginas, se señala que en muchos casos no se respetó la cadena de custodia de las actas y que hubo manipulación de datos.

Morales respondió entonces con una declaración ante la prensa en la que, sin mencionar a la OEA y sin señalar la fecha, convocaba nuevas a nuevas elecciones. Ayer mismo. Pero unas horas después, y con la presión de las Fuerzas Armadas en su contra, decidió dimitir.

El papel del Ejército y la Policía

En la renuncia de Morales ha sido clave el pronunciamiento del general Williams Kaliman, en nombre del alto mando de las Fuerzas Armadas bolivianas. “Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad el bien de nuestra Bolivia”, decía Kaliman en un comunicado. Una sugerencia de uniformados suena a amenaza en una América Latina con mucha memoria a sus espaldas... 

La solicitud a Morales, decía la nota de prensa, fue formulada tomando en cuenta “la escalada de conflicto que atraviesa el país, velando por la vida, la seguridad de la población, la garantía del imperio de la condición política del Estado”. 

Y llovía sobre mojado, porque al posicionamiento militar le había precedido, el viernes pasado, el inicio del llamado “motín policial”. Los agentes de diversas unidades, primero en la ciudad de Cochabamba y luego en todas las capitales departamentales, comenzaron a declararse en rebeldía, uniéndose así a las protestas contra el Gobierno que se iniciaron hace tres semanas. 

Morales sigue disfrutando de un enorme poder de movilización entre sus bases, es querido y arropado, pero incluso  con esa estabilidad popular es complicado seguir al mando cuando no tienes el apoyo ni de los militares ni de los policías. 

La calle

La oposición a Morales apostó desde el primer momento a la movilización callejera para forzar la mano del presidente. Con huelgas y paros por todo el país, Bolivia se convirtió en una gran batalla campal entre partidarios del presidente y sus detractores. Pero a diferencia de las crisis políticas que vivió el país durante el mandato de Morales, las protestas se hicieron fuertes esta vez en la ciudad de La Paz, otrora uno de los bastiones de Evo.

En las marchas participan universitarios y clases medias, frente a los llamados “movimientos sociales” (entre ellos, mineros y cocaleros), defensores del Gobierno. 

El movimiento crítico arrancó antes de los comicios, con un doble origen: se produjeron marchas multitudinarias para denunciar la supuesta inacción del Gobierno ante los incendios de bosques de la Amazonia, y para quejarse de paso que Evo se volviera a presentar a las elecciones, cuando lleva el timón desde 2006. 

Grupos de opositores y de agricultores de la zona denunciaban que Morales se resiste a declarar el estado de desastre nacional, para facilitar así la gestión de fondos internacionales destinados a ayudar tras los fuegos, que ha quemado ya un área equivalente a Costa Rica (51.100 km²). El Gobierno aseguraba que esa declaración sólo vendría a favorecer una “intromisión extranjera” en un tema en el que Bolivia es “soberana”. De hecho, la prensa de izquierda sostiene que se detectaron en la frontera la presencia en la zona afectada de supuestos mercenarios de origen norteamericano e israelí, con propósito desconocido. 

Mesa es quien lideraba las protestas, pese a que las encuestas le daban como segundo, muy lejos del Morales ganador, con su exitosa gestión económica manteniendo un alto apoyo popular. Ya dos semanas antes de las elecciones, el opositor alertaba ante un hipotético fraude electoral. 

Las elecciones, golpe final

La crisis política que vive Bolivia, pues, tiene un trasfondo más hondo, pero se ha acelerado con las elecciones. Morales gobierna Bolivia desde el 22 de enero de 2006. La Constitución boliviana dispone que sólo dos mandatos presidenciales continuos son permitidos, pero Morales ya iba por el tercero.

El 20 de octubre, el presidente buscaba asegurarse un cuarto mandato que le habría permitido gobernar hasta 2025. Para lograr estos fines, el presidente tuvo que cobijarse en fallos del Tribunal Constitucional para habilitarse como candidato. Y es que el 21 de febrero de 2016, más de la mitad del país votó en contra de una posible nueva reelección del dirigente cocalero.

Gracias al Tribunal Constitucional y al reconocimiento del Tribunal Supremo Electoral, ambas entidades acusadas en Bolivia de ser funcionales al gobierno, Morales logró ser candidato una vez más.

Las protestas empezaron hace tres semanas, pero ya se veía venir que este nuevo intento de reelección iba a ser el más difícil que afrontaría desde su primera victoria presidencial hace 14 años.

Lo que no muchos vaticinaban era un desenlace como el que ahora Bolivia entera presencia con la caída de Morales.

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