INTERNACIONAL
25/11/2021 07:13 CET | Actualizado 25/11/2021 14:30 CET

Las deudas pendientes que Europa quiere saldar en materia de violencia machista

Las distintas legislaciones y delitos en los Estados y la disparidad en la recolección de información hacen hoy muy complicada una estrategia y unos logros comunes.

Thibault Camus via AP
Manifestación contra la violencia machista en París, en 2019. 

“Libertad significa no tener miedo (...). Los torturadores de las mujeres tienen que ser llevados ante la justicia”. Las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, el pasado septiembre, en la apertura del curso político en el Europarlamento, están pasando ya a ser hechos: Europa plantea tener antes de final de año una legislación específica sobre violencia machista, un paso insólito si se tiene en cuenta que cada uno de los Veintisiete va por su lado en esta pelea. Hay estados con leyes avanzadas y que tratan de hacer dotaciones presupuestarias fuertes, como España, y hay países donde no se tienen ni estadísticas. 

Ahora, Bruselas quiere definir los delitos, diferenciar los supuestos, obtener información creíble y ajustada y forzar a los socios que aún quedan rezagados a sumarse al Convenio de Estambul, el que hace ya más de diez años define la lucha común contra la violencia hacia las mujeres y que algunos dirigentes se niegan a firmar. 

Actualmente, la mayoría de países de la UE tienen leyes que abordan la violencia contra una persona debido a su género u orientación sexual. Sin embargo, la falta de definición común de “violencia de género” o “violencia machists” y la ausencia de normas a nivel europeo ayudan a perpetuar el problema. Las mujeres y las niñas son las principales víctimas de este terror que es un terremoto vital en lo personal, lo familiar, lo comunitario y lo económico.

Como el terrorismo

El Parlamento europeo insiste en la necesidad de contar con normas más estrictas y por eso el pasado septiembre los eurodiputados reclamaron a la Comisión en septiembre de 2021 que la definiera como un nuevo ámbito delictivo en la legislación de la UE, junto a otros delitos que hay que combatir con criterios comunes, como el tráfico de personas, drogas y armas, la ciberdelincuencia y el terrorismo. Esto quiere decir que se persigue que se iguale la violencia contra la mujer a esos otros delitos “particularmente graves y con dimensión transfronteriza”, en lo que sería considerado el eurodelito número 10. Un paso que permitiría definiciones jurídicas comunes, estándares y penas mínimas en toda la Unión. 

Diana Riba, eurodiputada por ERC y una de las ponentes del texto, aclaró el fondo de la cuestión. “El mensaje del Parlamento es claro. Necesitamos más y mejores herramientas para combatir la violencia de género. Pedimos definiciones jurídicas comunes, estándares y penas mínimas en toda la Unión. Es el momento de actuar para incluir la violencia de género en la lista de delitos europeos, y de presentar una directiva amplia para luchar contra una de las violaciones de los derechos humanos más graves y persistentes de la historia de la humanidad”.

Se calcula que un tercio de las mujeres de la UE han sido víctimas de violencia física o sexual a partir de los 15 años, con Finlandia a la cabeza. Una media de 50 es asesinada cada semana a manos de sus parejas, con 444 mujeres asesinadas por sus parejas íntimas en 2020 en los diez únicos estados UE que han aportado datos (totales o parciales). Y el 75% reconoce haber sufrido algún tipo de acoso en el ámbito laboral.

Unos datos que, según el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS), hacen que se cumplan las tres condiciones recogidas por el Artículo 83 (1) del Tratado de Funcionamiento de la UE para que la violencia machista pase a formar parte de esta categoría nueva de delito, puesto que es un delito de especial gravedad, tiene dimensión transfronteriza y debe ser combatida con criterios comunes.

La urgencia de dar este paso viene no sólo de los eones que las mujeres llevan soportando esta situación ni de las reformas legislativas que poco a poco se van dando país a país o de la movilización social, contagiosa entre los socios del club comunitario. En concreto, nace de lo pasado durante la pandemia de coronavirus. “Muchas mujeres han estado privadas de su libertad en pandemia. Ha sido un momento horrible para quienes no podían apartarse ni esconderse de su maltratador”, decía en su discurso Von der Leyen, la primera mujer en dirigir la Comisión en su historia.

“Tenemos que darles vías para escapar”, añadió, ante los aumentos de hasta el 60% en las llamadas de emergencia de mujeres víctimas de violencia por parte de su pareja o expareja. Así es como, con el impulso del Europarlamento, anunció la nueva legislación, que se ha de tener en borrador antes de que acabe 2021.

Ya en febrero pasado se había dado una resolución en la Eurocámara en la que se solicitaba una directiva europea destinada a prevenir y combatir todas las formas de violencia de género. Los eurodiputados reclamaron “un protocolo europeo para luchar con la violencia de género en tiempos de crisis” que apoye a las víctimas de abuso doméstico. Además, defendieron que los servicios de protección como las líneas telefónicas, los alojamientos seguros y la atención sanitarias deben ser considerados como “servicios esenciales” en todos los países de la UE. Defensa judicial efectiva, valor, dignidad y justicia son los motores de estas iniciativas. “Porque eso también forma parte del alma de Europa”, remarca la presidenta de la CE.

