El Gobierno da luz verde al proyecto de ley contra el desperdicio alimentario

La norma destinada a poner coto al desperdicio de alimentos ya está más cerca de ser una realidad. El Gobierno ha dado luz verde al proyecto de ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario en la reunión del Consejo de Ministros celebrada este martes. El objetivo es que esta legislación entre en vigor el 1 de enero del próximo año, si logra superar correctamente la obligada tramitación parlamentaria.

El ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, ha calificado la ley de “pionera”, puesto que solo Francia e Italia cuentan con una legislación similar. En este sentido, ha destacado que el objetivo de la norma es el de plantar cara a las consecuencias sociales, económicas, ambientales y éticas que acompañan al desperdicio de alimentos.

Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en el año 2020 los hogares españoles tiraron a la basura 1.364 millones de kilos/litros de alimentos, una media de 31 kilos/litros por persona.  Así, Planas ve el texto necesario más en un contexto en el que se habla de la “posibilidad de una crisis alimentaria” y de la necesidad de producción de alimentos en el mundo. “En el mundo existe hambre y malnutrición y este tema golpea la conciencia de todos”, ha reflexionado.

La nueva ley estipula que las empresas de la cadena deberán contar con un plan de prevención para minimizar las pérdidas y destinar los alimentos a otros usos, con prioridad para el consumo humano.

El proyecto legal incluye medidas para evitar la pérdida de alimentos en toda la cadena alimentaria, desde la cosecha hasta el consumo ya que todas deberán contar con un plan de prevención que incluya un autodiagnóstico desde el que adoptar medidas para minimizar las pérdidas.

El anteproyecto se ha sometido al trámite de audiencia pública y se han realizado cuatro foros participativos dedicados a consumidores y ONGs, distribución y canal HORECA, industria y sector primario. El texto legal busca fomentar las buenas prácticas desde los productores primarios, en fase de cosecha y recolección de alimentos, hasta los consumidores, en el hogar o en bares y restaurantes.

Bancos de alimentos

Las empresas deberán estipular el destino de los alimentos para evitar su desperdicio bajo la premisa de que la prioridad máxima será siempre el consumo humano a través de la donación o redistribución de alimentos.

Para donar excedentes de alimentos, los agentes de la cadena deberán suscribir convenios de colaboración con empresas, entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos. En estos acuerdos se deberán recoger de forma expresa las condiciones de recogida, transporte y almacenamiento de los productos, entre otras cuestiones.

Las entidades de iniciativa social que sean receptoras de donaciones deberán garantizar la trazabilidad de los productos donados mediante un sistema de registro de entrada y salida de los alimentos recibidos y entregados. Sólo podrán destinar estos productos a la donación, sin que en ningún caso puedan comercializarlos, y deberán realizarla sin ningún tipo de discriminación entre los beneficiarios.

Transformación de alimentos no vendidos

Por otro lado, el proyecto de ley contempla la transformación de alimentos no vendidos pero que estén en condiciones óptimas en otros como zumos o mermeladas y los que ya no sean aptos para consumo humano

Planas ha señalado que cuando los alimentos ya no sean aptos para el consumo humano, la preferencia de uso será, por este orden, la alimentación animal y fabricación de piensos; el uso como subproductos en otra industria ya como residuos, y la obtención de compost o biocombustibles.

Obligación de poder llevarse las sobras de restaurantes

El ministro asegura que los consumidores tendrán “derecho” a que las empresas hosteleras les faciliten las sobras que no hayan comido, sin coste adicional alguno, excepto en los establecimientos de bufé libre, y para ello, estos deberán disponer de envases aptos para el uso alimentario, que sean reutilizables o fácilmente reciclables.

Productos ‘feos’ y fechas de consumo preferente

Otra de las medidas pasa por que los establecimientos comerciales dispongan de líneas de venta productos “feos, imperfectos o poco estéticos; promover el consumo de productos de temporada, de proximidad o ecológicos e incentiven la venta de productos con fecha de consumo preferente o de caducidad próxima, según la jerarquía de prioridades de uso.

El ministro ha añadido que el Gobierno adoptará políticas para adecuar fechas de consumo preferente a la prevención de desperdicio con acciones de formación y divulgación e incentivará que la cadena alimentaria ajuste las fechas de consumo preferente de sus productos hasta el máximo que garantice una adecuada calidad.

Las sanciones que trae la norma

En cuanto al régimen sancionador de la futura norma, se considerará falta grave no contar con un plan de prevención que estará sancionado con entre 2.001 y 60.000 euros. Una infracción leve, que estará sancionada con multas de hasta 2.000 euros, será, por ejemplo, no aplicar la jerarquía de prioridades o que las empresas de distribución al por menor y la hostelería y restauración no donen los productos no vendidos que sean aptos para el consumo humano a través de un pacto o convenio. Otra infracción leve será la negativa a colaborar con las administraciones para cuantificar los residuos de alimentos.

Finalmente, las infracciones muy graves podrán ser sancionadas con entre 60.001 y 500.000 euros de multa, se considerará la segunda o ulterior falta grave que se cometa en un plazo de dos años.

Elaboración de un plan estratégico

Ahora el Gobierno tendrá que elaborar un Plan Estratégico que se renovará cada cuatro años a propuesta de los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación; Derechos Sociales y Agenda 2030; de Consumo; de Transición Ecológica y Reto Demográfico; de Industria, Comercio y Turismo; de Inclusión Social y Migraciones y de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que definirá la estrategia general contra el desperdicio alimentario y las orientaciones y estructura que deberán seguir las comunidades autónomas en sus actuaciones en este ámbito.