La base, con pies de barro

El despacho de Von der Leyen está en una ciudad, Bruselas, capital de un país, Bélgica, donde no hay ni estadísticas de asesinadas por violencia machista, donde en el metro aún hay carteles que hablan de “violencia conyugal”. Es uno de los estados donde hay un punto ciego en esta materia. Tampoco llegan datos de Bulgaria, donde sólo hay recuento judicial y no policial, o de Dinamarca, Chipre, Irlanda, Polonia y Hungría, donde no se relaciona la causa y el efecto de estos crímenes. La recopilación de datos mejora muy lentamente, pese a que en el Convenio de Estambul el compromiso estaba claro, y si no hay ni datos de base, complicado es legislar y perseguir. 

El Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE en sus siglas en inglés) denuncia que hoy por hoy “los datos son limitados e incompletos” en el continente y alerta de “la falta de una recolección y un registro minucioso de los datos sobre violencia entre parejas hace difícil poder comparar datos claros y útiles entre Estados miembros”. “Cuantos más datos tengamos sobre los asesinatos de mujeres y niñas, más probable será que podamos identificar correctamente los feminicidios. Y cuantos más países de la UE recopilen el mismo tipo de datos, más información tendremos sobre las motivaciones y circunstancias detrás de estos asesinatos”, señalan en su comunicado con motivo de este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.  

El EIGE sostiene que para estudiar bien los casos hace falta información demográfica sobre víctimas y perpetradores; sobre la relación entre víctima y agresor; sobre el contexto del asesinato -por ejemplo, si hubo niños testigos-; y sobre la presencia de cualquier factor de riesgo de género, como dependencia o violencia previa. España, reconocen, es de los pocos que está moviéndose para peinar las cifras y extraer datos que son historias de verdad. 

A ello debe sumarse, reclama, “una definición común de feminicidio” en toda la UE, que ayudaría a los Estados a identificar estos asesinatos por motivos de género, “que actualmente desaparecen en las estadísticas de homicidios de mujeres”. “Conocer las motivaciones y circunstancias que se esconden detrás del asesinato de mujeres y niñas puede ayudar a los gobiernos de la UE a proteger mejor a las víctimas potenciales, así como a castigar y disuadir a los perpetradores”, ahonda. 

Y añade un dato más prosaico que las vidas perdidas, pero contundente:  el coste de la violencia contra las mujeres y las niñas se estima en 289.000 millones de euros al año. “La prevención no sólo ahorra dinero, sino que salva vidas”, sentencia. 

Conocer las motivaciones y circunstancias que se esconden detrás del asesinato de mujeres y niñas puede ayudar a los gobiernos de la UE a proteger mejor a las víctimas potenciales, así como a castigar y disuadir a los perpetradores

Lentos avances

Desde el Lobby Europeo de Mujeres, la sueca Elvy Svennerstål llama a la CE a que “avance urgentemente en sus compromisos anunciados”, mediante la adopción de “una amplia legislación-marco, basada en una Directiva horizontal que prevenga, combata y elimine de manera integral todas las formas de violencia masculina contra mujeres y niñas, incluida la explotación sexual y la violencia en línea”.

Hace falta “ambición”, dice, para “abordar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, incluida la relacionada con el trabajo y la esfera pública online y offline, además de tratar explícitamente la explotación sexual y la violencia contra las mujeres sujetas a formas de discriminación entrecruzadas”. Para todo eso, insiste, hace falta “garantizar la armonización de los instrumentos legislativos de la UE existentes en relación con las formas de violencia contra las mujeres y las niñas”.

Es “inasumible”, por ejemplo, que haya una asesinada cada tres días en Alemania o que la mitad de todos los crímenes registrados en Italia sean ya de mujeres, como pasó en los peores picos del confinamiento. “Se están produciendo avances, poco a poco, pero se dan. Pese a reconocer eso, hay que denunciar que son escasos y lentos y que hay vidas en juego cada día”, sostiene. 

La experta cita que hace apenas dos años que en Italia se obliga a la policía a movilizarse ante cualquier denuncia, cuando antes había que explicar por qué era urgente su intervención. “La de casos que se han agravado por eso”. O que en Portugal sólo se hable de “violencias domestica” y no se cuenten más que los casos mortales ocurridos dentro del hogar, pese a que se está ganando en concienciación. En Países Bajos, prosigue, aún  se catalogan estos crímenes como “por circunstancias domésticas o celos”. 

Se ha mejorado en Grecia, con nuevas normas de delitos sexuales y más vías de búsqueda de ayuda, como en Francia, donde se han extendido las órdenes de alejamiento, los brazaletes electrónicos y las líneas de ayuda urgente, reforzadas durante el confinamiento. “Todo esto demuestra que hace falta un paraguas legal coordinado, porque si no se exige a los países uniformidad y claridad, las fuerzas se pierden”, constata. Como las vidas de cientos de mujeres, año tras año. 

“El progreso es posible y debemos seguir trabajando juntos sin descanso para conseguir más”, como reza la declaración conjunta del Ejecutivo comunitario y del jefe de la diplomacia europea de cara a este 25-N. 

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